Mediante tres resoluciones, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a Edesur a pagar $ 167.812.000 por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a 2018 y 2019, y por falta de respuesta a los reclamos del organismo.
La multa millonaria se estipuló luego de haber verificado más de 3.000 casos con anomalías en materia de seguridad eléctrica en la vía pública y deberes de información y respuesta a los requerimientos emitidos por el Ente, que indicó que “se tuvo en consideración el reclamo de usuarios y usuarias, los informes presentados por la distribuidora y los resultados de las inspecciones llevadas adelante por el organismo”.
El ENRE, a través de un comunicado, dio cuenta de que hubo más de 40 mil reclamos durante la gestión anterior que quedaron pendientes y que “las resoluciones emitidas se enmarcan en el trabajo que lleva adelante el Ente Regulador para brindar respuesta” a lo demandado.
A fines del mes de julio, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires solicitó al ENRE que "tome medidas drásticas" con Edesur, ante la falta de inversión para evitar las interrupciones constantes en diferentes municipios en los que opera, situación que se agrava en este contexto de pandemia de coronavirus.
El defensor Guido Lorenzino solicitó al organismo que le quite la concesión a Edesur, luego de los reiterados apagones en municipios en los que opera. El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino afirmó que “Edesur obtuvo ganancias millonarias en los últimos 4 años. A pesar de los aumentos de tarifas, que en algunos casos llegaron a ser de 5000 %, no hizo las inversiones necesarias para mejorar el servicio a los usuarios, ante la falta de control del gobierno anterior. El resultado son servicios malos y caros”.
Durante los últimos meses numerosos distritos bonaerenses se vieron afectados por corte masivos y prolongados en el servicio eléctrico. Esto, en el marco de la pandemia y de la cuarentena obligatoria, es doblemente grave para miles de familias en pleno invierno.
Así fue como para visibilizar esta situación, 500 familias de Tapiales que pasaron más de 40 días sin suministro eléctrico se manifiestan sobre la autopista Richieri, a la altura del Puente 12, el pasado 23 de julio.
Otro tanto sucedió lunes 3 de agosto, cuando vecinos y vecinas del barrio “El Pueblito”, decidieron realizar un corte total del Puente Alsina porque hacía más de una semana no tenían luz ni agua.
Los reclamos se multiplican en casi todos los municipios de la provincia, tal como lo venimos reflejando en La Izquierda Diario: Quilmes, La Matanza, Florencio Varela.
Otro tanto ha sucedido en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que vienen padeciendo los cortes y servicios decadentes, aunque esto ha quedado por el momento al margen de las penalidades impuestas por en ENRE.
Los trabajadores de Edesur sufren también las consecuencias del servicio deficiente, que para maximizar ganancias, precariza y terceriza gran parte de las tareas. No solo sufren despidos arbitrarios en medio de la crisis económica que la pandemia ha agudizado, sino que pagan con sus vidas la falta de medidas de seguridad y el desprecio patronal por las vidas obreras. Las consecuencias de esto ha sido la muerte de dos trabajadores por electrocución.
Hay un debate en danza, donde hay sectores afines al oficialismo que plantean que hay que obligar a Edesur a que cumpla con sus inversiones, otros que plantean rescindir la concesión, y también se habló de estatización.
El debate debe ir más allá de Edesur, hay que discutir si los servicios públicos deben ser un derecho esencial o si continuarán guiados por la lógica del lucro capitalista.
. @OficialEdesur sido beneficiada con tarifazos, le han CONDONADO millones de pesos de sus deudas con el Estado y les dieron beneficios para devolver lo q deben a los usuarios. Aun así su servicio es pésimo. Basta de estafas, que se estatice el sistema energético y devuelvan todo
La izquierda viene planteando que hay que terminar con el negocio de las privatizadas. Para eso es necesario la estatización sin pago del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación, el transporte hasta la distribución a los usuarios bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares.
