Este lunes, en conferencia de prensa, defensores del territorio y de derechos humanos anunciaron que el pasado 7 de agosto se presentaron amparos en contra de cinco megaproyectos que se están implementando en el país: Tren Maya, Corredor Interoceánico, Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas y el Proyecto Integral Morelos.
Por su parte, Víctor Caballero, del Colectivo Aequus. Promoción y Defensa de Derechos Humanos, expuso que se emitió una demanda a través de un amparo indirecto, interpuesto ante el Juzgado Decimoquinto de la Ciudad de México. Asimismo, informó sobre una queja interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con estos recursos legales, exponen la violación de los derechos humanos de las comunidades originarias en donde se están desarrollando estos megaproyectos.
Pedro Regalado Uc Be, defensor del territorio maya, afirmó: “la vía jurídica no es nuestra gran esperanza. Lamentablemente es una necesidad recorrerla. Las leyes que están construidas se hicieron desde una perspectiva y visión occidental y no miraron formas de convivencia y existencia de los pueblos indígenas… la defensa de nuestro territorio la tenemos que hacer de diferentes maneras incluyendo el camino jurídico, que es accidentado, tortuoso y difícil”.
Carlos González García, integrante del Concejo Indígena de Gobierno, originario nahua del estado de Jalisco y especialista en derecho agrario, afirmó que todos estos megaproyectos obedecen a los intereses económicos de Estados Unidos: “Han sido impuestos, pero nunca consultados a las poblaciones que van a ser afectadas, particularmente a las poblaciones indígenas”.
Los megaproyectos en la 4T
A partir de la Reforma Energética de EPN, el extractivismo en México tuvo un impulso mayor, junto a proyectos de enorme escala de infraestructura con la consiguiente devastación ambiental y despojo a los pueblos originarios. En el caso de los megaproyectos, en el sureste del país se impulsaron las llamadas Zonas Económicas Especiales, anunciando la apertura del territorio a la inversión privada para imponer actividades extractivas, de maquila y de infraestructura.
Recordemos el caso del NAIM: durante más de 10 años los ejidatarios de Texcoco mantuvieron una lucha contra la imposición del proyecto. Enfrentando persecución e incluso la cruenta represión al pueblo de San Salvador Atenco en 2006, lograron el cese de las obras.
Sin embargo, este fue sólo un caso. En México hay más de 800 conflictos relacionados con el extractivismo y la imposición de megaproyectos. Desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, a pesar de la continua promesa de campaña de preservar la naturaleza, la realidad es que ahora, para “salvar” la economía, ha dado prioridad a megaobras como El Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, entre otros más, todo esto a costa de la expoliación de los recursos naturales.
Es necesario unir las fuerzas de los pueblos originarios junto con la clase trabajadora para combatir estas políticas que nos quieren presentar como “grandes cambios”. La realidad es que los grandes capitalistas buscan el despojo de recursos tan elementales como la tierra y el agua, por vía de la represión a las comunidades indígenas junto a todo aquel que se oponga a la imposición de megaproyectos, de la mano del asesinato de defensores del medio ambiente, y por esta vía aumentar de manera exorbitante sus ganancias y poder explotar más a la clase trabajadora.
La clase trabajadora puede articular esta fuerza junto con los pueblos originarios, las mujeres y la juventud para derrotar los planes de saqueo y explotación. | 
