Aquellos jóvenes que apliquen para procesos de selección para alguna institución de educación superior en el país y no logren pasar el filtro, podrán aplicar al programa Rechazo Cero y acceder a una de las 185 universidades públicas y privadas con 37 mil 977 lugares disponibles.
En el caso de las universidades privadas, la SEP tiene un convenio con la Alianza para la Educación Superior A.C. (ALPES) para que otorguen becas o cuotas preferenciales a quienes ingresen a través de este programa.
Según Moctezuma “de esta forma, la SEP impulsa el Anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, en la que se sientan las bases para que los jóvenes tengan la posibilidad de incorporarse a Instituciones de Educación Superior, en las que puedan ejercer su derecho a la educación con un pensamiento crítico y liberador”.
Pero, ¿qué tan cierto es que la SEP y el gobierno avanzan en garantizar el derecho a la educación superior?
En México, tan sólo el 17% de la población logra tener acceso a la educación superior (colocándose como uno de los últimos de la OCDE). Ejemplo de esto es que cada año la UNAM acepta tan sólo al 10% de quienes aplican a su examen. Con la pandemia, a esta cifra se suman 641 mil jóvenes que han tenido que abandonar sus estudios.
Si bien es necesario contrarrestar la enorme falta de acceso a la educación superior en el país, Rechazo Cero está muy lejos de conseguir este objetivo. En 2019, tan sólo de la UNAM 137 mil 864 jóvenes no pasaron el examen de admisión.
Suponiendo que esta cifra será similar este año, el nuevo programa de la SEP tan sólo tendría cobertura para el 27% de quienes fueran excluidos.
Si hacemos el mismo ejercicio pero con el conjunto de universidades a las que millones de jóvenes no pueden acceder, el porcentaje sería aún menor. A esto se suma que este programa aplicará tan solo para aquellos aspirantes que sean excluidos de las universidades este año -que considerando que en universidades como la UAM el examen será virtual, seguramente será mucho menor a años anteriores-, dejando así a los aspirantes excluidos de años anteriores sin ninguna solución.
Este no es el primer programa de la 4T para supuestamente universalizar el derecho a la educación. Las Universidades del Bienestar respondían a esta retórica, pero como hemos denunciado, gran parte de estas no está terminada de construir a dos años de que se lanzó el proyecto y en muchas otras no hay certificación de estudios.
A todo esto se suma que las becas y cuotas preferenciales de las que habla la SEP para quienes accedan a universidades privadas a través de Rechazo Cero no serán del 100%, limitando así a quienes puedan aplicar para estas escuelas, pues una gran cantidad de jóvenes no tiene la posibilidad de estudiar si no es de manera gratuita, e incluso debe trabajar para poder costearse el transporte, la comida o una vivienda. En el marco de la crisis económicas, el cobro de cuotas apunta al endeudamiento de la juventud.
Rechazo Cero no contempla en lo más mínimo lo que diversos estudiantes y profesores venimos denunciando, el modelo híbrido impedirá que millones de jóvenes continúen con sus estudios. Esto quiere decir que no importa los lugares que la SEP consiga para quienes no pasen los exámenes de admisión, sólo podrán acceder a una carrera universitaria aquellos que no tengan que trabajar ni cuidar a enfermos en casa o hacerse cargo de tareas domésticas, que tengan computadora o tablet propia, un internet con suficiente capacidad y un lugar propicio para estudiar en su casa.
Tan sólo el 43% de la población en el país cuenta con computadora, de la población urbana el 76.6% es usuaria de internet, pero casi el 50% lo utiliza desde su celular.
El modelo híbrido, mixto o remoto, deja en la exclusión de la educación a una gran cantidad de población por no tener recurso suficientes que el Estado tendría que garantizar.
En conclusión, mientras Moctezuma habla de cómo la 4T avanza en la universalización de la educación superior, en los hechos este derecho le es arrebatado a millones de jóvenes y la elitización de las universidades avanza. Fue el mismo Moctezuma el que hace unos meses dijo que no le darían ni un peso a las universidades públicas en crisis, las cuales ahora están empezando a cobrar cuotas elevadísimas como la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Tecnológico de Estudios Superiores Coacalco.
La única manera de garantizar el derecho universal a la educación superior es con un aumento del presupuesto al conjunto de la educación de por lo menos el 10% del PIB, no sólo para que no hayan cuotas, sino también para garantizar que los estudiantes tendrán acceso a seguros facultativos completos, a transporte, comedores, dormitorios y servicios como copias sin ningún costo, pues sin estos aspectos no es real que la educación sea pública y gratuita.
Los exámenes de admisión para las universidades son un filtro profundamente elitista, pues son toda una serie de factores sociales y económicos los que determinan quién entra y quién no. Estos exámenes deben desaparecer, pero para eso es necesario que se amplíen las matrículas de las universidades y a su vez que se construyan muchos más planteles. Esta medida es más urgente ahora con la pandemia, para que al volver a las aulas no regresemos al hacinamiento.
El sistema híbrido no es una opción, como ya explicamos, segregará aún más a aquellos millones de jóvenes que por falta de recursos no podrán ni tomar las clases presenciales ni en línea. Como explicamos en esta nota, las universidades deben estar al servicio de hacer frente a la crisis sanitaria poniendo todos sus recursos para atender a los enfermos, a las mujeres víctimas de violencia en el hogar, a la población en situación de calle, etc.
Pero estas demandas no serán un regalo del gobierno ni de las autoridades universitarias. Para conquistarlas, es necesario articular las luchas de los estudiantes de la UAdeC, de la UASLP y de la TESCo que hoy ya han salido a luchar contra las cuotas y de los estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, que mantuvieron un paro de cinco meses denunciando la precariedad de su escuela.
Es urgente la organización entre estudiantes, profesores y trabajadores de la educación para conquistar el verdadero derecho a la educación y poner las universidades al servicio de las grandes mayorías. | 
