La corte marcial anunció su decisión de no comenzar un nuevo proceso que dejaba sin acción la sentencia de cinco años y nueve meses de prisión para el secretario ejecutivo del sindicato de Ferrominera (Sintraferrominera). La defensa de Rubén pedía que se le restituyera todos sus derechos que fueron violados desde que se le dictó la medida de privativa de libertad.
La actual negativa de la apelación sigue siendo la expresión y la saña del Gobierno de Maduro contra los trabajadores que los ha condenado a la peor de las calamidades, eliminado derechos históricos y reduciendo los salarios a niveles de hambre, a la par de la represión, amedrentamiento y encarcelamiento a trabajadores presos por luchar.
Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, fue detenido la madrugada del 29 de noviembre pasado, cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas donde se exigió respeto a las convenciones colectivas, aumentos de salarios igual a la canasta básica, reincorporación de los despedidos y libertad de los trabajadores detenidos.
Luego de 8 meses y 15 días de estar encarcelado en La Pica, fue sentenciado por un tribunal militar. Lo imputaron por hechos ocurridos el 20 de agosto de 2018 en medio de una protesta de trabajadores ferromineros, en los cuales, según el tribunal militar, hubo hechos que califican como “ataque al centinela”, delitos estipulado en los artículos 501 y 502 del Código Orgánico de Justicia Militar. Así mismo, de “ultraje a la Fuerza Armada”, señalado en el artículo 505 del mismo Código: “Incurrirá en la pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”.
Rubén González había estado preso ya durante más de un año, siendo Chávez el Presidente de la República, por estar al frente de una huelga de trabajadores de Ferrominera del Orinoco exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. Posteriormente salió bajo libertad condicional y en 2014, luego de cinco años de juicio, logró su libertad plena.
Es parte del amedrentamiento que se lleva a cabo en línea con los ataques a los derechos de los trabajadores. El caso de Rodney Álvarez, también trabajador ferrominero, es emblemático: lleva 9 años preso ¡sin juicio!, por un delito como no cometió y en un limbo judicial eterno, porque no han conseguido manera de comprobarle nada, pero no lo absuelven porque necesitan tapar la responsabilidad de un burócrata sindical del PSUV en los hechos que se le imputan. Es parte del terrorismo laboral que se lleva adelante por parte del Gobierno nacional desde hace varios años contra lo más diversos sectores de trabajadores.
Organizaciones sindicales, de derechos humanos, organizaciones políticas, trabajadores de base, activistas, estudiantes, familiares han venido impulsando la campaña #LiberenALosTrabajadoresPresos por luchar, donde Rubén González es uno de los casos emblemáticos exigiendo #LiberenARuben.
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