Mediante el Decreto N° 776 el gobernador Omar Perotti dispuso este lunes la emergencia de seguridad en todo el territorio provincial, en el marco de la polémica Ley de Necesidad Pública. A partir de esta decisión, enviará casi mil millones de pesos al área de seguridad provincial. Establece el Programa de Emergencia en Seguridad y el presupuesto se va a destinar a comprar equipamiento y vehículos para la policía santafesina, entre otras cosas.
En la provincia que fue segunda en el ranking de accidentes viales en el 2019 y que durante abril y mayo tuvo más muertos por accidente que por covid-19, el gobierno tomó la decisión de quitar presupuesto de ese sector para seguir reforzando un aparato de seguridad que lleva como marca registrada el gatillo fácil y que tiene denuncias por torturas (muchas veces seguida de muerte) en comisarías y cárceles, como sucedió con Franco Casco y María De Los Ángeles Paris.
La triste lista de víctimas de violencia institucional, sigue resonando en las movilizaciones en Rosario y la región: desde Pocho Lepratti asesinado en el 2001 bajo el gobierno de Reutemann y sigue con Jonatan Herrera, Gerardo Pichón Escobar, Carlos Godoy, Jonatan Ojeda, David Campos, Alejandro Medina, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Maximiliano Zamudio, Alexis Berti, Michel Campero, Sergio Giglio, Iván Mafud, Cristian Ordóñez, Dante Fiori, Maximiliano Rosasco, Jimena Gramajo, Kevin Pacheco, así como en la complicidad policial en la desaparición de Paula Perassi, muestran una práctica policial extendida y sanguinaria de control social y criminalización de la juventud de las barriadas.
Destinar ese presupuesto a una institución que en el marco de la cuarentena tuvo mas de 200 denuncias por abuso policial, mientas hay una crisis económica, social y sanitaria, muestra que las prioridades del gobierno provincial no estan en resolver esa situación crítica sino más bien se propone aumentar el aparato represivo del Estado. |
