Miguel Angel Olmedo tenía 64 años y murió por Covid-19. Era población de riesgo. Estaba a punto de jubilarse pero lo obligaron a trabajar en un puesto del GCBA en la Villa 31 en medio del foco de la pandemia. La lucha de su familia por justicia.
Como venimos reflejando, la pandemia pega sobre todo en los lugares de trabajo. Pero además de los números hay muchas historias atrás. Historias que dan bronca.
Hoy vamos a hablar de la muerte de Miguel Olmedo. Miguel era un vigilador de 64 años que falleció de COVID-19 a fines de mayo cubriendo un puesto del Gobierno de la Ciudad en la Villa 31. Había sido enviado ahí como castigo, ahora veremos por qué. Estaba a 3 meses de jubilarse y fue extorsionado para concurrir: sino sufriría descuentos.
Su familia viene reclamando justicia. En el programa reflejamos parte de la denuncia de Nidia, una de sus hijas.
Es que a Miguel lo castigaron. Lo castigaron por reclamar una licencia, por decir que se cumpla la ley. Tenía 64 años, era hipertenso y sufría problemas cardíacos. A pesar de esta situación, y después de cumplir una licencia de 14 días que le descontaron de su salario, Murata lo castigó. Lo mandó a un puesto en el medio de la Villa 31, un barrio cuya gente estaba sufriendo el foco de la pandemia, ante el abandono del gobierno porteño. En realidad no es abandono, está mal dicho. Es la decisión conciente del Estado de que miles trabajen precariamente, vivan hacinados, no tengan accesos a los servicios más elementales.
Miguel se enfermó en la misma época que falleció Ramona Medina.
La familia Olmedo denuncia además que en la Clínica Boedo se demoraron en dar los resultados del hisopado y que OSPECON, la Obra Social, no gestionó su traslado a una clínica de alta complejidad.
Como Ramona, Miguel murió arrojado a esas condiciones. Se iba a jubilar 3 meses. ¿Qué les costaba darle la licencia? ¿Por qué "mandarlo al muere"? ¿Por qué no dejarlo terminar sus 30 o 40 años de trabajo para disfrutar a su familia y sus amigos?
¿Por qué?
Pero Miguel no es el único. Ya murieron 4 trabajadores de Murata, entre ellos Juan Campos en la Estación Retiro de la Línea San Martín. En estas empresas muchas veces trabajan gente grande que no consigue otro laburo o pibes que tampoco consiguen. Trabajan precarizados, porque son en realidad tercerizados en servicios o industrias, o el mismo Estado.
Mirá el informe con testimonios en Alerta Spoiler:
¿Y qué pasa cuando reclaman? ¿Cuando se niegan a morir como perros? Los rajan. De hecho cuando comenzaron los contagios en los ferrocarriles los trabajadores reclamaron en el San Martin. Les dijeron “si si muchachos”, y los echaron a los “cabecillas”.
Y esto del lenguaje castrense no es raro, porque de hecho durante muchos años los directores de Murata fueron ex comisarios. Hoy su máximo responsable Yamil González, un hombre de muy buenas relaciones con Cambiemos. De hecho la empresa fue beneficiada en noviembre de 2015, por el Gobierno porteño con contratos por 4400 millones de pesos por cuatro años de «servicios de seguridad y custodia.
¿Y por qué tomamos este caso? Porque este jueves 14 de agosto el directorio de la empresa Murata S.A deberá presentarse ante el Ministerio de Trabajo para brindar explicaciones por el fallecimiento de Miguel Olmedo.
El abogado de la familia, David Bernstein, habló con Alerta Spoiler sobre el caso y la audiencia de mañana.
El de Miguel es un crimen patronal. Como los de la Villa 31 fueron crimenes sociales.
¿Va a hacer algo el Ministerio de Trabajo por la responsabilidad de Murata?
Como nos decía una obrera de Mondelez hace unos días: ¿alguien va a ocuparse de la responsabilidad de los empresarios?
Si vemos lo que pasa en los ferrocarriles, en los hospitales, en Ledesma, lamentamos decir que no. Pero seguramente la lucha de la familia y la organización de los trabajadores puede garantizar que no hayan más muertes por la prepotencia criminal de las tercerizadas.
Nuestra solidaridad con la familia. Justicia para Miguel.
