En los nuevos tiempos de pandemia la vivienda ha cobrado una importancia relevante. La invitación a “quedarse en casa” la configura como espacio seguro y protegido frente al contagio del nuevo virus. Sin embargo, para las personas jóvenes, el acceso al derecho a la vivienda es casi inalcanzable. Es aquí donde el rol de las personas mayores se revitaliza como garantes del acceso al alquiler y permite deconstruír estereotipos que las asocian a la carga social.
En la CABA, 6 de cada 10 jóvenes entre 20 y 24 años residen con sus padres o al menos con uno de ellos. Casi el 70% de los jefes de hogar supera los 40 años. La desigualdad económica estructural generada por el modelo neoliberal y las condiciones coyunturales resultantes de la pandemia dificultan el acceso a la vivienda propia en las personas jóvenes afectando sus posibilidades de vivir de manera independiente.
El problema se profundiza en tiempos de cuarentena, registrándose una caída abrupta de las escrituras firmadas, principalmente en los meses de abril y mayo. La falta de créditos hipotecarios y la brecha cada vez más amplia entre los ingresos y los valores dolarizados de las propiedades hacen que, para las personas jóvenes, la posibilidad de tener una casa propia sea casi una utopía.
En el otro extremo del curso de vida, en la misma ciudad, más del 75% de las personas mayores de 65 años son propietarias de la vivienda que habitan. Este porcentaje aumenta con la edad: en el grupo de mayores de 75 años, el 86% son dueñas de su casa y sólo el 5% son inquilinas. La mayoría reside en casas y departamentos con calidad satisfactoria y buena conexión a servicios básicos.
Las personas jóvenes se enfrentan a grandes dificultades en la materialización del derecho a la vivienda propia. En este escenario, la posibilidad de alquilar y lograr la independencia de la familia de origen se halla principalmente garantizada por las de mayor edad, quienes facilitan sus escrituras como garantías propietarias generándose un intercambio de apoyos entre ambas generaciones en el que las personas mayores se constituyen como proveedoras.
Frente a la ausencia del Estado como garante del derecho a la vivienda se pone en evidencia la solidaridad intergeneracional entre jóvenes y mayores. Además, hecha por tierra las representaciones que asocian a la vejez a un grupo poblacional que poco aporta a la sociedad y constituye una carga para la sociedad. Las personas mayores en la CABA son una de las principales garantes del acceso a la vivienda en una época de vulneración sistemática de este derecho fundamental. | 
