El convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, es un tratado internacional. Dicho tratado fue adoptado en Ginebra el año 1989, siendo ratificado por el Estado de Chile el año 2008 y entró en vigencia en septiembre del 2009. En este, se detalla una serie de compromisos suscritos por el Estado chileno donde destaca el artículo 10:
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Llama profundamente la atención la discordancia entre lo suscrito en el artículo y la realidad que viven los presos políticos Mapuche. Por un lado, el artículo llama a tener en cuenta las características culturales de miembros de pueblos ancestrales, es decir, literalmente lo que pide el Machi: cumplir la condena en su Rewe. Pero además, el artículo dictamina de manera unívoca que se evite el encarcelamiento en caso de condena. Esta aberrante negligencia tienen al Machi Celestino al borde de la muerte.
¿Por qué el gobierno de Piñera está tan afanado por desconocer el convenio?
La explicación es tan sencilla como grave, el empresario no puede darse el lujo de reconocer la violación del convenio. Concederle sus mínimas demandas al Machi es abrirle la puerta a la reconsideración de la condena de todos los presos políticos Mapuche. No olvidemos que el documento apunta a buscar alternativas al encarcelamiento. Reconocer el documento es abrir la posibilidad de liberar a todos los presos políticos. Liberar a los presos sería un hecho político que respaldaría enormemente la causa Mapuche. Un lujo que no se pueden dar los verdaderos dueños de la región.
Hoy en día, la región de la Araucanía está en manos de las grandes forestales, más de un millón de hectáreas de territorio están en manos de los grupos económicos liderados por las familias Matte y Angelini (CMPC y Forestal Arauco). Esto contrasta violentamente con la superficie en poder Mapuche: 500.000 hectáreas para todo un pueblo nación, frente a más de un millón para dos familias. Consideremos también la pobreza que se vive en las comunas de la región, donde el sueldo promedio en 2015 bordeaba los 270 mil pesos y la mayores posibilidades laborales para la población Mapuche está en el rubro de servicios, trabajo no calificado y agrícola.
Aplicar el convenio 169 en toda su amplitud no solamente tiene relación con liberar a los presos políticos. Hacer valer el convenio de manera íntegra obliga a respetar toda la cosmovisión y cultura Mapuche, o sea de la gente de la tierra. Una cosmovisión diametralmente opuesta al extractivismo que impera en la zona, que ha convertido hectáreas de bosques nativos en verdaderas fábricas monocultivadoras. Respetar el convenio inevitablemente hace chocar el modelo económico chileno con esta cosmovisión. Cuando se trata de elegir entre la economía de los ricos y el bienestar del medio ambiente, todos sabemos cómo decide este gobierno tan acostumbrado a recibir instrucciones de los grandes empresarios y de sus gremios. | 
