En semanas pasadas se dieron a conocer llamadas telefónicas que destaparon los arreglos corruptos entre la constructora OHL y el gobierno del Estado de México. Los audios previos daban cuenta de los sobornos recibidos por el secretario de Comunicaciones de la entidad, Apolinar Mena Vargas, para hacerse de la vista gorda en el fraude por sobrefacturación en la construcción del Viaducto Bicentenario y el aumento de tarifas por el uso de aquella vía.
El escándalo llegó a tales proporciones que llevó, en el gobierno del Estado de México, a la renuncia de Mena Vargas, y en OHL México a la renuncia de su director de Relaciones Institucionales, Pablo Wallentin, interlocutor de Mena en las llamadas referidas. Además, se registró una caída en las acciones de la empresa de origen español.
Días después, de forma absolutamente cínica, OHL anunció su intención de participar del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, hecho visto con toda normalidad por las autoridades.
OHL tiene 7 concesiones de autopistas de peaje en México: Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Amozoc-Perote, Autopista Urbana Norte en el DF, Supervía Poetas, Autopista Atizapán-Atlacomulco y parcialmente en el Libramiento Elevado de Puebla. Además, participa de la concesión del aeropuerto internacional de Toluca.
Pero el escándalo, lejos de terminar, se acrecentó el día de ayer.
Magistrados en la red de corrupción
Este martes se dieron a conocer nuevos audios, grabados al parecer el 16 de enero, en donde se escucha la conversación entre Pablo Wallentin y Gerardo Fernández, director jurídico de la constructora.
En tres llamadas difundidas en YouTube, en las que se refieren a la modificación al título de concesión del Circuito Exterior Mexiquense, Wallentin pregunta: “¿cuánto hay que darle a los magistrados?”, y Fernández responde: “pues yo creo que una manita ¿no?”.
Más tarde, hablando de la forma de pago a los magistrados, se escucha a Fernández decir: “o se hace como siempre o no hay otra forma”, explicando que el dinero debe salir de un fideicomiso.
Estas nuevas grabaciones, involucrando ahora a los magistrados, permiten echar una mirada a la red de corrupción de la que se sirven los empresarios para apuntalar sus negocios a costa del erario público.
Una vez más, se muestra cómo los funcionarios públicos actúan como representantes de los intereses de las grandes empresas, al servicio de las cuales están los gobiernos sin distinción de los partidos a su frente, como se ha visto en los escándalos que tocaron por igual al PRI, al PAN, al Verde Ecologísta o al PRD.
En el caso de los magistrados, la cara pública de la corrupción encubierta son sus fallos siempre en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo pobre, como se ha visto una y otra vez en las luchas de los últimos años.
Con información de CNN y La Jornada | 
