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El escándalo surge por la investigación abierta a partir de las declaraciones de un “arrepentido”, Chuck Blazer, quien fuera miembro del Comité Ejecutivo de FIFA hasta el 2013. El foco está puesto en los mecanismos de adjudicación de la televisación de importantes competencias internacionales como la Copa América, pero reflota las sospechas de sobornos relacionados con la asignación de las sedes de los próximos dos mundiales (2018 a Rusia y 2022 a Qatar).
La lupa de la investigación está colocada especialmente en el fútbol latinoamericano; la secretaria de justicia estadounidense, Loretta Lynch, denuncia que “desde 1991, la Concacaf y la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) usaron sus posiciones para solicitar sobornos a cambio de derechos de transmisión por televisión y de marketing, y así una y otra vez, año tras año, torneo tras torneo”. La investigación se abrió a partir de las irregularidades detectadas en la asignación de Estados Unidos como sede de la Copa América 2016 en la que se celebrará el centenario de la competencia continental.
En el informe se desliza que el extinto vicepresidente de FIFA y brazo derecho de Blatter, Julio Humberto Grondona, habría cobrado coimas por 15 millones de dólares por la comercialización de 4 ediciones de la Copa América. El gobierno de Cristina Kirchner, de buena relación con el capo de la AFA a partir del acuerdo por el “Fútbol para Todos”, queda “en orsai”: impulsaron bautizar como Torneo Julio Humberto Grondona al actual campeonato de Primera División.
Ya en el Mundial de Brasil estalló un escándalo por reventa de entradas que dejó en la mira al actual presidente de AFA –sucesor de Grondona- Luis Segura y a varios empresarios argentinos.
En Brasil ya hubo importantes repercusiones: fue separado el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y Dilma Roussef pidió que se investiguen todos los mundiales.
En Argentina, la Cancillería recibió un pedido de arresto y extradición de los empresarios Alejandro Burzaco (CEO de TyC y hermano de un ex funcionario macrista) y Hugo y Mariano Jinkis (Full Play Group), acusados de haber pagado 150 millones de dólares en sobornos para asegurarse derechos de televisación.
Joseph Blatter aún no fue alcanzado por el estallido. Emitió un comunicado en el que declara que “vamos a trabajar vigorosamente dentro de la FIFA con el fin de acabar con cualquier mala conducta, para recuperar la confianza y garantizar que el fútbol en todo el mundo este libre de cualquier sospecha.” El viernes 29 debía sesionar el congreso que lo podía reelegir como presidente de la institución pero la caja de Pandora recién se abre. Hasta mañana pueden aflorar nuevas revelaciones que profundicen la crisis del fútbol. | 
