En su columna en El Universal de este lunes, Salvador García Soto revela información sobre los peritajes e investigaciones que se realizan sobre las pruebas entregadas por Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República, entre ellas un video con 16 horas de grabación.
Según las fuentes del periodista, Lozoya exhibe a varios panistas que fungían como diputados y senadores durante los años en que fueron aprobadas las llamadas reformas estructurales en el sexenio de Peña Nieto.
Particularmente relacionados con sobornos para la aprobación de la reforma energética, se señala a senadores panistas de la LXII Legislatura como Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Mariana Gómez del Campo.
También salen a relucir los nombres de Francisco García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas y de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, ambos del PAN, quienes formaban parte de la Comisión de Energía del Senado, la que aprobó los dictámenes de la reforma energética y presuntamente fueron sobornados por la empresa brasileña Odebretch.
Pero estos políticos del Acción Nacional no son los únicos. Desde sus primeras declaraciones en México, Emilio Lozoya mencionó al ex presidente Felipe Calderón, junto al expresidente priista Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Relaciones Exteriores y Hacienda, Luis Videgaray Caso, imputados por su involucramiento en negociaciones y la autorización de contratos con la empresa de Marcelo Odebretch.
Según el hoy testigo colaborador, cuando era director de Pemex recibió de Odebretch 3.15 millones de dólares, que fueron usados para la campaña presidencial de Peña Nieto.
Posteriormente, Lozoya habría entregado 52 millones 380 mil pesos a legisladores panistas para que aprobaran las reformas del Pacto por México, cuando la Cámara de Diputados estaba presidida por Ricardo Anaya (candidato presidencial del PAN en 2018), quien habría recibido 6.8 millones. Otros panistas beneficiados habrían sido los legisladores Ernesto Cordero y José Luis Lavalle Maury.
Sin importar que las investigaciones muestran que la reforma energética es producto de una intrincada red de corrupción, el gobierno de López Obrador la mantiene en pie, mientras que le otorga al ex funcionario un trato privilegiado para enfrentar su proceso en libertad, a pesar de ser pieza clave en el evidente entramado de delincuencia organizada.
Lejos de revertir la privatización de la industria energética, el gobierno de la 4T se limita a utilizar el caso Lozoya para contener a la oposición, asumiéndose como estandarte del combate a la corrupción con miras a fortalecer al Morena hacia las elecciones del próximo año, y como caballito de batalla ante el complejo escenario sanitario y económico.
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