Lo ocurrido el 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, es parte del escenario de guerra en el que se ha convertido el territorio mexicano desde hace 8 años con el inicio de la “guerra contra el narco” del ex presidente Felipe Calderón. Más de cien hombres se enfrentaron con las armas propias de un ejército y prácticamente la mitad de ellas perecieron. Sólo una baja en el bando vencedor. En términos militares no sólo fue un triunfo, sino una masacre.
Aquél viernes 42 supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un Policía Federal perdieron la vida en un “enfrentamiento”, según la versión que ofrece el gobierno. Sin embargo, en estos días se han dado a conocer versiones de que pudo tratarse de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos policIacos del Estado.
Así lo hace el reportaje de la reconocida periodista Laura Castellanos que se puede leer en la revista Proceso de esta semana. Un cápsula de Univisión también sostiene que “podría ser otra masacre perpetrada por las fuerzas federales de seguridad”.
Opacidad y dudas en la investigación oficial
La historia oficial de lo que ocurrió en El Rancho “El Sol” ha sido armada a nivel federal y estatal. La entidad responsable de la investigación es la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJM). En los últimos días la PGJM dio a conocer que a los 42 cadáveres les hicieron la prueba de radizonato de sodio -que se utiliza para determinar si hay rastros de haber disparado un arma en la mano- y todos dieron positivo.
También se ha afirmado que 38 de los 42 cadáveres han sido identificados por familiares, quienes pertenecen a poblados pobres de Jalisco. Y también, según la investigación, únicos tres sobrevivientes, detenidos en el penal de máxima seguridad de Nayarit, han confesado todo.
Los familiares externan sus dudas
Después de casi una década de guerra, que ha dejado más de 200 mil muertos y decenas de miles de desaparecidos, ser pobre y ser acusado de pertenecer a una organización criminal es causa suficiente para aceptar un veredicto de culpabilidad post mortem. En esta guerra, miles han sido asesinados y jamás tendrán una investigación.
Familiares dijeron que los cuerpos tenían golpes contundentes. Una mujer sostuvo que su familiar tenía los dientes muy flojos, y su dentadura no era así. Otras detallaban escenas tristísimas de sus conocidos, que hacen dudar de la versión del gobierno.
Los familiares dieron breves y pocas entrevistas a algunos medios. Casi todas eran mujeres. Algunas llevaban buscando a sus familiares porque desde hacía días que no sabían de ellos. Otras acudieron a la morgue sabiendo que a sus parientes los llevaron a trabajar al Rancho El Sol. Bastantes más no tuvieron suerte al encontrar en esa morgue a sus familiares.
CNDH investiga posibles ejecuciones extrajudiciales
Las sospechas de organizaciones sociales y periodistas han sembrado fundadas dudas. A esto se le suma la gran desconfianza que existe entre la población sobre las versiones del gobierno. Enrique Peña Nieto acumula ya varios escándalos en el tema, como Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingan, etc. En esta ocasión la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tuvo que intervenir rápidamente.
El Primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, se encuentra en Michoacán con peritos en diversas materias de esta institución. El visitador rechazó adelantar hipótesis sobre lo ocurrido, ya que se encuentran “recabando evidencia”.
No reconoció que estaba ahí por la gravedad del escándalo que implica otra masacre. Están en juego miles de millones de dólares que desde hace años el gobierno de Estados Unidos destina a la Iniciativa Mérida, y que ha armado y entrenado a las fuerzas federales y militares para controlar el tráfico personas y drogas hacia Estados Unidos. Al gobierno de México le ha venido muy bien para mantener a raya al descontento social.
Estamos virtualmente en la última semana antes del proceso electoral. El gobierno federal y todos los partidos políticos del régimen están enfocados en garantizar sus elecciones y, por lo menos por ahora, no permitir que ningún evento de las empañe. Dispuestos a callar a toda costa y mantener en la impunidad sus crímenes perpetuados por las fuerzas armadas.
Es posible que en este caso, tanto el Comisionado de la Policía Federal como el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido y EnriqueGalindo, tengan que retractarse de las versiones que han tratado de sostener hasta ahora. Justo como lo intentaron hacer los primeros días de Tlatlaya.
Los asesinados de Tanhuato son víctimas de una guerra que le interesa a Estados Unidos. Parece ser que en este país ser joven, campesino, estudiante o trabajador pobre y vivir en un territorio militarizado, es causa suficiente para que se justifiquen los crímenes del Estado. Sin duda, el pueblo pobre y las organizaciones en lucha deben ponerle un alto al gobierno y evitar que esto quede en la impunidad. | 
