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El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de la empresa Algodonera Avellaneda, propiedad del grupo Vicentín. Lo hizo a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que había solicitado la inhibición de varias personas del directorio y de Vicentín S.A.I.C. El juez no hizo lugar a este último requerimiento del fiscal.
Asimismo dispuso el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, y financiero que protegen la confidencialidad de la información en relación a los más de veinte acusados de la causa, que investiga si se cumplieron las condiciones para el otorgamiento de créditos del Banco Nación a Vicentín por 18.000 millones de pesos.
A pesar de estas medidas parciales en perjuicio de los propietarios del grupo, estos siguen actuando con total impunidad en todos los ámbitos: hoy un grupo de choque al mando del abogado de la empresa atropelló e hirió a dos trabajadoras de Algodonera Avellaneda. Los y las obreras se encuentran parando la planta hace dos meses en reclamo de un sueldo digno, mientras Vicentín intenta mediante el uso de todo su poder -sus medios afines, jueces, policía- romper la huelga de los trabajadores. Mientras el gobierno mira para otro lado. Muy lejos quedó aquel anuncio de expropiación que hiciera Alberto Fernández prometiendo soberanía alimentaria. | 
