Este jueves, Andrés Manuel López Obrador encabezó una nueva conferencia de prensa desde Zacatecas. Acompañado por el gobernador de la entidad y por altos mandos militares, el Presidente habló de dos de los temas que, hoy por hoy, ocupan las primeras planas de los diarios en el país: el anuncio del retiro de la concesión de puertos a empresas en Veracruz y la cloaca de corrupción destapada por el trato que logró Emilio Lozoya con la justicia mexicana, de acuerdo con el cual el exdirector de Pemex ha delatado a políticos, expresidentes y altos funcionarios que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y el conjunto de reformas estructurales.
En primer término, durante la conferencia se expuso la situación de las políticas de seguridad implementadas a nivel local y federal, con índices de incidencia delictiva en Zacatecas y el despliegue de las Fuerzas Armadas.
Durante las preguntas de la prensa fue que se abordó el tema de la corrupción. Al respecto, AMLO dedicó largas disertaciones. Sobre la concesión de 100 años del puerto de Veracruz a privados, AMLO insistió en que buscaría la revocación de los contratos y respondió a la Coparmex que ya han salido a defender su negocio. Un enfrentamiento similar lo vimos con la cancelación del Aeropuerto Internacional en Texcoco y, en aquella ocasión, los beneficiados fueron precisamente empresas que recibieron compensaciones económicas con cargo al erario.
Sobre el caso de Emilio Lozoya, quien ha nombrado personajes que, vox populi, han formado parte de tramas de corrupción que no habían sido investigadas (como los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas), AMLO en todo momento apeló a la labor de la Fiscalía. Sin embargo, elaboró largamente a propósito de la corrupción y los alcances que tuvo la red usada para la aprobación de las reformas estructurales.
A propósito de las protestas de panistas y las declaraciones de Ricardo Anaya, AMLO respondió con el refrán "el que nada debe, nada teme".
Es de notar que, a pesar de que durante todo este proceso ha señalado el carácter ilícito de los cimientos de dichas reformas, no ha dicho una palabra que sugiera su revocación, y es que eso removería los intereses de, por ejemplo, empresarios que se han beneficiado de los recortes a los derechos laborales o, a gran escala, contravendrían mandatos de organismos como la OCDE y su "reforma" educativa.
El gobierno de AMLO opera sobre los frutos de reformas como la laboral y la educativa, mientras que la controversia sobre quienes allanaron el terreno para su imposición está siendo aprovechada por su gobierno para reforzar su discurso "anticorrupción" y ratificar la "firmeza" de sus instituciones. AMLO busca distanciarse de gobiernos del PRI y el PAN con un proceso que, de fondo, no cuestiona el vínculo entre empresarios y gobierno tan prolífero en el neoliberalismo.
La justicia en el caso Lozoya, difícilmente garantizada en un sistema penal hecho para beneficio de los ricos -que desde el principio le ha brindado un trato privilegiado-, tiene que ver también con destruir las bases que permiten que sea un puñado quien decida por las grandes mayorías y, desde luego, por echar abajo las medidas antiobreras y antipopulares que han traído consigo éstas y otras reformas. |
