El debate sobre el plebiscito y posterior proceso constituyente se ha acelerado cada vez más. En poco más de dos meses se realizaría la votación del apruebo o rechazo, y en abril de 2021 serían las elecciones de Gobernadores Regionales, Alcalde, Concejales y Constituyentes (dependiendo de los resultados del Plebiscito Nacional 2020).
Si bien, la medida de plebiscito y proceso constituyente fue producto de un pacto y desvío entre los partidos tradicionales para salvar al Gobierno y al régimen político, fraguado días después de la huelga general del 12N, bajo el nombre de Acuerdo por la Paz; a la vez fue una medida desesperada de la clase dominante para evitar perder de lleno su modelo "de los 30 años" tan cuestionado en la rebelión popular.
Así es como también lo ven sectores del gran empresariado, como Juan Sutil de la CPC y Alfonso Sweet, ex presidente de dicho gremio, quienes se han cuadrado con la decisión de asumir la realización del plebiscito- y su posterior proceso constituyente en caso de ganar el "apruebo"-, para evitar un aumento en el descontento social que existe en el país. A este coro hipócrita también se suma el gobierno de Piñera, con sus autoridades diciendo en todo momento que asegurarán un correcto desarrollo del plebiscito y que "esperan gran participación".
La "oposición" se abandera del plebiscito y del proceso constituyente, son parte del desvío, y ni desde el Frente Amplio ni el Partido Comunista plantean esto tal cual es, al contrario, de manera más o menos rápida, ambos se suben al carro de las trampas y dan la espalda a organizar la fuerza del pueblo trabajador, de la juventud, de las poblaciones, en pos de imponer una salida que favorezca a las grandes mayorías, junto a la exigencia de asamblea constituyente libre y soberana.
Sabemos que el proceso constituyente es tramposo, tan así que ni siquiera tiene la opción de la "asamblea constituyente" en la papeleta, además de establecer poder de veto de la derecha, entre otros límites. Ahora bien, un punto central en debate, y que es defendido desde la burguesía nacional, pasando por el Gobierno, la derecha, y hasta abogados constitucionalistas, es que "es mejor no tocar el modelo económico", es decir, que este tema no esté en una "nueva Constitución".
Así lo expresaron los abogados Marisol Peña, exministra y presidenta del antidemocrático Tribunal Constitucional, y Tomás Jordán, quienes coincidieron con que el modelo de desarrollo "no debe estar amarrado" en una nueva carta magna. En un foro organizado por el Retail Financiero, Jordán manifestó que “no es necesario hoy consagrar un modelo económico en la Constitución, sino que el debate democrático y las fuerzas mayoritarias vayan determinado el curso de estas acciones”.
En el caso de la presidenta del TC “nunca se pretendió consagrar un modelo económico determinado”, dijo refiriéndose a la actual Constitución, y explicó que lo que se pretendía era dar garantías al derecho de propiedad y a quienes buscaban impulsar negocios en Chile.
Un punto común que tienen todos estos sectores- donde también entran los partidos de la ex Concertación que gobernaron durante años el país- es la defensa del modelo capitalista y neoliberal "de los 30 años", tan repudiado por millones de personas en el país, que ha administrado la herencia de la dictadura, los negocios de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, que ha permitido la privatización de todos los derechos de la población, que ha criminalizado y asesinado a luchadores sociales y del pueblo mapuche, y a trabajadores.
Por esto quieren asegurar un plebiscito y proceso constituyente lo más amañado, reprimido y controlado posible, sin movilizaciones en las calles, sin vanguardia juvenil enfrentándose a la policía, porque quieren que solo se discuta lo que los poderosos decidan y no el pueblo.
Pero, pese a sus deseos, es muy difícil que los próximos meses sean de tranquilidad como ellos quieren, pues existen muchísimos factores que tienden a convulsionar el escenario nacional, partiendo por la profunda crisis económica que se está viviendo- asemejada con la del 82´-, y que aún tiene mucho por recorrer, que tiene la tasa de desempleo más alta desde hace años, con cerca de 2 millones de personas cesantes, y otro casi millón y medio entre trabajadores "suspendidos" sin sueldo e "inactivos", que en meses más pasarán a engrosar las filas del desempleo; también por el hecho de que las odiadas herencias de la dictadura siguen intactas y golpeando; porque se mantiene una brutal impunidad ante las violaciones a los DDHH, que ocurren cada día, entre otros elementos.
La clase dominante usa todo este tiempo para golpear lo más que pueda a la clase trabajadora, al pueblo, a la juventud, mujeres y sectores populares, carga sobre estos hombros la crisis abierta con la pandemia, e instala con fuerza medidas represivas; por lo mismo, es un momento donde es clave preparar las bases para que surja un partido revolucionario, que represente los intereses del pueblo trabajador, de las y los jóvenes, de quienes salieron a luchar contra el régimen de la dictadura en la rebelión.
Nosotros y nosotras sabemos que la única forma conquistar nuestras demandas es retomando el camino del 12 de noviembre en perspectiva de una huelga general para derrotar a Piñera e imponer una Constituyente Libre y Soberana, donde el pueblo discuta y decida sobre todos los temas que quiera, donde se decida hacia dónde irá el país y cómo dar respuesta a las necesidades estructurales. Esa es la lucha que impulsamos desde el PTR, porque sabemos que el plebiscito es una trampa. Pero es probable que millones buscarán participar con la expectativa de derrotar a la derecha en las urnas, y por eso las y los revolucionarios debemos proponernos intervenir en común para tener nuestra propia voz política, una voz de las y los trabajadores, independiente de los grandes empresarios y sus políticos. Para que las ideas anticapitalistas puedan llegar a millones.
Debemos tener una alternativa política propia, que no tenga ningún compromiso con este régimen ni sus partidos; que luche para terminar con todas las herencias de la dictadura. Somos miles quienes sabemos que con estos partidos de la izquierda reformista, que pacta con la derecha y con los partidos de la vieja Concertación, no podremos triunfar, y que durante la pandemia hemos seguido organizados en ollas comunes, asambleas territoriales, comités de emergencia y coordinadoras. Por eso debemos pelear por una alternativa política. El escenario abre enormes posibilidades para dialogar con millones nuestras ideas, y para reagrupar a todas y todos aquellos quienes busquen una alternativa que se proponga poner fin a todas las herencias de la dictadura y una perspectiva anticapitalista.
No a los despidos y suspensiones, manteniendo íntegramente el salario. Derogación de la ley de protección del empleo. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para garantizar un ingreso de emergencia de $500.000 a todas y todos los más de 3 millones de trabajadores informales. Por el retiro del 10%. ¡No + AFP! Por un sistema de reparto tripartito, solidario, gestionado por comités de trabajadores, jubilados y profesionales ligados a las organizaciones sociales. Por un sistema de salud público único, nacional y gratuito. Libertad a los presos políticos de la rebelión y a los presos políticos mapuche. Por la coordinación y unidad de trabajadores y el pueblo. Por la nacionalización de los recursos naturales y estratégicos así como las empresas privatizadas en dictadura y democracia, sin indemnización y bajo gestión de los trabajadores y el pueblo. Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana y Fuera Piñera. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por un gobierno de las y los trabajadores.
|
