Sectores del gran empresariado, como el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Juan Sutil, así como su ex presidente Alfonso Sweet, se han cuadrado con la decisión de asumir la realización del plebiscito. El objetivo es evitar un aumento en el descontento social que existe en Chile. Hipócritamente, el Gobierno de Piñera se muestra a favor.
El proceso constituyente contempla una serie de trabas y son varios los sectores que quieren evitar con uñas y dientes que "el modelo económico" sea parte de la discusión y de cambios. Sin embargo, las calles dijeron ¡no son 30 pesos, son 30 años!
El debate sobre el plebiscito y posterior proceso constituyente se ha acelerado. En poco más de dos meses se realizaría la votación, donde el pueblo deberá elegir entre "apruebo" o "rechazo" la redacción de una nueva Constitución. En abril de 2021 serían las elecciones de Gobernadores Regionales, Alcalde, Concejales y Constituyentes, dependiendo de los resultados del Plebiscito Nacional 2020.
La convocatoria a plebiscito y proceso constituyente fue producto de un pacto y desvío entre los partidos tradicionales para salvar al Gobierno y al régimen político. Ese pacto denominado "Acuerdo por la Paz", fue fraguado días después de la huelga general del 12 de noviembre de 2019, una enorme demostración de fuerzas de la clase trabajadora de Chile que dejó en el aire al Gobierno de Sebastián Piñera. A la vez, fue una medida desesperada de la clase dominante para evitar perder su modelo "de los 30 años" tan cuestionado en la rebelión popular.
Así lo ven también sectores del gran empresariado, como Sutil y Sweet de la CPC, y se suma hipócritamente el gobierno de Piñera, cuyas autoridades dicen en todo momento que asegurarán un correcto desarrollo del plebiscito y que "esperan gran participación".
La "oposición" se abandera del plebiscito y del proceso constituyente, y ni el Frente Amplio ni el Partido Comunista, la izquierda con representación parlamentaria, plantean esto tal cual es: un desvío de las energías de la rebelión popular por los carriles institucionales del régimen heredado de la dictadura. Al contrario, de manera más o menos rápida, ambos se suben al carro de las trampas y dan la espalda a organizar la fuerza del pueblo trabajador, de la juventud, de las poblaciones, en pos de imponer una salida que favorezca a las grandes mayorías, junto a la exigencia de asamblea constituyente libre y soberana.
El proceso constituyente es tramposo, tanto que ni siquiera tiene la opción de la "asamblea constituyente" en la papeleta, además de otorgarle poder de veto de la derecha, entre otros límites. Ahora bien, un punto central en debate, y que es defendido desde la burguesía nacional, pasando por el Gobierno, la derecha, y hasta abogados constitucionalistas, es que "es mejor no tocar el modelo económico", es decir, que este tema no esté en una "nueva Constitución".
Así lo expresaron los abogados Marisol Peña, exministra y presidenta del antidemocrático Tribunal Constitucional, y Tomás Jordán, quienes coincidieron en que el modelo de desarrollo "no debe estar amarrado" en una nueva carta magna. En un foro organizado por el Retail Financiero, Jordán manifestó que “no es necesario hoy consagrar un modelo económico en la Constitución, sino que el debate democrático y las fuerzas mayoritarias vayan determinado el curso de estas acciones”.
En el caso de la presidenta del TC “nunca se pretendió consagrar un modelo económico determinado”, dijo refiriéndose a la actual Constitución, y explicó que lo que se pretendía era dar garantías al derecho de propiedad y a quienes buscaban impulsar negocios en Chile.
Un punto común que tienen todos estos sectores- que incluyen los partidos de la ex Concertación que gobernaron durante años el país- es la defensa del modelo capitalista y neoliberal "de los 30 años", tan repudiado por millones de personas en el país, que ha administrado la herencia de la dictadura, los negocios de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, que ha permitido la privatización de todos los derechos de la población, que ha criminalizado y asesinado a luchadores sociales y del pueblo mapuche, y a trabajadores.
Por esto quieren asegurar un plebiscito y proceso constituyente lo más amañado, reprimido y controlado posible, sin movilizaciones en las calles, sin vanguardia juvenil enfrentándose a la policía, porque quieren que solo se discuta lo que los poderosos decidan y no el pueblo.
Pese a sus deseos, es muy difícil que los próximos meses sean de tranquilidad como ellos quieren. Existen muchísimos factores que tienden a convulsionar el escenario nacional, partiendo por la profunda crisis económica que se está viviendo, asemejada a la del año 82, y que aún tiene mucho por recorrer. Otro factor es la tasa de desempleo más alta de los último años, con cerca de 2 millones de personas cesantes, y casi un millón y medio de trabajadores "suspendidos" sin sueldo o "inactivos", que en meses más pasarán a engrosar las filas del desempleo. También está el hecho de que las odiadas herencias de la dictadura siguen intactas y golpeando, porque se mantiene una brutal impunidad ante las violaciones a los DDHH, que ocurren cada día, entre otros elementos.
La clase dominante usa todo este tiempo para golpear lo más que pueda a la clase trabajadora, al pueblo, a la juventud, mujeres y sectores populares. Carga sobre estos hombros la crisis abierta con la pandemia, e instala con fuerza medidas represivas. Por lo mismo, es un momento donde es clave preparar las bases para que surja un partido revolucionario, que represente los intereses del pueblo trabajador, de las y los jóvenes, de quienes salieron a luchar contra el régimen de la dictadura en la rebelión.
La huelga del 12 de noviembre mostró el camino para conquistar las demandas, en perspectiva de una huelga general para derrotar a Piñera e imponer una Constituyente Libre y Soberana, donde el pueblo discuta y decida sobre todos los temas que quiera, donde se decida hacia dónde irá el país y cómo dar respuesta a las necesidades estructurales. Esa es la lucha que impulsan los compañeros y las compañeras del PTR, el grupo que impulsa La Izquierda diario en Chile.
Es probable que millones de personas buscarán participar con la expectativa de derrotar a la derecha en las urnas. Por eso, las y los revolucionarios tienen planteado intervenir en común, con una voz política propia, una voz de las y los trabajadores, independiente de los grandes empresarios y sus políticos. Para que las ideas anticapitalistas puedan llegar a millones. Una alternativa política propia, que no tenga ningún compromiso con este régimen ni sus partidos, que luche para terminar con todas las herencias de la dictadura.
Los miles que saben que con los partidos de la izquierda reformista, que pacta con la derecha y con los partidos de la vieja Concertación, no se puede triunfar, y que durante la pandemia han seguido organizados en ollas comunes, asambleas territoriales, comités de emergencia y coordinadoras, tienen planteado pelear por una alternativa política.
El escenario abre enormes posibilidades para dialogar con millones y para reagrupar a todas y todos aquellos quienes busquen una alternativa que se proponga poner fin a todas las herencias de la dictadura y una perspectiva anticapitalista. |
