Sólo hay 21 formalizados de un total de 2.164 querellas presentadas en todo Chile, y son de la Región Metropolitana. En el resto de las otras regiones no hay formalizados, esto se debe a la falta de presencia de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI lo que perjudica los procesos.

El departamento jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), entregó a fines de mayo un informe que se basó en información entregada por el Ministerio Público. Este señala que sólo en un 0,9% del total de querellas presentadas por el INDH, hay formalizados, y esta cifra corresponde sólo a la RM.

El informe también indica que del total de las querellas, sólo se han tomado las declaraciones de 764 víctimas (35,4%). De acuerdo al INDH, estas bajas cifras se deben a 4 razones: "Dificultades probatorias en los casos de violencia institucional, como disparos en manifestaciones y denuncias de desnudamientos en comisarías"; “deficiencias en la PDI y en el Servicio Médico Legal”; “rol de jueces y juezas ante causas de derechos humanos y posibles estigmas respecto a las víctimas” y “debilidades en el deber de investigar y sancionar en casos de graves afectaciones a los DDHH.“

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“Hay problemas estructurales del sistema y a eso se le suma la pandemia. Claramente no hay disposición de colaborar ni de esclarecer los hechos, al contrario. Las pocas veces que han declarado es de manera inexacta e incompleta. Lo vimos en el caso de Fabiola Campillay, que tardaron meses en enviar los videos, y en el caso de G.A no han hecho llegar cámaras ni ha cooperado con la investigación”, declaró Alejandra Arriaza, abogada del joven de 16 años (G.A) que quedó con fractura craneal tras impacto de bomba lacrimógena en Plaza Dignidad durante una jornada de protestas en el mes de febrero.. Otro dato perturbador es que no habría juicios orales por causas relacionadas al estallido social antes del segundo semestre de 2021.

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Miles de jóvenes aún se encuentran en prisión preventiva desde la revuelta que comenzó en octubre. La justicia funciona como el brazo represivo del estado y de este gobierno que ha buscado reprimir a la juventud que encendió la llama de octubre. Este gobierno de y para empresarios, en complicidad con la policía y las y los jueces, encarcela a trabajadores, jóvenes y sectores populares por haber puesto en cuestionamiento el sistema heredado de la dictadura.