Analizan judicializar la medida que convirtió en servicio público esencial las prestaciones de internet, telefonía celular y televisión paga, hasta el 31 de diciembre. Las empresas teléfonicas, de cable y de internet obtuvieron grandes ganancias en los últimos años.

Se trata del DNU que el Gobierno nacional anunció el pasado sábado. Consiste en el congelamiento de las tarifas de telefonía celular, servicios de internet y TV paga hasta el 31 de diciembre de 2020 y también indica que, a futuro, no podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.

Las empresas afectadas analizan judicializar la medida. Los caminos son varios. Por un lado, plantear la inconstitucionalidad del decreto, en principio argumentando que es una medida anticonstitucional, ya que el Congreso no está en sesiones ordinarias. Las empresas extranjeras, por su parte, empezaron a mirar hacia el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Vericuetos legales a los que apelarán quienes nunca dejan de acrecentar sus ganancias.

Te puede interesar: Martín Becerra: “Las empresas están defendiendo sus márgenes de rentabilidad, que son altísimos”

La realidad es que en Argentina solo el 64,53 % de hogares tiene acceso a internet y el 70 % teléfono fijo. La educación virtual y el teletrabajo son sostenidos con mucho esfuerzo por los niños y los trabajadores: sostener este peso al bolsillo es muy caro.
La medida de Fernández no resuelve estos problemas de acceso a internet y comunicaciones que atraviesan las grandes mayorías.

Las empresas teléfonicas, de cable y de internet obtuvieron grandes ganancias en los últimos años.