El norte de Salta se encuentra fuertemente afectado por la pandemia del coronavirus siendo los departamentos de San Martín y Orán los que más casos concentran, con 760 y 319 respectivamente hasta el día de ayer de un total de 1849 en toda la provincia.
En este contexto, miembros de diferentes comunidades originarias vienen denunciando el colapso del sistema de salud en la ciudad de Tartagal, la falta de atención medica en las comunidades y la muerte de hermanos originarios que tuvieron síntomas compatibles con las del covid-19, pero a quienes no les realizaron hisopados post mortem. Además el día de ayer se dio a conocer el fallecimiento de un bebe wichí que tenía coronavirus.
Las desigualdades avanzan
“Pedir que nos lavemos las manos con agua y jabón ya es todo un tema. En las comunidades, las más cercanas a la ciudad tenemos agua clandestina, y las más alejadas guardan, si les llevan o si llueve, en bidones de agrotóxicos en desuso. Deben elegir si tomar o lavarse las manos” manifestó Edith Martearena, integrante de la comunidad guarani TGN, de Tartagal, según difundió FM Comunitaria La Voz Indígena.
“Sólo hay doce respiradores (en el Hospital de Tartagal, NdR) y ya tuvieron que elegir si ponerle el respirador a una señora de 65 o a un joven”, denunció Edith, al tiempo que se preguntó si “van a elegir salvar a un indio como nosotros cuando llegue el momento de elegir”.
Desde el comienzo de la pandemia, los agravios sistemáticos que sufren los pueblos indígenas se han recrudecido. Empezando por las condiciones de desigualdad socioeconómicas que a principios de este año mostraba su peor cara con la muerte de más de 30 niños y niñas por desnutrición y causas relacionadas a la falta de acceso a la salud, que llevó a que la provincia declarara la emergencia sociosanitaria y que desde Nación el ministro Daniel Arroyo recorriera algunas de las zonas afectadas. Sin embargo, las comunidades no han parado de denunciar que las ayudas prometidas han sido solo gestos, por ser insuficientes y en muchos casos nunca llegaron.
Además, la medida del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o la llamada “vuelta a fase 1” en la que se encuentran varias localidades del norte han imposibilitado que la gente de las comunidades puedan salir a garantizar su subsistencia. Imposibilitados de hacer “changas” o vender artesanías, los pedidos de ayuda se convierten en exigencias desesperadas. También, se ha incrementado la violencia policial que tuvo como ejemplo la detención por más de dos semanas de Yamila Veleizan, de la comunidad guaraní Cherú Tumpa, de Colonia Santa Rosa.
Ahora vienen más enfermedades
Benito Arias, integrante de la comunidad Danagay Km 6 de Tartagal, sostuvo al ser entrevistado por el mismo medio que “nos quitan la tierra y estamos enfermos por las fumigaciones de los campos de soja. Ahora vienen más enfermedades todavía, tenemos que exigir más ayuda todavía para nuestros pueblos”.
Esa muerte que Benito y otros originarios ven acechar desde hace ya tanto tiempo, no es más que un crimen social que lleva adelante el Estado racista. Ni al Gobierno provincial ni al nacional parecen importarles esta situación, con subsidios millonarios a las grandes empresas mientras dejan morir de hambre o de covid-19 a los pueblos indígenas.
Es urgente la realización de testeos masivos en los departamentos de Orán, Tartagal y Rivadavia, e hisopados pos mortem para todos los que fallezcan en el marco de esta cuarentena. Es necesaria la unificación del sistema de salud privado y público, que funcione bajo la órbita estatal, y un IFE de $30.000 para todas las y los que en el marco de esta cuarentena no están trabajando o lo hacen de manera informal. | 
