Familias de la escuela 4316 “Juana Azurduy de Padilla” de Salta Capital, se enteraron este lunes mediante un video casero de su directora que en el área primaria se llevarán adelante nuevas acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y, en ese marco, la docente se dirigió con vehemencia a “los padres de aquellos niños que no envían las evidencias de aprendizaje”.
De esta manera, desde la escuela ubicada en el macrocentro, informaron que la Policía visitará las casas de estos niños y niñas y, luego, “enviará el informe a dirección, quien debe hacer lo mismo por la vía jerárquica dándose curso al juzgado que le competa”. Una tarea de asistentes sociales será llevada a cabo por personal de la fuerza represiva que tiene al mando al ex coronel negacionista Juan Manuel Pulleiro. La pregunta es por qué.
El aumento de la desigualdad
Según datos previos a la llegada de la pandemia por covid-19 al país, en Salta capital y en localidades que la rodean, sólo 4 de cada 10 familias tienen acceso a una computadora. Y un 24% no tiene siquiera un celular por hogar. Pero, además, ¿cuántas son las familias con un solo dispositivo que tiene que ser usado por todos los niños de la casa para hacer las tareas? ¿Cuántas no tienen más espacio en su celular para descargar fotos y videos que son enviados cotidianamente por maestras y profesores?
“Todas las mañana mi nena tiene 1 hora y media de clases por zoom y, ¿sabés cuántos se conectan? 5”, le comenta una docente a otra en una conversación informal por whats app.
“Un solo celular tengo, mi marido se lo lleva a la noche que es cuando trabaja. Y mi nena no es la única que hace la tarea, sino que son 7 mis hijos, cada uno tiene que hacer la tarea con el mismo celular”, explica una mamá cuando la maestra le pregunta cómo va con las tareas.
Estos diálogos pueden replicarse en cualquier lugar de la provincia y el país, pero en el norte, las condiciones y las estadísticas son aún más brutales. Y en Salta aún hay 23 escuelas rancho.
Pero esta brecha digital no tiene solo implicancias educativas si no que lleva consigo, para la vida de conjunto, mayor desigualdad.
Frente a esto, desde el Gobierno nacional y provincial cambian de discursos y estrategia todos los meses y no ofrecen nada más que cargar de deberes y control a las familias y los niños y niñas que cada vez tienen menos derechos en este proceso de enseñanza aprendizaje vitual. Para 11 jurisdicciones (¿y las 13 restantes?) desde el Ministerio que conduce Nicolás Trotta anunciaron en mayo pasado la entrega de 135 mil notebooks o tablets para estudiantes de primer año del secundario. ¿Y para el resto de las áreas y años del secundario?
Mientras a las docentes a lo sumo nos ofrecen créditos para comprar una computadora. Osea, el Ministerio funcionando como un banco con baja tasa de interés. Algo que hizo pronunciarse hasta a la CTERA que, además, solicitó al Gobierno nacional computadoras e Internet. En el caso del sindicato de base de la central a nivel local, ADP, se limitó a replicar los comunicados de CTERA pero ni una ni otra han llamado a ninguna concentración ni campaña por las redes para materializar el pedido. Lo mismo sucedió con la conducción provincial de Autoconvocados.
¡Qué distinto seria ver la fuerza de toda la docencia y las familias a nivel nacional y provincial en las calles y en las redes!
Asambleas para decidir
Frente a esta problemática, cada docente desde su lugar y sus posibilidades venimos intentando disminuir esa brecha tecnológica y educativa, llegar a cada niño y niña, hablar con cada familia de los que aún no se contactaron con las escuelas, enviar las tareas por medio de un cadete a la casa del niño, visitarlo directamente ella.
Resolviendo sin el uso de la Policía. Una fuerza que reprime cada lucha docente y de los trabajadores que luchan, como ayer a los mineros de Mansfield, no importa quien gobierne en el país y Salta. Y que, además, es sufrida por las familias de las y los estudiantes que viven en los barrios con desalojos violentos como ayer en barrio San Calixto, y la criminalización de la pobreza.
Para las y los trabajadores de la educación y estudiantes terciarios que formamos parte de la agrupación 9 de abril se hace urgente organizarnos desde abajo, por escuela y zona. Autonvocados y ADP deberían ponerse al frente de las demandas e impulsar asambleas virtuales de docentes, familias y estudiantes, para unir lo que los Gobiernos pretenden enfrentar. Y para debatir entre todos y todas qué medidas tomar frente a esta situación y pelear por más plata para educación en base al no pago de la deuda externa y un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
Para que todas y todos los niños tengan acceso a un dispositivo y conectividad en sus casas hasta que el regreso sea seguro, para nombrar más asistentes sociales para los gabinetes psicopadagógicos, y que haya en todas las escuelas, y un IFE de $30.000 para todas las y los docentes que aún no fueron nombrados y para quienes se encuentren trabajando de manera informal, o desocupados.
No queremos ningún policía en los colegios ni en las casa de nuestras pibas y pibes. |