El expresidente y exintendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde, se despachó por la pantalla grande en un programa televisivo diciendo que “el año que viene no va a haber elecciones” y hasta habló de “un golpe de Estado”. Días atrás ocupaba una silla en la legislatura bonaerense con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Ministro de Producción Bonaerense, Augusto Costa, junto al director del Movimiento Productivo Argentino (MPA), Carlos Brown, y referentes del sector empresario. El motivo, acordar un plan pospandemia para “reactivar la producción”.
La Ministra de Gobierno Bonaerense, Teresa García, contestó los dichos de Eduardo Duhalde, dijo “que era una provocación” y que no había ningún motivo para que eso ocurra. Desde Cambiemos bonaerense, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky manifestó que eran "muy graves" los dichos de Duhalde "Sobre todo porque los dice un expresidente. En la Argentina no hay lugar para golpes de Estado”. Pero, ¿por qué tenemos que escuchar “estas” cosas? Cuando no se para a la derecha, esta se envalentona, no sólo los que se movilizaron al Obelisco días atrás, sino también los derechistas del peronismo como Eduardo Duhalde. Como bien denunciaron Nicolás Del Caño y Claudio Dellecarbonara, ambos diputados del PTS en el FIT Unidad, es el responsable de la masacre de Avellaneda que terminó en el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, y dejó un país con más de un 55% de pobreza.
Impunidad empresarial, las vidas trabajadoras importan
Empresas como Dánica en Llavallol, Lomas de Zamora, después de haber hecho lock out y retacear el pago de sueldos, lejos de las multas que amenazó con hacerles el gobierno provincial, consiguieron subsidios, exenciones de impuestos y otros beneficios como el PPC, acordados con Axel Kicillof y Martín Insaurralde. No sólo despidió a dos trabajadores, Lucas Suárez y Hugo Fiorini que están reclamando su reincorporación, sino que está haciendo aprietes al personal para que cambien su encuadramiento gremial del convenio aceitero (SOEIA-Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera), al de alimentación. Buscan flexibilizar y empeorar las condiciones laborales. Los obreros respondieron con paro contra la extorsión patronal impulsado por el sindicato.
En La Salteña ubicada en el Parque Industrial de Burzaco, Almirante Brown, hay 54 casos de COVID positivo y la empresa se niega a garantizar el aislamiento social preventivo y a adecuar los vestuarios, comedores y otras instalaciones. Y va por más, pretende imponer dos turnos de 12 horas. Los trabajadores con la Comisión Interna en el Sindicato de Pasteleros iniciaron un paro por sus derechos.
En Gate Gourmet (Stiapba), los y las trabajadoras vienen resistiendo despidos de 190 contratados (en algunos casos con contratos de hasta 6 años de antigüedad) y recortes de salarios y aguinaldo de los efectivos. Esa firma presentó el PPC y acordó con el sindicato y la Comisión Interna de Mondelez cubrir puestos temporalmente con el personal suspendido de Ezeiza, pagando el 50%, ya que el otro restante lo paga el gobierno con el ATP. Cabe aclarar que en la planta de Pacheco quedaron vacantes puestos producto de que hay más de 140 casos de contagios por COVID y el aislamiento preventivo de otros cientos de obreros. Les trabajadores de Gate Gourmet realizaron asambleas, un acampe por 7 días e impulsaron cortes de la autopista Riccheri. En La Continental (Sindicato de Pasteleros), empleados de distintas sucursales, varias de ellas de la zona sur del conurbano, se organizaron en asambleas y lograron que los dueños tengan que pagar el 100% del aguinaldo. En Siderca, Campana, la UOM acordó con la empresa suspensiones al 70%, trabajadores de base lo rechazan.
Las centrales sindicales dejan correr estos ataques. Los sindicatos los arreglan directamente, o en el mejor de los casos, responden aisladamente y sin ninguna estrategia para vencer. Estos nuevos golpes a las condiciones de trabajo son parte de los intentos de avanzar en una reforma laboral, que vienen promoviendo sectores del oficialismo, la oposición derechista y las cámaras empresarias. En el Conurbano, el crecimiento de la pobreza, la desocupación y la precarización de la vida, es es funcional a esta estrategia. Así, se envalentonan los miserables. Rocca, el Grupo Beltrán y Molinos Río de La Plata del Grupo Perez Companc, entre otros, especulan con que la pandemia (y los gobiernos) les den como regalo la rebaja del precio de la fuerza de trabajo.
Servicio público y la desigualdad en el conurbano
En estos días el presidente decretó la suspensión del aumento hasta el 31 de diciembre en las tarifas de telefonía móvil, las prestaciones de internet y TV por cable por considerarlos un servicio público. Suspende aumentos, pero no los retrotrae, y establece planes universales con tarifa social cuyas características aún no se conocen. Lo que sí está claro es que no garantizan Wifi gratis para quienes lo necesitan, siendo que hay miles de niñxs que no pueden acceder, es decir que no pueden estudiar, y los docentes pagan de su bolsillo. Encima el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dijo que era una medida excepcional “y que lo que no se pueda aumentar durante la pandemia se recuperará después”, así que a agarrarse los bolsillos.
Las empresas y corporaciones, por su parte, patalean. Hace años recaudan millones y no quieren ningún control por parte del estado, pusieron un grito en el cielo y salieron con una solicitada en los diarios rechazando esta medida.
Ellos ven en la necesidad de contar con internet y telefonía un negocio para lucrar. Consideran que no hay ninguna necesidad ni urgencia en el acceso a este servicio público. Amenazan con que van a caer las inversiones y por ende la calidad del servicio. Sin embargo, las denuncias de mal servicio y la falta de acceso con tarifas altísimas e inaccesibles fueron muchísimas estos años, encabezada por la empresa Telecentro que con el “pionero” Pierri hizo un gran negocio en el Conurbano desde La Matanza con esta empresa vinculando la telefonía, tv por cable e internet. ¿Qué va a hacer el gobierno ante el lobby empresarial?
Surgieron muchas expectativas con este anuncio. Es cierto que es mejor que se suspendan los aumentos, pero se trata de una medida muy limitada. En sí misma, pese a la propaganda oficial, lo cierto es que la misma no significa que se resolverá el acceso de estudiantes y docentes a internet y telefonía. Ni hablar del acceso gratuito a notebooks y celulares. Por mencionar un ejemplo, en el distrito de Malvinas Argentinas, según datos del Enacom, sólo el 55% de los hogares tiene acceso a Internet fijo y el 47% de los niños y adolescentes en edad escolar no tienen computadora. La continuidad educativa sigue en riesgo, más en el conurbano que concentra altísimos índices de pobreza, desocupación y problemas de infraestructura.
Para esto es necesaria, como proponen los trabajadores de las telecomunicaciones agrupados en la clasista lista Violeta, la nacionalización inmediata de las telecomunicaciones, gestionadas por los trabajadores junto con comités de usuarios y técnicos especialistas que puedan planificar en función de las necesidades de la mayoría, y no del lucro empresario.
Kicillof en relación a este decreto habló. Dijo que "no puede ser que haya argentinos que por nacer en determinado lugar no tengan conexión". Claro que no puede ser, pero hay responsables, la realidad es que no se han tomado medidas para resolver los problemas estructurales. Para millones, nacer en la provincia que él gobierna, nacer en el conurbano, significó no acceder a la educación en pandemia. ¿No es la educación un derecho humano elemental?
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