Este jueves, a partir de las 14 h, el Senado de la nación discutirá el proyecto presentado por el Gobierno para modificar aspectos organizativos del sistema judicial.
En términos generales, el proyecto implica una modificación en la Justicia federal penal de la Ciudad de Buenos Aires, además de la creación de cámaras de apelaciones en las provincias. También crea 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.
Lo que ha sido presentado como una “reforma judicial” tiene, sin embargo, críticas desde el propio espacio oficialista y desde la derecha más reaccionaria.
“Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”, escribió este martes Cristina Kirchner en su pagina web.
Sin embargo, señaló que “la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación”.
Las declaraciones de la ex presidenta son una respuesta a los cuestionamientos que la derecha política -expresada en Juntos por el Cambio-, mediática y social vienen planteando al proyecto oficial. Algo que se vio a inicios de la semana pasada, cuando se produjeron las movilizaciones del 17A, y que se volverá a ver en estas horas, con una nueva concentración convocada por las redes sociales.
Sin embargo, la declaración de la actual vicepresidenta también implica una crítica hacia el proyecto, poniendo al desnudo las tensiones que recorren a la coalición oficialista.
En los últimos días, distintas versiones dieron cuenta del malestar en el kirchnerismo más duro hacia la ministra Marcela Losardo por su bajo perfil en cuanto a la defensa de la propuesta. Desde otro lado opuesto de la coalición gubernamental, se escucharon críticas hacia la decisión de incluir una cláusula en el proyecto que exigía a los jueces denunciar las presiones del poder mediático. Esto fue propuesto por Oscar Parrill.
Se descuenta que el proyecto sorteará con facilidad la discusión en el Senado, donde el Frente de Todos tiene una mayoría cómoda. Sin embargo, podría no lograr aprobarlo en Diputados, donde el oficialismo ni siquiera puede reunir quórum propio. Esto podría conducir a una crisis política.
También hubo críticas desde la izquierda al proyecto. En una línea opuesta por el vértice a los intentos derechistas de proteger a la casta judicial, desde el Frente de Izquierda se plantearon los enormes límites de esta reforma y se propuso un programa que incluya, entre otros puntos, la elección de jueces y fiscales por el voto popular, con sueldos que no sean superiores a lo que percibe un director de escuela; la generalización de los juicios por jurado; la derogación de leyes que impuso el macrismo, como la llamada ley del arrepentido.
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