Editorial en Pateando El Tablero, 101.7 Jujuy FM
La decisión de volver a fase uno de la cuarentena en la capital jujeña y Palpalá que tomó el gobierno en la noche del domingo tuvo una pronta respuesta. Ese mismo día, un grupo de comerciantes con bocinazos anticiparon su rechazo. El lunes el ministro de la Producción dio marcha atrás y aceptó la reapertura de los locales comerciales.
A partir de esta decisión que podría ser leída como parte de la militancia de los grupos “anticuarentena”, quiero reflexionar sobre tres aspectos que pueden desprenderse de la misma.
Primero: salvando la heterogénea composición del sector de comerciantes y sus intereses, el desacato al gobierno expresa un problema de fondo que hace al colapso de la política sanitaria que sostiene Morales con aval de Nación y del propio PJ jujeño que milita el endurecimiento de la cuarentena, aunque no hacia grupos como Ledesma que sigue produciendo y tiene el mayor número de obreros fallecidos de covid-19 del país.
Lo hemos planteado en otras editoriales que la dicotómica opción “salud y economía” venía con “gato encerrado”. Puesto que la salud pública devastada, sin testeos masivos a los sintomáticos desde el inicio de la pandemia, sin la inversión necesaria y sin centralizar los hospitales con el sector privado, no tenía otro destino que las medidas de confinamiento sean casi la única “cura”. Y cuando no, apelar al hostigamiento policial, puesto que la responsabilidad ante la pandemia para los gobiernos es algo “individual” o de cada habitante.
Asumir qué esta situación del sistema de salud público no iba a recibir mayores cambios, reafirmó que en materia de economía los efectos de las medidas de restricción se hagan sentir sobre los sectores más vulnerables, como por ejemplo son los 43 mil trabajadores informales en negro, entre ellas y ellos, vendedores ambulantes, changarines, etc., los 23 mil desocupados o los 47 mil asalariados que aún con empleo están en negro en el sector privado. Tenemos que considerar además que la asistencia del Ingreso Familiar de Emergencia llegó a más de 187 mil personas y puso a la luz un problema muy agudo. El 25% de la población de la provincia no cuenta con empleo o con ingresos de una actividad registrada.
Segundo: la acción de los comerciantes lleva a pensar qué pasaría si la clase trabajadora de la provincia, que entre asalariados y cuentapropistas sin capital, superan el 75% de la población, se pone en movimiento y comienza a ganar las calles.
Hemos visto el malestar en los trabajadores que construyen las instalaciones de la minera Exar con más de 200 contagiados de covid-19. En el grupo Ledesma que tiene el récord de 12 obreros fallecidos por coronavirus y, al menos, 343 contagiados pero bajo el amparo de los gobiernos sigue sin detener un minuto sus actividades. Otro tanto en los choferes de colectivos, a quienes los empresarios les pagan en cuotas sus salarios, mientras reciben 50 millones de pesos mensuales del gobierno provincial que en vez de exigir el pago en tiempo y forma a las patronales, envía policías a hostigar como vimos la semana pasada en los galpones de la empresa Unión Bus.
Lo que sucede también en los hospitales donde médicos, enfermeras y enfermeros, están dejando sus vidas y poniendo en riesgo la de sus familias con cientos de contagiados, mientras de las autoridades del ministerio de Salud reciben persecución y amenazas como denuncian los gremios y legisladores de la izquierda. O también los docentes que siguen sin cargos y continúan sus reclamos.
Sin dudas, si esta fuerza social gana las calles, el gobierno y las patronales, deberían repensar su política de salud y en materia económica. Pero si esto no sucede, no es por falta de voluntad de las y los trabajadores, si no por una decisión consciente de las direcciones sindicales que apuestan a conducir todo el malestar y la bronca con el gobierno y las patronales hacia las urnas. Una especie de “hay 2019” pero hacia 2021 como “ensayo general” de cara a las elecciones ejecutivas de 2023, puesto que la continuidad de Morales, aunque ahora distanciado de Macri, es funcional a la táctica del “mal menor”, desgastar pero sin pisar las calles.
Aquí ingresa un segundo actor, el PJ que dirigiendo los principales sindicatos y gremios de la provincia, abona esta política tratando de llevar agua para su molino. Conteniendo a los trabajadores desde los sindicatos, ayudando desde Nación y la conducción de su partido a Morales a gobernar y a la par multiplicar sus negocios, y con un sector de legisladores “críticos” del gobierno y de la propia conducción de su partido, tratan de contener también dentro del propio PJ el malestar de amplios sectores de trabajadores con el régimen político que gobierna Jujuy para los Blaquier, los grandes tabacaleros y las mineras. Un esquema que solo deja miseria y pobreza para las amplias mayorías, en el marco de una crisis, que hasta los afines al Frente de Todos, sostienen será muy dura durante lo que llaman la pospandemia.
Tercero: hay una pelea de fondo, aquella que puede definir, quién paga la crisis desatada por la pandemia y descargada sobre la clase trabajadora por los gobiernos capitalistas. Esta tarea estratégica es la que encaramos las y los militantes del PTS-Frente de Izquierda, advirtiendo sobre los peligros de confiar en quienes colaboran con el enemigo, como parte de organizar en forma independiente a las y los trabajadores para hacerse fuerte en los sindicatos, y pelear por la unidad de ocupados y desocupados, coordinar a los jóvenes precarizados, intervenir en el movimiento de mujeres y estudiantil para ampliar las fuerzas aliadas de los trabajadores, con la perspectiva de ganar las calles con las demandas del pueblo trabajador. Por eso impulsamos encuentros y plenarios por ramas de actividades de trabajo y también en las facultades, terciarios y colegios de todo el país.
Se trata de pelear una perspectiva por unir a las fuerzas sociales que son decisivas al momento de conquistar una salida que lleve a que los grandes empresarios, banqueros y terratenientes paguen esta crisis. Y de esa manera, ganar a los pequeños productores y comerciantes de barrio arruinados para una salida anticapitalista que permita conquistar un ingreso de cuarentena de 30 mil pesos para todos los desocupados, los fondos necesarios para equipar los hospitales, la construcción de viviendas sociales y de un plan de obras públicas, controlado por los trabajadores y que genere trabajo genuino, la recomposición de los salarios acorde la inflación, la entrega de créditos a tasa cero a los productores arruinados, evitando así que estos últimos sean ganados por la derecha patronal en contra de la clase trabajadora.
Para esto no queda otra que afectar a los que más tienen. Son ellos o nosotros. Este desafío de conjunto es una tarea paciente que tenemos que encararla con audacia, audacia y más audacia porque se trata ni más ni menos que de nuestro futuro. |
