Esta iniciativa debe ser aun aprobada en la Cámara de Representantes y viene a dirimir la polémica alrededor de la distribución del presupuesto para la “seguridad” fronteriza y qué despliegue llevar a cabo de la Guardia Nacional.
De aprobarse esta nueva asignación de presupuesto, según informa La Jornada, se contratarán cientos de nuevos agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Recordemos que en los últimos meses de su gestión, Rick Perry, anterior gobernador de este estado había anunciado una “inversión” 86 millones de dólares para extender hasta agosto de este año la Operación Seguridad Fuerte.
Esta medida había recibido críticas en Estados Unidos, como la de Terri Burke, directora ejecutiva de ACLU Texas, quien declaró a El País que “Texas ha perdido más de 50 millones de dólares de los contribuyentes en este programa innecesario y derrochador, le pedimos al Concejo Legislativo de Presupuesto que vete esta iniciativa”.
Pero lo cierto es que la militarización de las fronteras es claramente la política tanto de republicanos como de demócratas, ya que en los proyectos de reforma migratoria presentados ambos partidos estaban de acuerdo en realizar un gran despliegue de fuerzas represivas en la frontera con México.
A su vez, por órdenes de Obama, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto está llevando a cabo desde el año pasado el Programa Frontera Sur, que busca impedir el tránsito de los migrantes centroamericanos indocumentados hacia el gigante del norte. Para eso se vale de persecución y acoso, de obstaculizar el abordaje del tren llamado “La Bestia”, así como de empujar a las personas que emprenden tan peligroso viaje a transitar parajes desolados, y estar entre dos fuegos: las fuerzas represivas del Estado mexicano -incluyendo aquí a los agentes del Instituto Nacional de Migración- y las fuerzas del crimen organizado.
Demócratas y republicanos contra los migrantes
El pasado 26 de mayo los jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 5to. circuito de Nueva Orleans dictó el mantenimiento de la suspensión de las medidas ejecutivas propuestas por Barack Obama, DAPA –el programa de acción diferida para padres de ciudadanos y residentes permanentes– y DACA –el programa que beneficia a quienes llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad–. Estos programas frenarían las deportaciones de un sector de los migrantes indocumentados y otorgarían un permiso de trabajo por tres años. En otras palabras, pateaban el problema para adelante.
Aunque estas medidas claramente no daban una solución de fondo a la zozobra y al riesgo inminente de deportación y separación de familias de millones de migrantes, iban a constituir cierto alivio para alrededor de 5 millones de personas.
El mantenimiento de la suspensión de las medidas ejecutivas –sobre el cual ya anunció el gobierno estadounidense que no apelará- se combina con deportaciones mensuales de aproximadamente 400,000 personas, el encarcelamiento de familias, de niños y jóvenes en centros de detención para migrantes.
Mientras tanto, un grupo de 136 congresistas demócratas pidió el cierre de los centros de detención de migrantes al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson. Pero fue Barack Obama el que tomó la decisión de abrirlos y detener allí a miles de personas que hicieron una peligrosa travesía por México para terminar detenidas por tiempo indefinido.
En dichos centros están encarcelados madres con sus hijos en muy malas condiciones. En particular en el centro de Kearnes, Texas, varias madres llevaron a cabo huelgas de hambre para exigir su liberación en marzo y abril.
Según se denuncia en el artículo “Madres e hijos que piden asilo viven experiencias traumáticas durante su detención”, las personas detenidas sufren graves problemas psicológicos, traumas, depresión y pensamientos suicidas.
Son madres e hijos que han sobrevivido a innumerables peligros durante su migración, o a ataques en sus países de origen: ataques sexuales, intentos de asesinatos, reclutamiento para las maras bajo amenaza de muerte. Ahora están a la espera de que un juez decida si les permitirán residir en Estados Unidos o si los deportarán al infierno del que huyeron.
Asimismo, continúa desatada la violencia racial que la policía estadounidense ejerce no sólo contra los afroamericanos, sino también contra los latinos, como el caso de Rubén García Villalpando, de 31 años, asesinado por el policía Robert Clark. Este agente acaba de ser exonerado el 22 de mayo pasado por un jurado de Texas, demostrando una vez más que para la maldita policía siempre hay impunidad.
Esta situación es intolerable. La política reaccionaria del gobierno estadounidense responde a un interés supremo: el de las empresas, grandes y pequeñas, para contar con mano de obra ultraprecarizada dispuesta a aceptar salarios miserables para poder llevarse un pedazo de pan a la boca.
Esto también golpea a los trabajadores estadounidenses, ya que les impone también peores condiciones laborales, con la amenaza de que si ellos no aceptan la precariedad, los migrantes indocumentados sí lo harán.
Es un mecanismo perverso para mantener dividida a la clase trabajadora multiétnica de Estados Unidos.
Contra esto, afroamericanos, latinos, migrantes de todas las latitudes y blancos deben construir la unidad para arrancarle al imperialismo estadounidense plenos derechos sociales, políticos, laborales y sindicales para todos, así como el libre tránsito en la región. | 
