La desaparición forzada de un comerciante y un video que muestra a sujetos con uniformes de la Fiscalía de Jalisco como los responsables, ha suscitado una serie de deslindes por parte de las autoridades de la entidad. Esta no es la primera vez que una institución a cargo de Gerardo Octavio Solís Gómez es señalada por casos de desaparición forzada.
Esta misma tarde se confirmó la muerte de un joven que estaba bajo custodia policíaca en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.
El historial de este fiscal incluye acusaciones por represión, detenciones arbitrarias, tortura, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia que, sin embargo, han pasado de largo para el gobernador Enrique Alfaro, quien propuso y respaldó a Gerardo Solís para el cargo en 2018.
De orígenes panistas, Gerardo Solís ha tenido una carrera política marcada por la polémica. En el año 2000, el entonces gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, nombró a Solís procurador del estado y fue en 2001 que Francisco Ramírez Acuña lo ratificó en el cargo, mismo que ejerció hasta 2005, cuando fue nombrado secretario general de Gobierno.
Fue en 2004 que Gerardo Solís se consolidó como un funcionario de "mano dura". La cruenta represión a las protestas en contra de la Tercera Cumbre Latinoamericana y la Unión Europea dejó tras de sí al menos 19 casos de tortura, 73 casos de retención ilegal e incomunicación, así como tratos crueles y degradantes acreditados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Este caso -por el cual no hubo investigación- no fue el único durante su gestión al frente de la Procuraduría. Según reporta el medio El Universal, se interpusieron 640 quejas por violaciones a los DDHH por parte de elementos de la Procuraduría a cargo de Solís. Según una recomendación emitida por la Comisión de DDHH local, la Procuraduría "había adoptado la tortura como una práctica sistemática en el lapso 2001-2006.
En 2006 fue nombrado gobernador interino de Jalisco y, hacia 2007, buscó la conformación de una policía secreta, propuesta que lanzó al Congreso y que finalmente no se concretó. Entre otros cargos, fungió como delegado de la PGR y formó parte del equipo del gobernador Aristóteles Sandoval.
Como Fiscal, su administración no ha estado exenta de señalamientos. En febrero de este mismo año, trascendió en los medios una denuncia en su contra por tráfico de influencias y obstrucción de la justicia, al desistirse del proceso en un asunto de despojo de terrenos presentado ante la Fiscalía Anticorrupción.
Las protestas por el asesinato de Giovanni López a manos de la policía municipal de Jalisco fueron otro escenario en donde salió a relucir el carácter autoritario de una estructura que se ha mantenido por años en la impunidad. En esta protesta, que denunciaba la brutalidad policíaca, elementos de la policía ministerial realizaron detenciones arbitrarias con métodos con características de desaparición forzada, según señalaron organismos de DDHH.
Tan flagrantes fueron las violaciones cometidas por elementos policíacos, que Gerardo Solís se vio forzado a salir a ofrecer disculpas, además de entregar a chivos expiatorios. Buscó con esto proteger además la gestión de Alfaro, manteniendo la atención en quienes ejercen directamente la violencia y desviándola de una estructura completa que avala y se sirve del papel de los cuerpos represivos.
No es si no de esa forma que puede explicarse la impunidad en casos como los del director de Recursos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta involucrado en acusaciones de pedofilia. Junto a la represión, son algunas de las muestras más visibles de que la impunidad es síntoma de un engranaje bien aceitado que administra y coordina la violencia del Estado. | 
