El pasado viernes y luego de siete años, se dio comienzo en la sala del Senado a la discusión sobre el proyecto de ley de migraciones de Chile, proyecto no exento de polémicas y contradicciones entre el oficialismo y la oposición, quienes propusieron dos indicaciones que Piñera considera que, si fueran aprobadas, tendría que verse en la obligación de vetarlas. La primera establece que cualquier persona que llegue a la frontera de Chile puede pedir una visa para buscar trabajo, y la segunda, que cualquier persona que ingrese en forma ilegal, hasta 90 días después de aprobada la ley, se le promete una visa y que se le va a regularizar su situación migratoria. Indicaciones no menores considerando la actual situación de pandemia.
Debemos tomar en cuenta que en la actualidad se encuentran más de un millón y medio de migrantes en el país, los cuales, en su gran mayoría, se desempeñan en trabajos con remuneraciones bajas y en condiciones laborales precarias, además de ser discriminados y en algunos casos vivir una completa violencia sistémica por parte del Estado, tal y como le sucedió a Joane Florvil, haitiana fallecida tras ser detenida injustamente por carabineros.
A su vez no es exagerado destacar que las políticas restrictivas que pretende implementar el gobierno a la población migrante, solo invisibilizarían y vulnerarían los derechos de miles de personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. Sin mencionar que las actuales leyes que rigen la situación migratoria, no son mejores, considerando que representan parte de la herencia de dictadura.
Esto deja en evidencia la actitud xenófoba, racista y reaccionaria del gobierno, que también se expresa en la represión desplegada en contra del pueblo Mapuche y que ahora quiere dirigirse hacia la población migrante.
Es necesario rechazar toda acción por parte del gobierno en contra de los millones de trabajadoras y trabajadores extranjeros que ingresan al país, al mismo tiempo que vamos por echar abajo esta ley que es otra herencia más de la dictadura, que permite a los capitalistas a levantar empresas y negocios millonarios a su antojo mientras arrojan a miles a la pobreza y la precarización.
Con esta nefasta ley que el gobierno de Piñera busca proteger, mientras la oposición busca asentar tibias indicaciones, es que miles de migrantes - en plena pandemia - se ven despojados de sus derechos básicos, siendo arrojados a los trabajos en negro y a míseras condiciones de vida por ser tratados como ilegales.
La posturas xenofóbicas y racistas del gobierno y su régimen de empresarios, agudiza la desigualdad en medio de una crisis sanitaria, en donde cientos de
trabajadoras y trabajadores junto a sus familias se ven obligados a afrontar la pandemia con total desprotección teniendo que dormir en la calle frente a las embajadas, exponiendo su salud debido a la falta de higiene.
Cabe reafirmar que la migración es un derecho democrático y que ningún ser humano debe ser tratado de ilegal. Al mismo tiempo que la lucha contra el racismo, la xenofobia y las leyes antinmigrantes, forman parte de una discusión internacional que hoy por hoy toma fuerza en los distintos países donde se viven estas injusticias, ya que, sin estas fronteras impuestas a la fuerza, los avances de la organización y resistencia de la clase trabajadora, jamás se verán delimitadas por fronteras virtuales e impuestas antidemocráticamente. | 
