El año pasado la Agrupación La Providencia, cursó una solicitud en el Consejo de monumentos en Santiago y en la oficina de parte de la Intendencia, que es el lugar donde fue asesinado Joaquín Espinosa (36 años) en 1973, que según una investigación de Jennifer Díaz y Renata Urbina, periodistas de la UCN, él era: "trabajador sin militancia política, que fue ejecutado en el segundo piso del edificio, junto a la oficina del Intendente de ese entonces Joaquín Lagos Osorio, con dos impactos de bala en su cabeza y uno en el tórax propinados por Patricio Ferrer Ducaud, Jefe del Servicio de Inteligencia Militar."
El Mercurio, el 17 de septiembre de 1973, tituló: “Activista muerto en la Intendencia”, pero tal fue otro montaje más, ya que a Espinosa lo asesinaron solo por encontrarse involucrado en un accidente automovilístico de los militares.
Esta investigación ya mencionada, realizada por Jennifer Díaz y Renata Urbina, menciona:
"La Intendencia de Antofagasta, funcionó como centro de detención los primeros meses de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Hasta ahí eran llevados en su mayoría militantes de la Unidad Popular, activistas o simpatizantes de las ideas de la izquierda. Las personas eran llevadas a la Intendencia luego de su detención para ser posteriormente llevadas a otros centros de la ciudad. Como fue en el caso de Luis Muñoz, Elizabeth Cabrera y Nesko Teodorovic, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes fueron trasladados desde la Intendencia hacia la Base Aérea Cerro Moreno, donde fueron asesinados en el trayecto, el mismo día que fue ejecutado Joaquín, que es la única víctima asesinada en el edificio gubernamental, hasta el momento.
Para la Agrupación, estos serían antecedentes contundentes para declarar el lugar como sitio de memoria y colocar la placa distintiva de reconocimiento como centro de detención política.
En la región de Antofagasta, hay solo dos centros de detención/tortura recuperados y reconocidos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), como Chacabuco y Providencia (sitio expropiado por Carabineros desde el año 1974 hasta la fecha), en un universo de 42 centros reconocidos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en todo el territorio regional."
A 2 semanas de un nuevo 11 de septiembre, y con los crímenes a los derechos humanos que ha realizado carabineros mandados por este gobierno (y anteriores) contra los que se manifiestan, el pueblo mapuche y trabajadores, es necesario más que nunca exigir juicio y castigo a los responsables civiles y uniformados de los asesinatos en dictadura, pero también de la revuelta social, las violaciones y represión bajo estado de excepción y toque de queda. La disolución de Fuerzas Especiales y Carabineros de Chile, por no más impunidad, represión y criminalización. Además de pelear por la libertad a todos los presos políticos mapuche y de la revuelta. |
