El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó que “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”. Además sostuvo que “es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”.
Sus declaraciones se enmarcan en la campaña que impulsan sectores reaccionarios en Río Negro que el sábado realizaron un “banderazo patriótico” en “defensa de la propiedad privada”. El mismo consistió en una movilización hacia la Lof Lafken Winkul Mapu con consignas racistas, de odio y violencia hacia el pueblo mapuche.
En las redes sociales se invitaba a asistir con armas de fuego o cualquier otro objeto que pueda ser de utilidad para causar daño. Por esta razón el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por “la posible comisión de delitos”.
A la movilización también asistió la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, quien había declarado que la presencia de la Policía de Río Negro y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) era para cuidar a los manifestantes, a la par de estigmatizar a los mapuches: “este grupo de encapuchados no tiene ninguna legitimidad”.
Durante el mes de mayo la policía provincial llevó adelante una represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, donde efectivos de la comisaría 42 de Bariloche se apostaron alrededor del territorio recuperado sobre la ruta cerca del lago Mascardi y efectuaron disparos contra sus integrantes.
En 2017 Villa Mascardi fue el lugar donde, en un operativo de la policía provincial de Río Negro, un miembro de Albatros (Prefectura) asesina por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel. Fue el año donde comenzó la ocupación de las tierras por parte de la comunidad mapuche que reclama su reconocimiento y sus derechos territoriales, políticos y culturales. Sin embargo, del otro lado se encuentran los intereses de los grandes terratenientes y empresarios que buscan defender sus negocios como el agro, el fracking, la megaminería y el turismo.
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