La organización de derechos humanos emitió un informe con una investigación sobre el aborto en Argentina y las consecuencias de la clandestinidad, donde incluye recomendaciones al poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.
El aborto legal, seguro y gratuito fue la demanda que instaló la marea verde en las calles durante el 2018 llegando a marchar por miles mujeres y jóvenes para conquistarla. La movilización fue clave no solo para instalar el debate en la sociedad, sino también para lograr que se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados. Tras la derrota en el Senado, el aborto se mantuvo en clandestinidad con todas las consecuencias que eso conlleva para la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
La organización de DDHH Human Rights Watch (HRW) realizó una investigación sobre la problemática en el país titulada "Es hora de saldar una deuda
" en la cual entrevistó a cinco mujeres y una niña que habían intentado acceder al aborto legal. Además documentó otros “13 casos adicionales mediante entrevistas con 24 profesionales de la salud, trabajadoras sociales, activistas y abogadas”.
En la misma afirma: “Quince años después de que Human Rights Watch publicara su primer informe documentando obstáculos que afectan el acceso a servicios de aborto y atención post aborto en Argentina, y tras la investigación para este informe, encontramos que la mayoría de los obstáculos persisten y siguen negándose los derechos de las personas gestantes en Argentina”. Sobre lo que concluye que “la consecuencia, según hemos observado, ha sido el sufrimiento innecesario y en algunas ocasiones la muerte: un costo humano desgarrador que podría evitarse con la despenalización del aborto”.
Según el informe, tras el rechazo del Senado en el 2018 Argentina perdió una oportunidad histórica para lograr avances significativos en la protección de derechos sexuales y reproductivos, dado que “ha dejado a las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina, particularmente aquellas con bajos ingresos y quienes viven en zonas rurales, con acceso limitado al aborto, lo cual afecta gravemente su vida y su salud”.
Al momento el aborto se encuentra criminalizado por el Código Penal que establece una pena de hasta 4 años para una mujer que se lo induzca o preste su consentimiento para que lo realice un tercero. El mismo establece casos excepcionales donde la interrupción del embarazo es legal, que sin embargo según HRW en estos casos “las personas gestantes a menudo no pueden acceder a un aborto seguro y legal según las causales reguladas en el artículo 86, debido a múltiples obstáculos que restringen sus derechos”. De las 23 provincias del país hay 5 que directamente “ no han promulgado sus propias normas para reglamentar el acceso al aborto legal ni se han adherido a las reglamentaciones adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación” (Tucumán, Corrientes, Formosa, San Juan y Santiago del Estero)
La investigación también destaca que “En 2016, 39,025 mujeres y niñas fueron internadas en hospitales públicos por problemas de salud ocasionados por abortos espontáneos o de otro tipo[12]. El 16 % de ellas, o 6,164, eran niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Es probable que estos números representen apenas una fracción del total de personas gestantes que necesitan atención médica por complicaciones de salud resultantes de abortos inseguros en Argentina, ya que solo incluyen quienes fueron hospitalizadas, sin tomar en cuenta a quienes solicitaron atención en el sistema de salud privado ni a quienes no buscaron obtener atención médica”.
Entre otros datos, afirma que según la OMS 3 de cada 4 abortos realizados en África y América Latina desde 2010 hasta 2014 se practicaron en condiciones inseguras. Y que según la misma organización entre el 4,7 % y el 13,2 % de las muertes maternas que se producen cada año pueden ser atribuidas a abortos inseguros.
En el marco de la crisis sanitaria, el informe asegura que “la pandemia de Covid-19 y el consecuente confinamiento en los domicilios han sumado nuevos obstáculos que impiden el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos”. A lo que agrega “la necesidad de visitar distintos centros de salud y viajar, a veces durante varias horas, para poder acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, multiplica el riesgo de contagio de Covid-19”.
Es sobre este estado de situación que la organización realizó una serie de recomendaciones a los distintos organismos del Estado. Al presidente Alberto Fernández le recomendó “enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que despenalice el aborto en todos los casos y sea regulado de forma tal que respete la autonomía de las personas gestantes”. Con palabras similares se dirige al Congreso Nacional poniendo el acento en la necesidad de despenalizar la práctica y darle un marco jurídico que asegure el acceso al aborto.
Al poder ejecutivo también lo exhortar a “considerar la posibilidad de ampliar el rango de profesionales capacitados para realizar abortos, incluyendo a profesionales y asistentes de enfermería, parteras y médicos de especialidades no clínicas, entre otros[16]”. Mientras que sobre al poder judicial lo insta a “Dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en el caso “F.A.L.”[20], que establece que es ilegal solicitar la presentación de una denuncia policial o exigir una orden judicial para interrumpir un embarazo producto de una violación”.
