Se conoció la disposición en un decreto publicado en el Boletín Oficial de la provincia del 31/8. En el mismo el gobierno establece medidas de criminalización al personal de la salud que no cumpliese con las disposiciones del ministerio de salud. Este accionar se da en medio de un sistema sanitario colapsado y donde existen múltiples denuncias de avasallamiento de derechos laborales y de persecución a quienes están en la primera línea.
El Decreto Acuerdo 1444-S/2020 del 24/8 y publicado el 31/8 en el Boletín Oficial proponer incorporar al Artículo 2° del Decreto Acuerdo 741-G 2.020 lo siguiente: “Al personal del sector público y/o privado que, integrando o afectado al sistema de salud público de la Provincia, cualquiera sea la situación de revista o el lugar donde cumpla funciones, que incurriere en incumplimientos a intimaciones, requerimientos y/o disposiciones de autoridad competente, que deriven en la falta de concurrencia o prestación efectiva de servicios en el destino que le sea asignado, conforme necesidad y/o urgencia”
Este accionar persecutorio y de criminalización al personal de la salud se da luego de varios meses de cuarentena donde el personal de salud de Jujuy denunció en varias medidas de lucha que no se cumplían las licencias por ser personas de riesgo o a mayores de 60 años, también que arbitrariamente trasladaban a profesionales de lugares de atención, que necesitaban equipos de protección para atender pacientes ya que no podían exponer ni exponerse.
El decreto emitido por el gobernador Gerardo Morales, que tiene que ser refrendado en la Legislatura de Jujuy plantea que valiéndose del código penal y el código contravencional plantea que “se le impondrá multas de pesos cuarenta mil ($ 40.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000), más accesorias de arresto y/o inhabilitación, cuando correspondiera, sin perjuicio de la aplicación del régimen previsto en el título Cuarto (4to) del Código Penal, y Código Contravencional”.
Estas situaciones se fueron multiplicando ante la política sanitaria y el maltrato por parte del Gobierno de Jujuy, el ministerio de salud a cargo de Gustavo Bouhid, y distintos funcionarios y jefes de la cartera. Más que aplausos a los esenciales de la salud el Gobierno tendría que garantizar derechos, sin embargo sucedió todo lo contrario.
Resulta inadmisible el ataque por parte del gobierno de Jujuy a trabajadores que están sosteniendo la atención sanitaria y salvando vidas en pleno colapso. El decreto es un herramienta de castigo para quienes cuestionen y se opongan a cualquier accionar del ministerio de salud. Con el mismo consideraran que cada acto de resistencia a la autoridad y de protesta es un incumplimiento de funciones. Por el decreto generó el repudio de los trabajadores de la salud, algunos sindicatos, pero también de familiares, amigos, personas que son pacientes y saben del trabajo y enormes esfuerzos que se está realizando a pesar de la violencia del Estado.
La situación no es casual. En los últimos dos meses donde el sistema sanitario entró en colapso, profesionales afirmaron que “tienen un límite” y que no dan abasto para atender más pacientes y camas en las terapias intensivas porque ponen en riesgo a las personas. Fueron varios los que en los hospitales se negaron a seguir atendiendo sino les depositaban los salarios adeudados por varios meses porque no podían costearse la vida así. Muchas trabajadoras jóvenes incluso renunciaron ante la posibilidad de contagio de ellas, y contagiar a sus familias porque no les daban equipos de protección, otros se negaron a trabajar en esas condiciones. También muchos que ante ser casos sospechosos o contactos estrechos de personas con covid-19, y sin respuestas ante la exigencia de testeos, se autoaislaron cumpliendo protocolos.
Por eso, desde las bancas del PTS FIT días atrás presentamos un pedido de informes al ministro de Salud ante los descuentos de salarios a quienes tomaron licencia por covid-19, como también denuncias de persecución, maltrato, disposiciones y memorandums arbitrarios, accionar que no se puede permitir para ningún trabajador.
Exigimos que el Gobierno de Morales de marcha atrás con el decreto, como también pague salarios descontados, deje sin vigencia llamados de atención que son de carácter persecutorio, como también garantizar el derecho democrático del ejercicio sindical y de protesta. La inminente visita del presidente Alberto Fernández a la provincia dejará también en evidencia que acciones y medidas del gobierno provincial avalará, muchas de las cuales vienen siendo cuestionadas por los trabajadores de la salud, incluso en la jornada de protesta del ‘dia de hoy, con el agravante del decreto violatorio de derechos humanos.
Es fundamental que sindicatos, como organizaciones de DDHH, sociales y políticas rechacen este decreto que sería, además, un pésimo antecedentes para quienes se organizan y luchan, mas aún, cuando pretenden descargar la crisis sobre nuestras espaldas.
