Las abogadas de la víctima del cura platense Raúl Anatoly Sidders solicitaron que se le prohíba la salida del país, ya que existen riesgos procesales como "entorpecimiento probatorio" y "fuga”.
A través, de un escrito presentado en el Juzgado de Garantías número 2 de La Plata, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, la querella afirma que es "elocuente" que el sacerdote se encuentra en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, en el acceso a la triple fronteras entre Argentina, Brasil y Paraguay, "sin función alguna" e inclusive se desconoce "bajo qué autoridad".
Por lo tanto, se “agudiza el peligro de fuga” teniendo en cuenta que esta etapa es crucial para la investigación que se lleva a cabo contra el clérigo por abuso sexual de una menor. Además el documento aclara que existe la “expectativa y la posibilidad concreta de que Sidders “trascienda sin control alguno las fronteras del país” poniendo en riesgo el proceso judicial.
En el mismo texto la querella patrocinada por el reconocido defensor en casos de abuso eclesiástico Juan Pablo Gallego, requiere al Arzobispado de La Plata “que remita el Legajo Eclesiástico completo del imputado”, incluyendo la supuesta “amonestación y reprensión canónica” que le habría sido impuesta al sacerdote “en vinculación con los hechos que aquí se ventilan”.
Este propósito expone la cadena de encubrimiento que suele llevarse a cabo por parte de la cúpula eclesiástica. Maniobras como el “traslado” de los sacerdotes o la “recomendación de prudencia y prevención” hacia el Obispo de Puerto Iguazú, a quien se le sugirió que Sidders no tenga ninguna “tarea en colegios o con menores de edad”.
Recordemos que el acusado fue Capellán del Colegio platense San Vicente de Paúl durante 20 años y en el mes de marzo fue trasladado a la ciudad misionera de Puerto Iguazú, a pedido del exobispo auxiliar platense Nicolás Baisi, quien lo “solicitó como su secretario”. Al mismo tiempo se intentó designarlo como capellán de la Gendarmería en esa región, lo que se vio frustrado al conocerse públicamente las denuncias de exalumnos y alumnas por abuso.
En cuanto a las imputaciones, si bien algunas circularon a través de las redes sociales e incluso por toda la comunidad educativa del Colegio católico, la investigación judicial tomó forma cuando Rocío lo denunció por abuso sexual durante los años 2004 y 2007, cuando ella contaba con entre 11 y 13 años de edad.
La respuesta por parte de las autoridades canónicas no tardó en llegar, al día siguiente de la presentación judicial el Obispado de Iguazú defendió a Sidders, adjudicando la denuncia a una "fake news", es decir a una falsa noticia. Frente a este papelón de dimensiones bíblicas, el Arzobispo platense, Víctor Manuel Fernández pidió, a través de una misiva, que el sacerdote no tenga tareas en colegios, ni contacto con menores mientras siga la investigación judicial.
A partir de aquí, el sacerdote se encuentra en una situación nebulosa, ya que no cumple tareas asignadas, poniendo en tela de juicio la veracidad de sus requerimientos y dejando entrever la ya habitual maniobra de encubrimiento por parte de las autoridades de la Iglesia Católica que comanda Jorge Bergoglio, frente a otro cura abusador. | 
