Al iniciarse la emergencia sanitaria por Covid-19 en Perú, el Ejecutivo emite el Decreto Supremo 044-2020-PCM estableciendo la inmovilidad social y el cese de actividades presenciales en todos los centros de trabajo para evitar el contagio por esta pandemia. Pocos días después, aparece en escena la presidenta de la Confederación de Empresarios Privados María Isabel León y señala que “uno no puede pensar que los campamentos mineros se van a detener durante quince días porque paralizarían la actividad minera” [1]. De esta forma, el gremio de empresarios más influyente del país – la CONFIEP - sentaba posición y condicionaba el accionar del estado y particularmente al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Energía y Minas.
Inmediatamente la titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de ese entonces, Susana Gladis Vilca Achata; toma la decisión de exceptuar a las actividades mineras de la inmovilidad social, y propone que se establezca esta excepción de forma literal en el Decreto Supremo 044-2020-PCM, pues al igual que la presidenta de la CONFIEP, la titular del Ministerio de Energía y Minas no podía concebir una paralización total de las funciones en minería, a pesar de que era la medida más sensata para los trabajadores mineros quienes son parte de la población vulnerable al Covid-19, ya que muchos de ellos padecen enfermedades respiratorias profesionales por el trabajo con el mineral, como son la silicosis, neumoconiosis, entre otras. De esta forma, la titular del MEM prefirió beneficiar los ingresos de las corporaciones mineras en claro perjuicio de la salud y la vida de los obreros mineros.
Para concretar esta iniciativa pro empresarial, Vilca Achata envió el 17 de marzo la propuesta a María Antonieta Alva, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante el Oficio N° 059-2020-EF/10.01. Amparándose en ese documento, el MEF decide incluir a las actividades en minería dentro de la relación de actividades de excepción en el literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. [2] Así pues, el Ministerio de Energía y Minas comunica la continuidad de labores en minería a pesar de la emergencia sanitaria, con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas y su titular María Antonieta Alva.
Por ello, las labores en minería no paralizaron a pesar de haberse desatado la pandemia en todo el país. Las restricciones a la movilidad social y la falta de transporte, propiciaron que las empresas mineras aumenten la jornada laboral en los campamentos mineros, impidiendo que los trabajadores regresen a sus casas y vean a sus familias para evitar supuestos contagios.
Esta iniciativa gubernamental, que se implementa antes de emitirse el Protocolo Preventivo y Sanitario contra el Covid-19 en minería, a todas luces fue un grave error, pues expuso a un mayor peligro al contagio a los trabajadores mineros quienes, como se dijo, son población vulnerable ya que, por su actividad laboral (trabajo en los socavones, en las canteras y por los minerales y reactivos que manipulan) sufren de enfermedades respiratorias. Como reportó en su momento la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú, la jornada de los trabajadores mineros aumentó de forma unilateral en perjuicio de la salud de los trabajadores, pues los empleadores les exigieron trabajar de forma ininterrumpida llegando a estar un mes o 60 días en el campamento minero, para luego tener un descanso de una semana o dos. Estas formas precarias de trabajo propiciaron que rápidamente se propagara el contagio de covod-19 en los campamentos mineros.
El 7 de julio del 2020, el diario Gestión alertaba de la existencia de 1000 casos reportados de trabajadores mineros contagiados, que no recibían debida asistencia médica. Estas eran las cifras oficiales que las empresas mineras habían puesto al alcance del Ministerio de Energía y Minas, sin embargo, este importante Ministerio nunca se pronunció ni movió un dedo para mitigar la difícil situación que empezaron a vivir miles de trabajadores mineros. De esta manera, el registro de obreros contagiados se convirtió en una formalidad más que no es atendida por el gobierno de Martin Vizcarra. Al parecer, para el Ministerio de Energía y Minas, estas cifras de contagiados solo representan un hecho ornamental, por eso no le dan importancia ni muestran el mas mínimo interés por darle solución, a pesar que fue el mismo Ministerio de Energía y Minas con el aval del Ministerio de Economía quienes propiciaron de forma negligente, irresponsable e indolente la continuidad de labores en minería, generando de esa forma el aumento de la jornada laboral en los socavones y centros metalúrgicos, con lo cual los contagios se dispararon.
A esto se suma que en la actualidad las empresas mineras no hacen pruebas moleculares a su personal obrero para saber si un trabajador está enfermo o no. Los empresarios mineros se sostienen en que el Protocolo Preventivo contra el Covid-19 propuesto por el gobierno sólo exige la obligatoriedad de testeos rápidos y no los moleculares, protegiendo el presupuesto de las empresas mineras. Este mismo protocolo demuestra ser ineficiente, pues debe exigirse muchas más acciones de limpieza a las empresas mineras además de sanciones oportunas por vulnerar y exponer a riesgo miles de vidas de trabajadores.
Los casos no reportados: miles de obreros se contagian en la minera Aurífera Retamas MARSA
El 3 de agosto en la Izquierda Diario Perú, alertamos el caso de 700 obreros mineros contagiados de Covid-19 en el campamento minero de la empresa Aurífera Retamas Marsa, además del fallecimiento de un obrero de la concesionaria SODEXO que se encontraba operando en el campamento.
El dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores Luis Cerna alertó sobre esta penosa situación ante SUNAFIL de la Libertad y las autoridades regionales, sin tener respuesta alguna, motivo por el cual, el sindicato decide iniciar una medida de huelga y paralización de labores. Fruto de esta medida de lucha, a Luis Cerna lo detienen y lo trasladan a la Comisaría de Huamachuco, con el temor de desaparecerlo, demostrándose que, en la zona, tanto las autoridades gubernamentales como la policía trabajan para los intereses de las empresas mineras.
Además de estos hechos, los dirigentes sindicales alertan que la empresa minera Marsa les impuso un sistema de camas rotativas o “camas calientes” para ahorrar costos en la construcción e implementación de los campamentos mineros, lo que ha propiciado el contagio masivo. Ninguna de estas denuncias ha sido atendida por el gobierno hasta la fecha.
De igual forma, el 19 de agosto los trabajadores de la empresa Minera Corona, unidad Yauricocha (Lima), iniciaron una huelga indefinida por los múltiples contagios de trabajadores con COVID, contra los despidos a más de 120 trabajadores y por la vulneración de sus derechos laborales. A todas luces, los casos no reportados de contagios por coronavirus en los campamentos mineros exceden a las cifras oficiales.
La Responsabilidad de María Antonieta Alva en el Ministerio de Economía y Finanzas
La actual Ministra de economía María Antonieta Alva se ha mostrado como la técnica favorita por los últimos gabinetes que ha tenido el presidente Vizcarra, en buena medida, por la posición liberal que defiende a raja tabla y que la confederación nacional de grandes empresarios-CONFIEP, aplaude y saluda.
Recordemos que ella se opuso fervientemente al impuesto a la riqueza, a costa de renunciar si el ejecutivo decidía implementarlo. De igual forma, ha organizado la paupérrima distribución de bonos inferiores a un salario mínimo vital a menos de un 20% de la población, con un presupuesto mucho menor al que ha dedicado al financiamiento de las grandes empresas mineras en el Programa Reactiva Perú, programa al que dedicó 20 mil millones de dólares. De esa manera podríamos decir que María Antonieta Alva ha tirado por la ventana el futuro del país, pues todos los ingresos corrientes que tenía el Estado se los ha dado a las empresas mineras y a los grupos empresariales financieros a modo de préstamos, poniendo nuestros impuestos de garantía en caso de incumplimiento.
No contenta con beneficiar económicamente a la burguesía local, María Antonieta Alva y la titular del Ministerio de Energía y Minas han brindado las facilidades laborales para que el sector minero opere sin problemas. Ha permitido las labores en minería y ha propiciado que la jornada laboral minera aumente, exponiendo la salud de los obreros mineros, siendo así artífice de los contagios masivos en minería.
Contra esta arremetida patronal que se hace con la complicidad del gobierno y de las instituciones estatales, con lo cual se vulnera la salud y la vida de los trabajadores, los obreros debemos organizarnos, creando espacios de articulación que nos permitan, a la clase trabajadora en su conjunto, discutir de manera conjunta y democrática un programa de acción y un plan de lucha unitario y nacional para evitar que las consecuencias de la crisis económica y sanitaria las sigamos pagando los trabajadores y el pueblo pobre. Contra la barbarie del capitalismo, levantamos las banderas del socialismo y luchamos por un gobierno de los trabajadores.
Referencias:
1. El Comercio. Noticia de fecha 16 de marzo 2020. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/coronavirus-en-el-peru-confiep-no-se-puede-pensar-que-los-campamentos-mineros-van-a-paralizar-durante-15-dias-covid-19-estado-de-emergencia-mineria-nndc-noticia/
2. El Buho. Entre el empleo y la vida. Focos Infecciones de coronavirus en empresas mineras. 30 de abril del 2020. Disponible en: https://elbuho.pe/2020/04/entre-el-empleo-y-la-vida-focos-infecciosos-de-coronavirus-en-empresas-mineras/ |
