Hay 56 fallecidos y más de 13.000 contagiados en el sector sanitario en la provincia de Buenos Aires, mientras cobran un promedio de 40.000 pesos mensuales cuando la canasta básica es de 70.000, el gobierno no abre paritarias y en los establecimientos privados los sindicatos cierran a la baja.
A nivel nacional, según la Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina), hasta el 18 de agosto habían fallecido 72 sanitaristas y eran casi 20.000 contagios, mostrando que el 6% de los afectados son personal de la salud. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud informó que se alcanzaron los 13.000 trabajadores con coronavirus, siendo unos 5.000 del estamento público. Para el jueves 27 de agosto lamentamos 56 fallecidos, número que siguió incrementándose.
El personal de la salud sufre diariamente el descenso del poder adquisitivo de sus sueldos. La Junta de ATE INDEC estableció que la pérdida salarial del sector estatal supera los 450 mil pesos entre noviembre de 2015 y junio del 2020. El gobierno en el mes de abril acordó abrir nuevamente paritarias para el sector estatal en julio, aún este llamado está pendiente. Mientras el Banco Central difunde que la inflación anual será del 40%, el acuerdo salarial anual de sanidad que firmó Héctor Daer para los privados llegará apenas al 22%. Como si fuera poco se acordó mediante un escandaloso aumento en montos fijos que ni siquiera entra en el básico.
En la provincia de Buenos aires un enfermero ingresante de un hospital ganaba hasta marzo (antes de la pandemia) menos de 32.000 pesos en mano, lo que implica 205 pesos la hora. Ahora con el bono de 5000 pesos ganan 237 pesos la hora. No solo es bajo el sueldo, sino que además las condiciones de trabajo son pésimas, la disponibilidad de equipos de protección personal es escasa y la sobrecarga de los mismos es extrema llegando a atender hasta 8 pacientes internados por jornada laboral lo cual está muy por encima de las recomendaciones del Ministerio de Salud (2 camas por enfermera) y en dobles turnos diarios para cubrir a compañeros contagiados. Otro detalle no menos importante es que el sueldo básico no supera los 10.000 pesos mensuales, por ende, cada vez que perciben un porcentaje de aumento del sueldo lo hacen sobre ese importe. Los y las enfermeras constituyen el 80% de la planta de un hospital y llevan a cabo un trabajo completamente esencial dentro de las instituciones de salud, se encuentran entre los más contagiados en el sistema y con el mayor porcentaje de mortalidad que, evidentemente, no es suficiente para que reciban una remuneración acorde a sus labores y tengan la licencia correspondiente los que presentan enfermedades preexistentes.
Recibo de sueldo de ingresante
Los demás profesionales de la salud tales como médicos, kinesiólogos, bioquímicos, nutricionistas, entre otros, con cargos de planta o guardia en un hospital de la provincia de Buenos Aires tienen sueldos que van desde los 294 a los 340 pesos por hora, incluyendo el bono de 5000 pesos mensuales que otorgó el ministerio de salud, lo que significa un sueldo de 46.000 a 52.000 pesos en mano y el básico no supera los 20.000 pesos. Ahora bien, a todas estas profesiones hay que descontarles el pago obligatorio de sus respectivas cajas profesionales y el costo de la matrícula para ejercer lo que reduce significativamente los ingresos, entre 5000 y 10000 pesos. Por lo tanto, el cobro en mano no supera los 41000 pesos para la planta y los 48000 para la guardia. Lo que implica un valor hora de 262 pesos y 308 pesos hora para ambos, respectivamente.
El colegio de médicos de la provincia de Buenos Aires fijó el precio de la hora médica a partir del 1 de junio de 2019 en 3.500 pesos, valor que dista bastante de la realidad, tanto en el público como en el privado. El colegio de kinesiólogos ni siquiera fija un monto para la hora de trabajo kinésico.
Para subsistir hay que tener dos trabajos
La canasta básica familiar según el INDEC a la fecha de abril del 2020 es de 42.594 pesos, y por su parte, la Junta Interna de ATE Indec elaboró una canasta de consumos mínimos en julio que alcanzó los $ 69.433,7. Los trabajadores del organismo afirman que ningún trabajador debería ganar menos de esa suma en una familia tipo de una pareja y dos hijes.
Con estos costos de vida un profesional de la salud deberá recurrir a un segundo trabajo para poder mantener el hogar, y allí se incurre en el pluriempleo del empleado público de la salud. Cuando el profesional de la salud llega a tomar un trabajo en el sector privado, se denota una diferencia mínima con el público a nivel de remuneración ya que los salarios son levemente mejores. Esta es una estrategia del sector privado para tener disponibilidad de profesionales, aún sin pagar lo que corresponde, ya que sus sueldos raramente superan los de la canasta básica familiar.
Entonces, una vez que se logra llegar a fin de mes, es el Impuesto a las ganancias quien pone un límite irrisorio a los ingresos. Queda al descubierto que, aun trabajando el doble de horas, generando una explotación del trabajador, el Estado se ocupara de demostrarnos que la meritocracia no existe, ya que el mismo limitará los ingresos del trabajador, ya sea por la remuneración paupérrima en un cargo de planta en un hospital público o por la presión impositiva.
El pluriempleo genera una pérdida de un sueldo entero por el impuesto a las ganancias
Todo este sistema brinda el terreno ideal para el vaciamiento silencioso de los hospitales, que deja como excusa a la falta de profesionales cuando en realidad el principal problema es el pago exiguo que da el Estado, que claramente no tiene intenciones de igualar al sector privado. El presupuesto destinado a la salud pública es insuficiente, pero el Gobierno destina presupuesto a la medicina privada y grandes empresas, quedando en evidencia las prioridades del mismo.
A la baja en el ingreso de personal al sistema sanitario público por bajo presupuesto destinado al sector se suman las bajas por fallecimientos y contagios lo que sobrecarga al personal existente y sobre todo a los residentes. Éstos además de precarizados y explotados como era sabido antes de esta situación, ahora se encuentran sobreexigidos y con demandas absurdas como rendir exámenes para el pase de año o extender el tiempo de duración de la residencia.
Una de las estrategias que tienen los estados para privatizar servicios es precisamente hacer que estos se vean disfuncionales y prometer mediante la privatización un funcionamiento adecuado. Como queda demostrado en la intención de la implementación de la CUS (cobertura Universal de Salud) y haciendo que el presupuesto estatal para el sistema sanitario sea increíblemente bajo aún en tiempos de covid-19. Situación que actualmente justifica la unificación del sistema de salud privado y público, en un mismo sistema estatal.
La deuda es con el pueblo trabajador, que es traicionado por sindicatos burócratas y oprimido por un sistema capitalista mediante un estado que asegura los negocios de grandes empresarios. El sistema sanitario, aún en una situación sin precedentes, en medio de una pandemia, no es prioridad. Es imperante dejar de pagar la deuda e implementar el impuesto a las grandes fortunas para invertir en salud.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud deben unirse en la lucha y exigir licencias para grupos de riesgo, sueldos acordes a las tareas, pase a planta de interinos y becados, así como mejores condiciones de trabajo. Las vidas trabajadoras importan.
