El gobierno sumará 10.000 policías, 3957 gendarmes y 2300 patrulleros a los ya existentes en el conurbano bonaerense, un verdadero ejército de ocupación. La “lucha contra el delito” como excusa para darle una salida punitiva a los padecimientos del pueblo trabajador.
Este viernes el presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof, la ministra Frederic, el ministro Berni y veinticuatro intendentes del conurbano presentó el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad en la Provincia de Buenos Aires que implicará una inversión de 37 mil millones de pesos y que consiste básicamente en la incorporación de más de 10.000 policías, entre este año y el próximo, 2.300 móviles, cámaras de seguridad, centros de monitoreo y botones antipánico. Además se anunció el Plan Centinela 2 con el que se sumarán 3.957 prefectos y gendarmes a los más de 6.000 que ya están en la Provincia.
El acto se realizó en simultáneo en la Residencia de Olivos (con Fernández, Kicillof, la ministra Frederic y Berni), y en San Isidro, Quilmes y Merlo, donde se concentraron los intendentes.
Para poder darnos una idea: la incorporación de 10.000 policías llevaría a la bonaerense de los 94.000 efectivos que tiene en la actualidad (según datos del Ministerio de Seguridad del 2018) a 104.000, con lo cual la proporción de policías por habitante de la Provincia pasaría a ser de 1 uniformado cada 168 personas. Un verdadero ejército de ocupación.
El argumento para semejante medida es “el incremento de los delitos y la lucha contra la inseguridad”. Sin embargo ninguna autoridad de las que intervino aportó algún elemento fáctico en ese sentido, a pesar de su afección a las filminas y los gráficos. Tampoco ningún organismo oficial pudo acreditar un aumento del delito que supere las cifras previas al inicio de la pandemia, momento en el que bajaron sustancialmente. Lo único que sí es comprobable es el deterioro de las condiciones de vida de los bonaerenses que incluso amenaza agravarse en los próximos meses. Hasta el propio Ministro de Seguridad bonaerense, el represor Sergio Berni, reconoció hace unas semanas que la mayoría de los nuevos delitos que se registraron en la Provincia son de personas que nunca habían robado, es decir, que están inexorablemente ligados a la crisis económica que vive el país.
Si este es el diagnóstico podríamos preguntarnos por qué no se destinan esos 37 mil millones de pesos para crear fuentes de trabajo genuino. Algunas intervenciones respondieron este interrogante. La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza en su alocución sostuvo que había que contextualizar el Plan y que “la desigualdad genera condiciones para la delincuencia, pero no se puede generalizar. Hay delitos que cometen los dueños de la Argentina y esos delitos llevan a la marginalidad y la exclusión. Por eso hacen falta más patrulleros” (¿Será para ir a buscar a Macri?). Las declaraciones luego fueron retomadas y respaldadas por el presidente. Es decir, luego de amagar con pegarle a los ricos, aparece una elección consciente por parte del Estado y el gobierno de darle una salida punitiva a las consecuencias de la crisis utilizando para eso el miedo de un sector de la población a ser víctima de un delito. Agregaba en ese sentido Fernández “si esto (por el plan-NdR) funciona, la impunidad bajará y eso demandará más lugares en las cárceles”. Más claro imposible.
Se opta por fortalecer a una fuerza asesina como la bonaerense sobre las que están posadas todas las miradas por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y la multiplicación de casos de gatillo fácil, se refuerza el conjunto del aparato represivo y carcelario, en lugar de combatir la miseria que los propios funcionarios reconocen que lleva a un sector de los pobres a robar y que muchas veces es aprovechada por la propia policía para obligar a los pibes a delinquir. No casualmente en el acto simultáneo no hubo una sola mención a las víctimas de estos hechos. Eso sí, Mayra Mendoza, que jamás recibió a un familiar de víctima del gatillo fácil durante su gestión, comenzó su intervención solidarizándose con los allegados de la oficial de la Federal Micaela Romero, asesinada en un robo ocurrido en Quilmes.
De esta manera la “lucha contra la inseguridad” es utilizada nuevamente como excusa para el reforzamiento del control social sobre las barriadas del pueblo trabajador, particularmente sobre la juventud.
Y dicho reforzamiento se da fundamentalmente a partir de alimentar a un monstruo como la bonaerense que está involucrado en el “gran delito” como los desarmaderos, el narcotráfico y la trata de personas, que es el que genera la mayor cantidad de muertes y hechos de violencia. Por este motivo aumentar el número de policías no va a llevar a disminuir la violencia o la impunidad sino que justamente la va a incrementar.
Las otras consecuencias que puede traer el nuevo plan de seguridad las conocemos. Muchas veces dijimos desde estas páginas que la saturación de los barrios populares con fuerzas policiales y otras directamente militarizadas, junto al reforzamiento de sus atribuciones, explican el incremento inusitado que tuvo el gatillo fácil y otras formas de violencia del Estado en las últimas décadas.
Cuando asumió el actual gobierno planteamos que no alcanzaba con eliminar las principales resoluciones represivas de Patricia Bullrich (las principales, porque no se eliminaron todas), que la saturación de fuerzas represivas en los barrios era la base del gatillo fácil y la brutalidad policial. Pero este esquema fue mantenido por la ministra Fredric y profundizado durante la cuarentena con los poderes especiales que le otorgaron los gobiernos nacional, provinciales y municipales a las fuerzas de seguridad. A su vez este “empoderamiento” fue reforzado por las permanentes arengas pro mano dura de Berni y la derecha opositora. Las consecuencias son conocidas por todos: ciento dos casos de gatillo fácil y brutalidad policial desde el inicio de la cuarentena, según la CORREPI, junto a la ya nombrada desaparición forzada de Facundo.
Este es el panorama que se va a profundizar aún más
De esta manera el gobierno asume como propia la agenda de la derecha y lleva hasta el paroxismo la contradicción siniestra entre un discurso que insiste en “la defensa de los derechos humanos” y “la preocupación por lo ocurrido con Facundo” y una práctica que da vía libre a la mano dura con una bonaerense aumentada y desatada y un Berni exculpado por el propio presidente de su rol de encubridor de las prácticas criminales de la policía y en plena campaña presidencial.
Pero esta reubicación por derecha no solo persigue aumentar el control social en las barriadas. También apunta a las respuestas que pueda tener la crisis desde los trabajadores y el pueblo.
Para reprimir no hay grieta, hay internas
Como decíamos anteriormente, en los últimos meses Berni y la derecha opositora fueron los portavoces de la mano dura y el reclamo de más efectivos policiales. Pero en este caso son los intendentes, hasta hace poco supuestamente disconformes con el Ministro de Seguridad, los que encabezaron el reclamo por el plan de seguridad a Alberto Fernández.
Lo que une a los barones y a las baronesas del conurbano, ya sean de origen pejotista puro como Espinoza o de La Cámpora como Mayra Mendoza, con Berni y la derecha es una “gestión” de la pobreza y del conflicto social que, en el mejor de los casos, se basa en una mínima asistencia y, cuando ese medio no alcanza, recurre a la represión. Así lo estamos viendo ante las tomas de tierras, con los intendentes, Kicillof y Berni reprimiendo y arengando con un posicionamiento más propio de la derecha que del partido que, aunque sea formalmente, le dio rango constitucional al derecho a la vivienda con el artículo 14 bis. Hasta Sabrina Frederic se sumó al coro luego de decir el fín de semana que el problema de la tierra “no era un problema de seguridad”.
Lo que está en juego para el gobierno y la derecha es la profundización de la crisis, sus consecuencias y la respuesta que prepara el Estado y los distintos niveles de gobierno a la misma. A comienzos de la cuarentena denunciamos que Berni y Kicillof concentraban tropas de élite de la policía en 20 puntos estratégicos de la Provincia para prevenir “eventuales desbordes”, el eufemismo con el que designan cualquier justo reclamo de los trabajadores y los sectores populares. Ya los vimos actuar contra los obreros del Frigorífico Penta.
El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad es un paso agigantado para el desarrollo de ese esquema represivo.
Las organizaciones obreras y estudiantiles tienen que tomar la lucha contra la represión en sus manos, como estamos haciendo desde el PTS y el FIT U, empezando por la solidaridad con los que hoy están tomando tierras porque no tienen otra salida y que son las primeras víctimas de este dispositivo que denunciamos. Los dirigentes sindicales y de los movimientos sociales mayoritarios tienen que romper su vergonzoso alineamiento con el gobierno y salir a la calle para denunciar esta escalada.
