La iniciativa tendría por objetivo, según aclara Girardi, entregar una ayuda a las familias de las y los estudiantes a través del ahorro de la compra de uniformes, un gasto que sería en promedio de $72.566, según indica la última Encuesta de Presupuestos Familiares (julio 2016 - junio 2017) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
La diputada explicó que “esto (es) básicamente para no imponer a las familias una carga económica adicional a las que se tendrán cuando salgamos de esta pandemia, sabemos que esta pandemia ha generado un impacto brutal en términos de pérdida de trabajo, disminución de los ingresos familiares y creemos que hacer exigible algo que no hace a la educación como es el uniforme, sería un despropósito”, expresó.
Además, propone que, a partir del año 2022, las comunidades escolares sean las que definan qué vestimenta usará el estudiantado para acceder y permanecer en los establecimientos.
¿Solución para las familia trabajadoras o migajas de los partidos de siempre?
Si bien, es cierto que la eventual compra del uniforme escolar sería dolorosa para el bolsillo de las familias del pueblo pobre y trabajador, no quita que sea una “raya en el agua” dentro de la profunda crisis en la educación que afecta a niñes y estudiantes, herencia de la dictadura que quedó al desnudo en el contexto de la pandemia.
La desigualdad en el acceso a herramientas tecnológicas para la educación y el rudimentario sistema de alimentación de la JUNAEB fueron lo primero que estalló frente a los ojos de todes. Niñes sin acceso alguno a internet, computador o celular, profesores recorriendo en carreta caminos de kilómetros para ir casa por casa de sus estudiantes, canastas alimentarias incompletas y con comida podrida, familias que debían elegir entre comer o pagar internet para las clases online, por dar algunos ejemplos.
Para qué mencionar el aspecto pedagógico: el Ministerio de Educación guarda sepulcral silencio frente a la sobrecarga laboral y la poca capacitación entregada a los cuerpos docentes.
La moción parlamentaria de la diputada del PPD, cuenta con el apoyo de parlamentarios del Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PC), Comunes, Partido Humanista (PH), entre otros. Partidos que, curiosamente, tienen dirigentes dentro del profesorado (y otros gremios), especialmente el PH, pues el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, es su militante. Y sin la más mínima intención de utilizar ninguno de sus cargos, sindicales o parlamentarios, como tribuna de denuncia y de convocatoria a la autoorganización del pueblo y les trabajadores, por el contrario, demuestran su absoluta confianza en un parlamento, presentando proyectos miserables y tratando de tapar el sol con un dedo. Ofreciendo migajas a un pueblo que padece la crisis que ellos mismos, los partidos de siempre junto a las y los empresarios, descargan sobre los hombros cansados y explotados de las familias trabajadoras, transformándose en cómplices silenciosos de la continuidad de la herencia de la dictadura.
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