Las “reformas políticas” que modifican las leyes electorales suelen ser maniobras urdidas tras bambalinas por la casta política de los partidos tradicionales. En el caso de la reforma política a la ley electoral santafesina, se trata de un proyecto presentado por una senadora justicialista, pero defendido también por sectores del “socialismo” y del radicalismo provincial. El eje de la reforma es imponer a cada lista un piso del 3% (el doble que la ya antidemocrática ley electoral nacional) de los votos válidos en las primarias provinciales como condición para participar de las elecciones generales, y otro piso del 3% en las generales para poder participar del reparto de cargos en el sistema D`Hondt. De aprobarse el primer piso, el Estado metería su “cuchara” en la vida interna de los partidos y de las coaliciones como el Frente de Izquierda, sin tener justificativo alguno para ello. De sancionarse el piso del 3% en las generales, el Ejecutivo provincial generalizaría la cláusula proscriptiva (a la sazón, derivada de un decreto de la dictadura) con la que literalmente robaron la banca de diputado provincial a Carlos Del Frade, en un acuerdo pergeñado por el Frente Progresista de Binner y Bonfatti, el PJ y el PRO.
Aunque la motivación de esta reforma política es regimentar a las minorías dentro de las heterogéneas coaliciones de los partidos tradicionales y capitalistas (verdaderas bolsas de gato, cooperativas electorales), de paso, cañazo: busca silenciar la voz de la izquierda en las elecciones, centrando toda la vida política provincial dentro de los estrechos márgenes de los partidos que enriquecieron y dotaron de impunidad a la narcopolicía, bancan el enriquecimiento de un puñado de multinacionales que controlan nuestro puerto y sostienen privatizaciones lamentables como la de Litoral Gas.
Una reunión de varios partidos políticos, entre los que estaba el PTS y el resto de las fuerzas que conforman el Frente de Izquierda (PO e IS), el PSA, Giros-FCF, el MST y el PTP-PCR, rechazó esta reforma a medida de los grandes partidos, digitados por los grandes empresarios. Este pronunciamiento unitario, sumado a la movilización en las calles y la batalla en la justicia, debe ser el camino para derrotar este intento de callar a la izquierda.
Uno podría preguntarse: ¿no será paranoico pensar que una reforma así es simplemente para sacarse de encima a la crítica por izquierda? De ninguna manera. Esta semana, 6 policías de la Comisaría 19 de la ciudad de Rosario fueron detenidos por ser parte de una asociación ilícita que forma parte del crimen organizado en la zona Oeste de la ciudad. Además, casi 50 policías más fueron pasados a disponibilidad: apenas un muestreo del involucramiento orgánico de la fuerza policial en el negocio de la trata, del narcortráfico y del delito. Mientras tanto, los medios de comunicación foguean la campaña contra la “inseguridad”, pidiendo la presencia de la policía (de ESA policía), soslayando que es la propia fuerza estatal la que regentea un “orden público” que ya se cobró 168 muertes en lo que va del año en Rosario. Es la izquierda la que denuncia esto diaria y sistemáticamente: el PS y el Frente Progresista quieren silenciarnos.
Pero hay más: en la región, las suspensiones en la industria son una epidemia generada conscientemente por los grandes empresarios y tolerada mansamente por el gobierno de Bonfatti y el Ministro de Trabajo radical, Julio Genesini. Por tomar solamente algunos ejemplos, General Motors de Alvear suspendió un día por semana a todos los trabajadores; Acindar cerró el sector de acería por 10 días y Paraná Metal, en la misma ciudad de Villa Constitución, que fue rematada a Cristóbal López luego de echar a 600 operarios, suspendió a todo el personal.
En Rosario, por su lado, la autopartista Aros Kim (ex Mahle) también suspendió a toda la planta, algo que copian las empresas metalúrgicas de la “línea blanca”, que pueblan la Avenida Ovidio Lagos pasando la Circunvalación. En todos los casos esta “oferta” impuesta por las patronales, fue acompañada por reducción del salario. Las autoridades provinciales, de más está decir, cuidan las espaldas de las multinacionales diciendo que “en la actual coyuntura económica, las medidas anunciadas por Acindar y Paraná Metal tienen por objeto evitar despedir trabajadores”. Si a esto le sumamos que sindicatos como la UOM o el SMATA, que “representan” a los trabajadores de las actividades más afectadas por suspensiones y despidos, no se suman al paro nacional, queda claro que la defensa frente a los ataques patronales y los ajustes gubernamentales, será obra de los trabajadores mismos. Como se ve en el apoyo a las luchas emblemáticas de Lear y Donnelley, la izquierda es la única corriente política nacional que se la juega para enfrentar los ataques que pretenden descargar sobre los trabajadores y las trabajadoras.
El índice de desocupación en el Gran Rosario es del 9,4 por ciento y casi 9 por ciento el del Gran Santa Fe. Es decir que en las zonas urbanas donde se concentra la mayoría de la población provincial, el desempleo araña el 10%, y viene acompañado de precarización laboral, salarios de hambre y una virtual prohibición de los delegados sindicales, como dejó patente el conflicto en la fábrica Liliana. Solamente la izquierda, y el PTS-Frente de Izquierda como parte fundamental, denuncia esto, pone esta realidad sobre el paño de la discusión política. Será por eso que pretenden silenciarnos.