Especial para La Izquierda Diario
El pasado 18 de agosto, un grupo de personas comenzó la ocupación de un predio de 22 hectáreas en la Reserva Forestal del INTA en la Loma del Medio. Con el transcurso de los días llegaron a instalarse unas 140 familias. Inmediatamente, el intendente Bruno Pogliano inició gestiones en la Justicia Federal para solicitar el desalojo del lugar, pero hasta el momento sólo acudieron, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para custodiar el predio.
La ocupación generó una gran controversia en la comunidad y muchos vecinos expresaron su repudio a través de firmas en change.org, redes sociales y una marcha encabezada por el mismo intendente Pogliano con el lema “No a las tomas”. Muchos de esos vecinos recuerdan aún con gran indignación la otra ocupación en la Loma del Medio en 2011, considerada al día de hoy, el asentamiento más grande de la zona, en el que viven alrededor de 1500 personas. El problema de los asentamientos en la zona no es menor, si se tiene en cuenta que un relevamiento realizado por la Fundación TECHO en 2016, arrojó que en El Bolsón, existían alrededor de 905 familias concentradas en 22 asentamientos (hoy 32), lo que nos indica que ese año, alrededor de 4.000 personas se encontraban con problemas de acceso a la vivienda en esa localidad.
Más allá de lo que pueda dictar el sentido común, los asentamientos informales no son un fenómeno nuevo ni exclusivo de un determinado espacio del territorio argentino. Si bien constituyen un problema que se originó hace más de medio siglo en nuestro país, fue recién en la década de 1990 cuando las tomas y los asentamientos informales comenzaron a difundirse como consecuencia de un modelo de acumulación excluyente que generó un aumento de la pobreza y exclusión social, y el despojo de muchos trabajadores de sus medios de producción.
La proliferación de los asentamientos informales constituye un problema social complejo con múltiples causas y con actores muy heterogéneos. Sin embargo, si analizamos el problema de raíz, encontraremos que el origen del mismo es la ausencia de políticas públicas centradas en el acceso a la vivienda social y la falta de regulación por parte del Estado del mercado de tierras, lo que desencadenó una crisis habitacional crónica.
A inicios de 2020, un relevamiento realizado por el Diario Río Negro arrojó que cerca de 60 mil rionegrinos viven en asentamientos distribuidos en las principales ciudades de la provincia. La localidad de El Bolsón no escapa a ese problema y en la actualidad pueden verse las consecuencias de más de dos décadas de abandono, desidia, clientelismo y falta de políticas habitacionales para los sectores populares. Los planes de vivienda existentes en la localidad en estas dos últimas décadas fueron esporádicos y sólo cubrieron las necesidades de algunas familias, además de haber estado atravesados por el oportunismo político de los gobiernos de turno. Con el programa de créditos hipotecarios PROCREAR, tampoco se generaron nuevas urbanizaciones en la zona y sólo se cubrieron las necesidades particulares de pequeños sectores medios de la población.
Si hacemos foco en el problema habitacional de una localidad como El Bolsón, veremos que luego de la crisis de 2001, la ciudad fue testigo de un fuerte proceso migratorio que provino de grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Buenos Aires y también muchas localidades rurales de la meseta. Ello generó un acelerado aumento demográfico que en tan sólo una década, hizo que su población aumentara más del 40 por ciento.
Como consecuencia de este proceso, hubo una mayor demanda de suelo a urbanizar y de viviendas que propició el crecimiento del mercado inmobiliario especulativo sin regulación alguna del gobierno local. De esta manera, gran parte de las tierras que podían ser destinadas a la urbanización popular, se transformaron en una red de loteos privados administrados por un reducido grupo de agentes inmobiliarios locales y extrarregionales. Así, casi se podría afirmar que en las últimas décadas, la acción u omisión del municipio, facilitó al mercado inmobiliario los mecanismos de acumulación, que posicionaron al mercado de tierras como uno de los principales motores del desarrollo de estos sectores concentrados.
El problema estructural del acceso a la vivienda adquiere una dimensión más compleja en una ciudad turística como El Bolsón, en donde el turismo es visto casi como la única actividad económica posible para el desarrollo local. En la mayoría de los casos, esta actividad genera por un lado, empleos temporales que dependen de las temporadas turísticas y por el otro, un mercado de alquileres informales de vivienda con precios sobredimensionados que se ajustan a aumentos arbitrarios, con desalojos programados en la temporada alta y con la famosa restricción de “sin mascotas y sin hijos”, como ostentan muchos anuncios.
La burbuja inflacionaria especulativa en torno al precio del suelo y de alquileres en localidades turísticas como El Bolsón, difícilmente se ajuste al ingreso promedio de los trabajadores, profundizando con ello la brecha de accesibilidad a la vivienda marcada por la inexistencia de un mercado del suelo para los sectores populares y un sector inmobiliario especulativo sin regulación. A ello debemos sumarle que en el contexto actual de la pandemia, la crisis del sector turístico y recreativo genera la disminución de contratos de empleo y el despido de trabajadores temporarios. Así también existe una continuidad de los aumentos arbitrarios en los alquileres y la no renovación de los mismos, pese al decreto presidencial de este año que sugiere lo contrario.
Esta sumatoria de hechos, empujó a que muchas personas que se ven imposibilitadas de acceder a la vivienda propia mediante el mercado o el estado, acudan al único mecanismo posible que es la ocupación de tierras o bien a comprar a loteadores informales a través de boletos de compra-venta. De esta manera, el aumento de los mecanismos de autoproducción del hábitat, genera que día a día muchas familias ingresen en un circuito de situación de riesgo e incertidumbre, debido a las características morfológicas de muchos de los emplazamientos, que pueden producir deslizamientos de suelos, incendios, inundaciones, o bien a la cercanía con basurales a cielo abierto, o a la falta de servicios esenciales como alumbrado, recolección de residuos y asistencia sanitaria.
Es casi imposible no asociar el problema de la urbanización informal con la especulación inmobiliaria. La burbuja inflacionaria especulativa en torno al precio del suelo urbano en muchas ciudades turísticas como El Bolsón, estuvo ligada a la mejora en la infraestructura de conectividad vial, al paisaje y la afluencia de población de sectores medios y altos que, a partir de su demanda de suelo urbano generaron en el mercado inmobiliario el desarrollo de procesos especulativos en torno al valor del suelo y la proliferación de loteos que permitieron un fuerte aumento en la renta de ese sector. En algunas urbanizaciones nuevas de El Bolsón y de otras localidades cercanas como Lago Puelo, se registró entre 2005 y 2010 un aumento de entre 150 a 300 por ciento en el valor de suelo.
Este desarrollo inmobiliario especulativo pudo generarse gracias a que los sucesivos gobiernos locales dejaron la cuestión habitacional librada a las leyes del mercado, dejando en sus manos la planificación urbana, sin obstáculos para la obtención de rentas extraordinarias, ni para la transformación del suelo urbanizable en mercancía. Algunos ejemplos de ello pueden verse en las adjudicaciones en venta de tierras fiscales a particulares para loteos privados, o el apoyo del ejecutivo municipal al megaloteo de Laderas S.A. en Pampa de Ludden, cerca del centro invernal del cerro Perito Moreno. Así también, la decisión política del Estado municipal en la toma de deuda por 350 mil dólares del Plan Castello, para la pavimentación del circuito turístico de Mallín Ahogado, que permitió un inmediato aumento especulativo del precio del suelo en ese sector y un nuevo horizonte rentístico para el mercado inmobiliario.
El problema del acceso al hábitat popular y la proliferación de asentamientos informales, no se resuelve estigmatizando y reprimiendo a quienes viven en las tomas como exige parte de la opinión pública, sino otorgando prioridad política a la planificación de urbanizaciones populares, con el fin de absorber parte de la demanda habitacional de los sectores excluidos, con adjudicaciones transparentes y con bancos y consejos locales de tierras. Sin embargo, el sólo hecho de aumentar las viviendas y los créditos blandos para los sectores populares, no termina de solucionar del todo el problema si no se ejerce un control y regulación de la especulación inmobiliaria a través del recupero de plusvalía urbana, o contribuciones por mejora, como ya está establecido en varias localidades del país.
De seguir con la urbanización capitalista actual centrada en la acumulación a través del mercado de suelos y la especulación inmobiliaria garantizada por el estado y sus aparatos represivos, será inevitable la proliferación de nuevos asentamientos informales. El desafío será pensar, cómo dentro de un sistema excluyente, se puede plantear una planificación urbana multidisciplinaria, participativa y sin redes políticas clientelares, que controle los mecanismos especulativos del mercado y se aproxime a una justicia territorial en donde la necesidad del hábitat popular sea un derecho básico y universal. |
