Ayer el ministro de Educación, Raúl Figueroa, a cuatro meses de que se rinda la Prueba de Transición para la Admisión Universitaria, dijo en el programa Hablemos en Off de Radio Duna, que “todos los esfuerzos están enfocados en mitigar al máximo los efectos de la suspensión de clases (presenciales) y llevar adelante esta priorización curricular bajo la lógica de distancia”, todo esto cuando muchos estudiantes no puedan tener acceso a las clases online.
Ante esto, Raúl Figueroa dijo que “se ajustaron los temarios, materias hasta tercero medio, y cosas específicas de cuarto medio. Eso ha permitido que esa preparación tenga una lógica que permita no distorsionar ese proceso en los alumnos”.
El Ministerio de Educación se cierra así a un cambio que altere sustancialmente el sistema de ingreso segregador que reproduce una educación para ricos y otra para pobres. De hecho, este año fuimos testigos de movilizaciones anti PSU, prueba de selección que mantuvieron 17 años (2003-2020), con boicot en los centros de rendición motivada por la energía de les secundaries que encendieron la chispa de la rebelión popular saltando los torniquetes y enfrentándose a las Fuerzas Especiales de Carabineros.
La única forma de terminar con la discriminación para acceder a la educación superior es con el acceso universal a una educación pública gratuita financiada por el Estado, en base a impuestos progresivos a los grandes empresarios que saquean nuestros recursos naturales. Pero el gobierno respondió cambiándole el nombre y el temario para que nada más cambie.
Ignoran que estudiar en cuarentena y con familiares contagiados o con su vida en riesgo es muy difícil. La situación es crítica para millones de jóvenes y sus familias trabajadoras, ya que el gobierno ha sido incapaz de asegurar las condiciones mínimas para estudiar, así como también ha quedado demostrado que su preocupación principal es asegurar los bolsillos de los empresarios.
Es por esto que tenemos que ir por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana donde podamos echar abajo la herencia de la dictadura y el negocio de la educación, para que la educación esté al servicio del pueblo trabajador y no de los bolsillos empresariales que engordan en base a nuestras deudas (como el CAE) o del Estado que los subsidia. | 
