En la Legislatura de Mendoza se ha presentado hace un tiempo un proyecto de autoría del Senador radical Marcelo Rubio, que busca modificar la ley 8.345 de “Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Mendoza”.
Esta ley, que se consiguió implementar gracias a la lucha de las familias de las personas con discapacidad que reclamaban por un organismo estatal que defienda los derechos personales y prestacionales de las personas con discapacidad, detalla una serie de pasos para la elección de su defensor. Entre las que se encuentra el concurso público (con la posibilidad de que sean cuestionados quienes participan) y la necesidad de contar con 2/3 de los votos de la legislatura, reunida en Asamble Legislativa.
La nueva modificación, lo que busca es que el Defensor sea designado por el poder ejecutivo (anulando el concurso de antecedentes) y que sea ratificado por la mitad de la legislatura. Anulando de esta forma la participación popular.
Por esto es que, desde La Izquierda Diario, entrevistamos a Alejandra Berlanga, miembro de Madres y Padres autoconvocados de niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Como organización hace 17 años vienen trabajando en nuestra provincia y han participado de innumerables acciones vinculadas, fundamentalmente a la salud y la educación.
“Hemos sido parte de la lucha para que Mendoza adhiriera a la ley 24901, que es lo que permite poder reclamarle a OSEP, justamente su falta de cobertura en asistencia a personas con discapacidad. Ya que la adhesión de Mendoza, obliga a la obra social a dar a cobertura al 100% a todas las prestaciones por discapacidad.”, nos cuenta Alejandra. “Nosotros siempre lo decimos, tenemos una innumerable cantidad de legislación de avanzada en materia de derechos para las personas con discapacidad, sin embargo la batalla más importante es el cumplimiento de esa legislación. Y la generación de una política pública por parte del Estado, que dé atención a un colectivo social que ha sido altamente vulnerado, en sus derechos, siempre”, nos resume Alejandra sobre la lucha que vienen llevando adelante hace años.
Ella nos cuenta que como organización también han formado parte de otros colectivos como el puesto en pie por la Restitución de los Derechos de los Sobrevivientes del Instituto Próvolo, o el de defensa de la Ley de Salud Mental. También, a nivel nacional, forman parte de Artículo 24, una agrupación de organizaciones de todo el país, que lucha por el derecho a la educación inclusiva.
- ¿Cuál es la opinión que tienen desde su organización respecto del proyecto que busca modificar la ley de la defensoría?
- Desde hace dos años aproximadamente, el gobierno impide la renovación de las autoridades de la defensoría porque quieren mantener en el cargo a Juan Carlos Gonzalez. Si bien se ha realizado, según el proceso que establece la ley de la defensoría, el concurso, el oficialismo se niega a aceptar el orden de mérito, en el cual Juan Carlos Gonzalez quedaría excluído, puesto que quedó en el tercer lugar.
Esto sucede porque el oficialismo intenta mantenerlo en ese lugar, por su adhesión al radicalismo. Por lo tanto hemos visto, desde hace varios años, como la defensoría, de ser un espacio crítico, se ha transformado en un espacio de contención, de cajoneo de denuncias que no conducen a ningún lugar. O que te planteen, por ejemplo, como lo han hecho conmigo, que no hay derecho vulnerado.
Entonces la verdad es que nosotros, lamentablemente, necesitamos una defensoría. Ojalá no la necesitáramos, porque eso significaría tener un Estado presente, con políticas públicas acorde a las necesidades, que brinde las prestaciones y servicios que las personas con discapacidad necesitan. Pero esto no sucede así, entonces necesitamos una defensoría que actúe controlando y monitoreando los incumplimientos que comete el Estado y las instituciones privadas también.
Por esa razón, nosotros exigimos, incluso le hemos enviado notas sobre esto al Vicegobernador, que se llame a asamblea legislativa, por la necesidad que tenemos de que se realice el cambio de autoridades de la defensoría. Y estamos todavía a la espera.
Esto va en consonancia con todas las medidas que viene tomando el Gobierno de eliminar todos los organismos de control de la provincia, como lo han hecho en el comité de prevención contra la tortura
Ahora, el proyecto de modificación de la Defensoría de Marcelo Rubio, plantea que el defensor sea propuesto por el Poder Ejecutivo. Es decir, obvia toda la instancia de participación ciudadana, en el sentido de que ya no se podrían postular las personas que estén interesadas en ser parte de la defensoría. Que, en la ley vigente, tienen que presentar sus antecedentes y pasar por una evaluación, de concursado, exponiendo todos sus antecedentes y por último el paso por la asamblea, donde necesita dos tercios de los legisladores para aprobar al defensor.
Lo que plantea el proyecto de Rubio, es que sea propuesto por el poder ejecutivo de la provincia el defensor y se apruebe con mayoría simple en la legisatura. Con lo cual, nosotros pensamos que borra de un plumazo todo ese proceso de participación y de llegar a ese cargo con una cierta transparencia y con el concenso de la mayoría de la legislatura. Y básicamente el defensor, que tiene que controlar la política pública del Estado, dificilmente pueda cumplir esta misión si quien lo elige y propone es el propio Poder Ejecutivo, al que tiene que controlar.
Si esto se llegase a aprobar, sería grave. Porque además va en consonancia con todas las medidas que viene tomando el gobierno de eliminar todos los organismos de control de la provincia. Como lo han hecho en el comité de prevención contra la tortura, como lo han hecho en el poder judicial y como lo quieren hacer con la defensoría.
Nosotros como organización, nos hemos unificado con otras organizaciones de la provincia y hemos formado un colectivo de organizaciones de personas con discapacidad. Estamos analizando distintas opciones para: en primera instancia, dar por tierra con este proyecto que va en contra de mantener un organismo tan necesario para nosotros, con transparencia y repercute en la tarea que tiene que realizar. Y por el otro lado, necesitamos que se llame a un recambio de las autoridades de la defensoría.
El defensor, que tiene que controlar la política pública del Estado, dificilmente pueda cumplir esta misión si quien lo elige y propone es el propio Poder Ejecutivo, al que tiene que controlar
- ¿Cómo se van a ver afectadas las personas con discapacidad si se aprueba este proyecto de ley?
- Los afectaría muchísimo porque, un órgano como la defensoría debe ser imparcial, independiente, de control y monitoreo. Pensemos que se han cometido muchas injusticias en torno a las personas con discapacidad. Recordemos en el gobierno anterior, con la quita de las pensiones no contributivas, que tuvieron que dar marcha atrás y que fue muy grave. Y vos pensá simplemente, en las condiciones de las personas con discapacidad, la gran mayoría son personas pobres, que están sin trabajo. Y hay todo un sistema de salud, que debe estar siendo denunciado de forma permanente, porque en forma permanente incumple con sus obligaciones. Tenés personas que tienen la posibilidad, porque tienen recursos económicos o culturales, para poder defenderse y accionar; y hay personas que son una gran parte del colectivo de personas con discapacidad, que no tienen esos recursos. Hay gente que vive en condiciones precarizadas, con menos recursos económicos. Todas esas personas, donde quedan? En qué grado quedan de abandono? Después salen en la telévisión, arrastrándose en el piso, porque no tienen una silla de ruedas. Hay personas que tienen que salir a hacer rifas para poder acceder a una operación o a una intervención. Es gravísimo, es gravísimo porque se juega con la vida de las personas. Entonces, necesitamos una defensoría que accione.
Por otro lado, claro que la ley de la defensoría tiene cosas para modificar, muchas, pero no justamente estas que está planteando el radicalismo. Fundamentalmente, no pueden hacer ninguna modificación sin consultar al colectivo de las personas con discapacidad y sus familias, que somos los que estamos atravesados por esta problemática y lo dice la convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Toda política de Estado, respecto a las legislaciones y las adecuaciones a las legislaciones que se realicen, tiene que ser consultada con el colectivo porque somos quienes sabemos, por estar en el territorio, cuales son las verdaderas necesidades. Y muchas veces las posibles soluciones también.
Nosotros como organización decimos que no vamos a ceder ni un paso y no vamos a permitir que se modifique la ley. Porque lamentablemente necesitammos una defensoría que accione y que haga lo que tiene que hacer.
- ¿Cuál viene siendo la situación de las personas con discapacidad durante la pandemia?
- En el marco de la pandemia es bastante complicado todo lo que es la atención en la salud y la continuidad terapeútica. Nosotros consideramos que es comprensible por la situación, que se hayan desarrollado muchas prestaciones de manera virtual, como la continuidad terapéutica. La ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) demoró un tiempo, en la aceptación de la modalidad virtual para las prestaciones. De hecho primero las negaron y después las tuvieron que aceptar, porque obviamente había que darle continuidad al trabajo terapéutico y educativo para personas con discapacidad, sobre todo para aquellas que se encuentran con una necesidad real de acompañamiento.
Por otro lado, estamos reclamando a nivel nacional la tarjeta alimentaria y el IFE, que tampoco se lo dan a las personas que cobran la pensión no contributiva, que con el aumento de Septiembre va a superar apenas los 12 mil pesos. Realmente es un monto de dinero muy escaso frente a la realidad económica que estamos viviendo hoy, que se suma a la imposibilidad de poder salir a trabajar Y es por esta situación de la economía, que se está pidiendo una asistencia, por ejemplo con la tarjeta alimentaria a nivel nacional. |
