El brutal asesinato de un hombre de 46 años con uso de pistolas Táser desató una noche de protestas contra el abuso policial en Bogotá y otras ciudades, que fueron reprimidas dejando al menos siete manifestantes muertos.
Al menos siete personas murieron por la represión policial durante las jornadas de protestas que tuvieron lugar desde la tarde del miércoles en Bogotá, capital de Colombia, y otras ciudades.
Las manifestaciones se desataron tras el brutal asesinato de Javier Ordóñez, un abogado de 46 años, que fue detenido por la policía y torturado con simultaneas cargas eléctricas de pistolas Táser, para morir horas después en una clínica.
La represión a las manifestaciones, que comenzaron a la tarde y se extendieron durante toda la noche, dejó al menos 5 manifestantes muertos en la ciudad de Bogotá, dos en Soacha, y más de 55 heridos.
El asesinato de Ordoñez que quedó grabado y luego se viralizó, muestra cuando la Policía del barrio de Santa Cecilia lo detiene, inmoviliza y le empieza a aplicar descargas eléctricas con sus pistolas Táser. Ordoñez gritó “ya, por favor, no más”, “agente, le ruego”, cuando estaba inmovilizado, no obstante lo cual la Policía lo siguió torturando. Las imágenes provocaron la indignación general y motorizaron las protestas del miércoles por la noche frente a Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía.
Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, gritaron “asesinos, asesinos” contra los policías al tiempo que atacaron los edificios de la CAI.
La represión y persecución de la Policía contra los manifestantes se prolongó hasta bien entrada la noche en Bogotá, y otras ciudades como Soacha, Cali y Medellín.
Los manifestantes enfurecidos prendieron fuego a varios puestos de la CAI, motos de la Policía y también volcaron y destruyeron sus camionetas y las de la Fiscalía.
También grabaron y contaron a los medios las persecusiones que se dieron durante la madrugada y los ataques de las fuerzas represivas, incluidos algunos de civil que disparaban contra los manifestantes.
Por su parte el director del diario Publimetro Colombia, Alejandro Pino, denunció que agentes de la Policía amenazaron a un reportero de ese periódico con “quitarle su carnet de prensa, retenerlo y multarlo por tomar fotos de la protesta” en la zona del Park Way.
La Policía no solo persiguió y atacó a los manifestantes sino que entró a casas particulares en busca de personas que habían participado de las protestas.
El asesinato de Ordoñez y las jornadas de protestas contra la brutalidad policial tienen lugar en el marco de una nuevo ola de asesinatos en todo el país, que tienen la marca de las mafias y los narcoparamilitares. Estas bandas que actuaron con total impunidad y acuerdo con los militares durante años, y que quedaron parcialmente a la deriva tras el acuerdo de incorporación al régimen político de las FARC, volvieron a aparecer en la escena política y criminal en el último período. Cumplen tanto el rol de mantener negocios de narcotráfico como de actuar con las fuerzas represivas y amedrentar a luchadoras y luchadores sociales, sindicales y campesinos. A esto hay que agregarle el inicio de las protestas contra los ataques y el ajuste del Gobierno de Duque que tuvieron lugar con fuerza a fin del año pasado y la reciente detención domiciliaria del ex presidente derechista Álvaro Uribe, que enrareció más el clima político.
Las manifestaciones contra el abuso policial en Colombia ocurren al mismo tiempo que las multitudinarias protestas en Estados Unidos contra el asesinato sistemático de afroamericanos a manos de policías blancos, como parte del racismo institucional del capitalismo estadounidense. Sin embargo, ese sentimiento contra la prepotencia y brutalidad policial, sobre todo contra los trabajadores, pobres, negros e inmigrantes, recorrió el mundo con protestas multitudinarias en Europa, Asia y América.
En América Latina las policías gozaron de una carta blanca durante la pandemia, y la mayoría de los gobiernos de la región las empoderaron para hacer cumplir a rajatabla desde cuarentenas estrictas hasta estados de excepción y emergencia o toques de queda. Esa es la situación en la propia Colombia (donde ya se habían reprimido a manifestantes y sin techo), en Perú y Ecuador (con estados de excepción y persecución a los trabajadores ambulantes e informales), en Chile (con Carabineros militarizados y respaldados por el Gobierno en la represión a la rebelión del año pasado y durante la pandemia), en Bolivia (en medio de un golpe de Estado), y lo más reciente, en Argentina, con el caso del joven Facundo Austudillo Castro desaparecido y asesinado en el marco de un control policial, y el actual "reclamo" de los agentes de la provincia de Buenos Aires que terminó con cientos de policías armados rodeando la residencia presidencial para exigir aumentos de salarios y mayor equipamiento e impunidad para reprimir.
Esa Policía empoderada por los propios gobiernos es la que está a la cabeza de masacres como la que acaba de ocurrir en Colombia, pero también desata manifestaciones de repudio como las que vimos en la noche del miércoles.
