Hace apenas unos días tomó estado público que, en la localidad de Monte Caseros en Corrientes, una niña de 11 años iba a ser sometida a una cesárea. Su embarazo era producto de la violación que había sufrido por parte de su padrastro.
Esta situación extremadamente compleja y cuyo desenlace muestra la evidente vulneración de los derechos de la niña que tuvo que llevar a término una gestación como consecuencia de una violación, se vio ampliamente superada por otra, que sucedió antes que la niña viajara a realizarse la cesárea.
Una iglesia evangélica tomó la iniciativa y le organizó un “baby shower”, una fiesta, que en los últimos años se puso de moda, y que consiste en darle la bienvenida al bebé que está por llegar con regalos, juegos entre los asistentes y comida. Las fotos fueron publicadas en la página de Facebook por un tío de la niña.
Hagamos el ejercicio de imaginar, por un momento, una niña de 10 u 11 años, su cuerpo, su estatura, su panza, una gestación producto de una violación, llevada a un “festejo” como si fuera un cumpleaños. La niña vuelve a ser vulnerada de una manera cruel por un grupo de adultos que piensan en el bebé que está por nacer y no en la persona que lleva adelante un embarazo forzado.
En diálogo con Página12, Mari, la pastora principal de la Iglesia Ministerio Apostólico y Profético de Monte Caseros afirmó respecto de haberle dado la posibilidad a esta niña de interrumpir su embarazo: “Yo soy neutra. Esa es una decisión familiar. No hemos dado ningún consejo a la familia. Reconozco que es una mamá que es una criatura. Pero el bebé que viene es una vida. Luego ella tiene que seguir siendo atendida psicológicamente.
La pastora “observa” que es una niña, pero pasa por alto que fue violada por su padrastro. Estas declaraciones, aunque provoquen impotencia, no son nuevas ni vienen de un único sector. La iglesia católica es una institución fervientemente opositora a la Interrupción legal del embarazo, aunque se trate de niñas violadas.
En este caso el Estado es la provincia de Corrientes, declarada pro vida y en donde durante el año 2018, solamente, 146 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz.
Recordemos que de acuerdo a una campaña lanzada por la organización Socorristas en Red, en nuestro país cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar.
La tríada que forman los gobiernos provinciales como el de Corrientes, con las iglesias (evangélicas o católicas) junto con sectores antiderechos, no hacen más que revictimizar a niñas a las que se les niega la información y el acceso a alternativas médicas existentes para evitar llevar adelante una gestación que compromete su salud integral.
De modo que lejos de los discursos que pregonan estos sectores, obviando las circunstancias en las que estas niñas quedan embarazadas, apelando a programas de acompañamiento o adopción, están ellas: niñas a las que se las tortura.
Esa asociación cuasi criminal entre las iglesias, los gobiernos y los antiderechos, que utilizan su poder para imponer sus convicciones morales y religiosas, tiene como consecuencia directa el deterioro de la salud e incluso el riesgo de vida de niñas y adolescentes. | 
