Agenda de Modernización Laboral, ese es el nombre que el gobierno de Sebastián Piñera tiene para la tanda de proyectos en el ámbito del mundo del trabajo que se ha dispuesto a impulsar para, según declaran desde el gobierno, modernizar las relaciones laborales. Sin embargo, lo que no dicen es que esta "modernización" busca la precarización y flexibilización laboral que solo beneficiará monetariamente a empresarios en total desmedro de las condiciones de trabajo y salario de trabajadores y trabajadoras.
La agenda de conjunto cuenta con diversas iniciativas en materia de trabajo y empleabilidad que contemplan proyectos como “estatuto joven”, “teletrabajo”, “modernización en la dirección del trabajo” y el “proyecto de sala cuna universal” que, según consignan desde el Gobierno, busca “la promoción del empleo en los sectores más excluidos”; no obstante, la preocupación aquí residía en que se resguardaran los derechos fundamentales ya conquistados en materia laboral y que esta promoción no fuera en base a la precarización de los grupos más vulnerables. Algo que finalmente ocurrió, por ejemplo, en la legislación de lo que se transformaría en la Ley del Estatuto Laboral Juvenil, que flexibiliza las jornadas sin pago de horas extras y otra serie de modificaciones contractuales que no benefician para nada a los amplios sectores de la juventud que trabajan y, muchas veces, también estudian.
A fines de marzo se aprobaría en tiempo record la Ley del Teletrabajo, que plantea la flexibilización y disponibilidad total a los tiempos que la empresa necesite, esto sumado a la doble y hasta triple jornada laboral que sectores, sobre todo feminizados del trabajo, han tenido que desarrollar al cuidado de los hijos e hijas, al desarrollo de las labores domesticas y a la disposición del ya mencionado teletrabajo.
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Las condiciones previas a la pandemia ya auguraban una crónica de precarización anunciada, donde cifras como la terciarización alcanzan un 17.3% al 2019 y donde hoy, a propósito de la crisis económica generada por el mal manejo de la pandemia, el desempleo ha subido a 13.1 puntos porcentuales, según lo informado por el INE, lo que se traduce en cerca de 2 millones de nuevos desempleados en los últimos meses.
A esto se suman las condiciones del salario donde el 50% de la población percibe salarios iguales o menores a los 400 mil pesos líquidos. Cabe mencionar que los trabajadores sin contrato y terciarizados tienen las peores condiciones salariales y de trabajo.
Todo lo anterior pone en cuestión la posibilidad de que una familia trabajadora pueda salir del estrato de la pobreza con las condiciones anteriormente nombradas. Es decir, la premisa del gobierno de Piñera de “aumentar la contratación y el trabajo en los sectores más excluidos” no termina por cumplir el objetivo esbozado, y por el contrario sume a los sectores más precarios a más precariedad y dependencia de trabajos que no permite ni siquiera la superación de las necesidades básicas.
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En conclusión, la reforma y “modernización” de las relaciones laborales ha avanzado paulatinamente en la precarización del trabajo y desmedro de las condiciones de salario y laborales en beneficio de empresarios, en donde, por ejemplo, se permite la intensificación de la jornada sin necesidad de cumplir condiciones previas y se pierde el descanso semanal y se flexibiliza los domingos al mes; todo esto a vista y paciencia de las las organizaciones de trabajadores como la CUT (dirigida por el Partido Comunista) que poco y nada ha salido a decir al respecto, mucho menos a organizar a los trabajadores y trabajadoras contra estos ataques.
Hoy por hoy está en la palestra la discusión del aumento en el salario mínimo donde el Gobierno ha ofrecido un miserable aumento de 1.500 pesos, todo esto mientras define la inyección de 12 mil millones de dólares a empresas privadas.
Sin duda un Gobierno que legisla solo para y por los empresarios. | 
