El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, cuestionó la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de ir a la Corte Suprema de Justicia por el recorte del 1 % de la coparticipación que percibe ese distrito y afirmó que "el diálogo no debe ser de sordos y de pícaros".
De Pedro respaldó la decisión del Gobierno y aseguró que “no se le sacaron fondos al gobierno de la Ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima”.
El gobierno nacional afirma que los fondos otorgados por el macrismo a la ciudad de Buenos Aires para el financiamiento de la policía “representaban más del doble del costo real para su funcionamiento”.
De Pedro indicó que el beneficio había sido otorgado en 2016 por medio de un decreto y, por lo tanto, su quita a través del mismo mecanismo es legal. El ministro del Interior declaró “si consideran que este decreto es institucional, también lo fue el de Macri que amplió los fondos”.
El ministro explicó que se trataba de una “decisión tomada” que ya había sido anunciada a Horacio Rodríguez Larreta meses atrás: “Muestra de la voluntad de diálogo son las conversaciones que mantuvimos con el Jefe de Gobierno y sus equipos. Yo personalmente le transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron de más, y que esos recursos no les correspondían”.
Esta semana, por decreto, Alberto Fernández disminuyó la coparticipación destinada a la ciudad de Buenos Aires de 3,5 % a 2,32 %. El Presidente declaró en Radio con Vos que alcanza con el equivalente a 0,8 % de la masa total de los recursos coparticipables para que la Ciudad financie su policía. Según esta estimación, la cuota porteña debería ser de 2,2 %, la suma de lo calculado por el Presidente más el 1,4 % que el distrito más rico del país tenía asignado previamente. Desde este jueves, esa cuota quedó establecida en 2,32 %, un poco más de la previsión, según publicó el sitio Letra P.
Los fondos que recibirá la provincia de Buenos Aires serán para las remuneraciones de la Bonaerense no para fortalecer el sistema de salud, o para aumentar los salarios atrasados de docentes, personal de salud y empleados públicos.
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