Tras veinte días desde el inicio de la ocupación de los terrenos de la calle Belgrano, la policía bonaerense junto con el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) se instaló en las adyacencias del predio de acuerdo a la orden emitida por el Juzgado de Garantías con asiento en Saladillo y la Fiscalía 2 el día martes 7/9.
De esta manera, tienen un plazo de 90 días para abandonar el predio “por sus propios medios”. Un operativo policial que pretenden hacerlo pasar como “desalojo
pasivo” pero con el que quieren dejar a las familias aisladas en el predio, totalmente
incomunicados, sin acceso a que puedan tomar agua, alimentarse, ni trabajar. Hasta el momento, se encuentran 4 móviles policiales pero se esperan refuerzos.
Para poner en contexto, esta realidad se expande de a cientos en la provincia más poblada del país, donde además, según el Indec, el 46% de las viviendas son inadecuadas, por carencia de conexión e infraestructura pública o por las características de la construcción.
Tal como veníamos cubriendo desde este La Izquierda Diario, el reclamo por el derecho a la vivienda por parte de las familias sigue siendo una deuda pendiente tanto de los gobiernos nacionales, provinciales y local. Según manifestaron los vecinos a este medio, ni el intendente de Cambiemos, Jorge Etcheverry, ni otros representantes de la oposición conformada por el Frente de Todos se acercaron al lugar para conocer la realidad de las familias. Todo quedó en comunicados de prensa con acusaciones cruzadas, pero ninguna solución en concreto.
Recordemos además que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió rápidamente a decir que las tomas son un “delito”. Sergio Massa como Sergio Berni salieron a criminalizar a quienes reclaman el derecho a la vivienda.
Alberto Fernández, por su parte declaró en una entrevista radial que había que buscar una solución a esa problemática, refiriéndose puntualmente a los terrenos fiscales la estación Victoria del ferrocarril Mitre.
Sin embargo, los desalojos violentos continuaron como el realizado esta semana en San Fernando o Ciudad Evita, lejos estuvieron de ser pacíficos.
La realidad es que las cerca de 100 familias no pueden esperar. En Guernica hay 3500 familias que están en la misma situación, por eso realizaron una movilización en reclamo a la intendenta Blanca Cantero y contaron con la solidaridad de otros trabajadores, entre ellos docentes.
Para que la crisis habitacional no continúe dejando familias en la calle, es urgente rodear de solidaridad el conflicto.
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