Una semana de agitación y revuelta en Colombia. Todo se aceleró, pero fue el grito de la protesta el que llegó antes en forma de furia incontenible. A la protesta por un asesinato policial el Estado represor respondió con más crímenes. Las víctimas, jóvenes entre 17 y 27 años, murieron por impactos de bala en el tórax y el abdomen, tiraban a matar como parte de una política de un Estado militarista y asesino. Es el resultado del empoderamiento de las armas que en los tiempos de pandemia del Gobierno de Duque vino a acentuar.
El compás de la cuarentena apenas había sido un interregno luego del último noviembre, pero en el mundo subterráneo continuaba desarrollándose la crítica situación de Colombia. El control social a través de los cuerpos represivos de los que se valió el Gobierno de Duque, dándoles carta blanca para los atropellos y todo tipo de criminales acciones, fue por donde hizo eclosión y explotó el malestar social que se ha venido intensificando durante años, como ya se había adelantado en el último otoño de movilizaciones y paros nacionales.
Allí hizo sus primeros ensayos y se fogueó una juventud que por fin había perdido el miedo ante un Estado represor y la impunidad de los brazos armados de las élites poderosas que durante décadas sometían con el terror. En Colombia existe una policía militarizada y un ejército policial. La policía fue brazo del ejército en la guerra contra la insurgencia que en las ciudades imponía su terror, y continuó siéndolo pues hasta el día de hoy depende del Ministerio de Defensa.
Sobre esta militarización basta mencionar la unidad de operaciones especiales militares conocido como el grupo de Comandos Jungla, que son parte de la Policía Nacional de Colombia, equipados y entrenados por Estados Unidos como parte del Plan Colombia, y cuentan con sofisticados armamentos. No es casualidad que tiene un homónimo en Chile, famoso por violar derechos humanos.
Durante las protestas el propio gobierno contabiliza que un tercio de los 156 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de Bogotá han sido incendiados y destruidos. Para los jóvenes los CAI, creados en 1987, son focos de abusos, violaciones de derechos humanos, violaciones sexuales, corrupción y tráfico de drogas. Por eso sabían a dónde dirigirse y allí canalizaron toda su rabia.
El hastío de la juventud colombiana no es nuevo, la respuesta sí. Ya no era posible contener la irritación ante justificaciones gubernamentales de masacres y asesinatos. Ni los escándalos ni los homicidios por abusos en la policía colombiana son nuevos: entre 2017 y 2019, cada mes murieron un promedio de 18 civiles a cuenta de presuntos abusos policiales, de acuerdo a la ONG Temblores. Hay un elemento en común en la mayoría de los casos, jóvenes y pobres.
Como escribimos en un artículo en el segundo día de la revuelta, "el foco de la rabia es esa maldita policía que goza de completa impunidad en la Colombia represiva y asesina de jóvenes, de luchadores sociales, dirigentes comunales, de indígenas, sindicalistas, en fin, contra aquel que se atreve a salir a protestar y defender su derecho. No es casual que lo primero que hizo Duque fue salir a defender a esas fuerzas policiales asesinas, y su mentor, Álvaro Uribe, haciendo llamado a más militares a la calle."
El asesinato de Ordoñez y las jornadas de protestas contra la brutalidad policial tienen lugar en el marco de una nuevo ola de asesinatos en todo el país, que tienen la marca de las mafias y los narcoparamilitares. Recientes masacres y asesinatos de líderes sociales, comunales y de desmovilizados han venido tiñendo la realidad nacional. Al menos 218 muertos en 55 masacres perpetradas durante lo corrido de 2020, según cifras del Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Entre las víctimas de las matanzas de las últimas semanas hay menores de edad, jóvenes universitarios, indígenas, luchadores sociales, sindicalistas, entre otros.
Pero además de la represión policial hacia la juventud, está el azote sobre los jóvenes por la situación laboral. De acuerdo a estudio sobre precariedad laboral de Cuso Internacional, en el país el 86,1% de las personas que reside en las ciudades de entre 14 y 28 años de edad, de estratos 1 y 2, laboran sin poder ejercer tener sus derechos como trabajadores, ni gozar de los beneficios de un contrato convencional. Hablamos de 3,2 millones de jóvenes que trabajan en precariedad, que como dice un analista del estudio mencionado, esto produce que esa juventud “viva en unas condiciones semejantes a un agujero negro de la pobreza y la exclusión”.
En un artículo para Ideas de Izquierda en noviembre del año pasado, escrito al calor de la rebelión de ese mes, decíamos que “En Colombia, las leyes laborales son de las más neoliberales posibles, de los 6 millones de personas en edad avanzada 4 millones no tienen una pensión ni medios de supervivencia, y una juventud ha crecido literalmente sin futuro, a no ser mano de obra barata para los capitalistas y en la mayor de las precariedades, situación peor es la que se vive en el campo. Todas esas condiciones del capitalismo colombiano se han impuesto a base del terror de Estado, que como es sabido se vale no solo de la represión judicial, policial y militar oficial, sino también de los grupos paramilitares, verdaderos escuadrones de la muerte. Una política en la que se han involucrado a tal nivel la clase dominante y sus partidos, que hasta hace poco una porción enorme del parlamento estaba investigada por sus vínculos con el paramilitarismo.”
Colombia sigue siendo el país de grandes desigualdades en todos los terrenos, en una juventud precarizada y a la que se le niega el futuro, donde los trabajadores permanecen en la miseria producto de leyes laborales que favorecen a los grandes empresarios y a los inversores extranjeros, y sobre todo, en cuanto al acceso a la tierra se refiere.
Estos acontecimientos recientes preanuncian crisis más profundas en una Colombia cuya economía es golpeada por la pandemia y con fuerzas de represión queriendo contener la protesta con asesinatos de por medio. No es casualidad el llamado de desespero a la “reconciliación” como hace la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. “Invité al Presidente para que junto con su gabinete y las familias de la víctimas y heridos nos unamos en esa jornada de perdón al inicio de la mañana”, afirmó la mandataria capitalina. Temen una irrupción mayor que cuestione al régimen de conjunto y que se les haga difícil contener, abriendo crisis superiores.
Pero todo indica que las luchas de los explotados y los oprimidos tienden a ocupar el centro del escenario político. En Colombia hay demandas estructurales económico-sociales muy profundas y es lo que se ha puesto en movimiento con esta juventud en las calles y hoy se plantea desplegar la fuerza social capaz de derrotar a los enemigos de las masas y las fuerzas de represión del Estado al calor de la revuelta. |
