El pasado 9 de setiembre se llevó a cabo en el Shopping de Punta Carretas un operativo por un presunto robo de una barra de chocolate. La brutalidad policial que allí se desató produjo un repudio generalizado. Las consecuencias de la LUC y el envalentonamiento policial.
El brutal accionar policial quedó inmortalizado en varias imágenes y videos caseros que se realizaron, que terminaron por hacerse viral a las pocas horas en varias redes sociales, a lo largo de todo el país.
El operativo
En el operativo en cuestión se presentaron cuatro oficiales. Dos de ellos detienen a la mujer que aparentemente se habría llevado el chocolate sin pagar, un tercero que mira la situación desde el costado, y por último un cuarto oficial que durante todo el proceso mantiene una mano en su arma y amenaza a los peatones que pasaban por allí o simplemente se detenían a mirar.
Luego de que las dos primeras oficiales no lograron levantar a la señora para ponerla en el móvil, el cuarto oficial - aún con una postura amenazadora frente a los transeúntes que circulaban de forma completamente pacífica – toma a la mujer de la pierna y comienza a tironearla como si fuera un objeto inanimado.
Frente a esta demostración inhumana de fuerza opresiva, las personas que están alrededor mirando el hecho comienzan a grabar con sus teléfonos. Vemos entonces como un hombre intenta defender a la mujer detenida que estaba siendo arrastrada por el piso en manos de un efectivo varón, cuando el cuarto oficial - sin aviso alguno - arremete contra este señor, dándole un golpe con el puño. Frente a esta agresión sin provocación el hombre se retira un poco, y el policía continúa acosando al civil desarmado, hasta el punto en que el tercer policía tiene que intervenir para sacar a su propio colega a causa de su actuar violento.
El estallido en las redes sociales fue inmediato. Los videos de diferentes ángulos fueron compartidos por miles, y rápidamente el repudio de la población fue unánime.
El encubrimiento
Como era de esperarse al momento de declarar, los responsables a cargo de estas fuerzas opresivas no hacen más que excusar el accionar represivo y de violación de los derechos ciudadanos más básicos de los uruguayos.
El primero en respaldar el abusivo accionar del policía no es otro que el hoy Jefe de la Policía de Montevideo Erode Ruiz, responsable de la “Masacre del Filtro”, o “masacre de Jacinto Vera”; hechos por los cuales hasta el día de hoy sigue impune.
Este hombre, negando la gravedad del accionar en Punta Carretas dice que “la señora se resistió al arresto”, que "el procedimiento fue hecho dentro de todos los marcos legales que existen", y “se metió una tercera persona en un hecho que era muy claro que no había agresión por parte de la Policía”; por lo que según él, cualquier policía tiene el derecho de agredir físicamente a cuanto peatón tenga alrededor, siempre y cuando la persona a la que fueron a detener no cumpla con el procedimiento como ellos lo esperan.
No es necesario pensar demasiado en el asunto para ver lo completamente alarmante y absolutamente fascista de esta postura, en la que plantea una inmunidad total para los oficiales siempre y cuando estén utilizando el uniforme.
El segundo en respaldar los hechos brutales que sucedieron este miércoles en pleno Punta Carretas fue el ministro del Interior Jorge Larrañaga, que apoyándose en la nueva LUC, no solo pretende defender al policía que amenaza con su arma y ataca a los vecinos, sino que también plantea llevar un accionar judicial contra quién defendió a la víctima en cuestión. “Vamos a denunciar a todos ellos que obstaculicen los procedimientos policiales” advirtió el Ministro a Radio Monte Carlo.
Esto no hace más que dejar en evidencia el claro enfoque represivo de la LUC, que ha envuelto a las fuerzas policiales de un manto de absoluta inmunidad legal, bajo el cual pueden hacer prácticamente lo que quieran, incluso siendo filmados, y ser completamente inimputables.
Por otra parte, este conjunto de leyes también le roba a los ciudadanos varios de sus derechos humanos elementales, como el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la protesta, bajo el eslogan de criminalizar a todo aquel que no se ajuste a sus posturas políticas y sociales. Esto es, una profundización de una persecución política e ideológica contra el pueblo, y ya ni siquiera se molestan en esconder sus métodos en estos procesos.
La defensa corporativa
Y el accionar represivo también es respaldado por el Sindicato Policial (SIFPOM Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo), Sindicato que integra el PIT-CNT y que en los últimos años no solo respaldó la represión policial, también judicializó a quienes lo cuestionaban.
En declaraciones a Montevideo Portal, su abogado Andrés Ojeda - suplente de Laura Raffo por la coalición de derecha a la Intendencia de Montevideo - sostuvo que esta organización va a iniciar una acción judicial contra la persona que le puso el cuerpo e impidió que una persona sea arrastrada a la fuerza. "El policía que se ve en el video está formulando una denuncia contra esa persona. Esa denuncia la vamos a patrocinar nosotros, porque entendemos que es por lo menos una figura de desacato, entre otras. Él intenta evitar deliberadamente un arresto. Amenaza también, porque le dice cosas".
La presidenta del SIFPOM, Patricia Rodríguez, que en 2018 fuera propuesta para integrar el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT - sostuvo mediante declaraciones en su twitter: “Una detención de alguien en desacato, ciudadanos interfiriendo con el procedimiento, increpando a los funcionarios y no dejando llevar a cabo su rol como auxiliares de la justicia. ¿Qué se hace? Se libera a la detenida por orden de la gente, o se procede y la justicia dispondrá”.
Fuera la policía de nuestra Central Sindical
En 2019 a raíz de la represión contra los manifestantes que luchaban contra la injerencia de UPM en la educación pública, el sindicato policial SIFPOM defendió que los policías respondan con palos, balazos de goma, y atormentaran a las y los detenidos. El Sindicato de Artes Gráficas solicitó en aquel momento, la expulsión del SIFPOM y la Mesa Representativa resolvió negativamente.
¿Qué están esperando para expulsar de una organización de clase a los defensores de la impunidad y de la represión contra la pobreza y la protesta?
No es menor el hecho que origina toda esta situación, como mencionamos previamente, y es que con tantos videos circulando en las redes, una cosa ha quedado absolutamente clara: para los “agentes del orden” una barra de chocolate vale más que la integridad física de las personas; y esto es defendido por las autoridades del Ministerio del Interior y por el sindicato policial que forma parte del PIT-CNT, y es respondido con la amenaza de judicializar la respuesta solidaria contra el “no te metas” que impuso la dictadura.
