Este 14 y 18 de septiembre se realizarán foros para “enriquecer la iniciativa” entre la CES, la SEP, rectores de universidades estatales, representantes del CENEVAL, del SNTE, directivos de telesecundarias, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); sectores que de diferentes maneras se han hecho parte del avance de los ataques a la educación pública.
Con esta ley, que debe ser discutida en ambas cámaras, se pretende “establecer un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual de los servicios de educación”. Pero la misma propuesta de ley dice que será constitucional que el mínimo del presupuesto destinado a educación superior sea de un 1%, lo cual es más que insuficiente para garantizar la obligatoriedad de la educación superior.
Además, el subsecretario de educación, declaró que “el anteproyecto de Ley General de Educación Superior a nivel nacional contempla darle mayores responsabilidades a las instituciones”, con la supuesta intención de garantizar la autonomía de las universidades públicas estatales, pero en el marco de la crisis de al menos 11 universidades estatales por la falta de presupuesto, la negativa del gobierno a salvarlas y los enormes desvíos de dinero por parte de los rectores, más bien parece una iniciativa hecha para legalizar la despreocupación del gobierno por la quiebra de las universidades.
Tan sólo un día antes de que este anteproyecto de ley fuera presentado, el gobierno federal presentó ante el Senado el Proyecto Presupuestal de Egresos, mismo en el que programas educativos recibieron grandes recortes como es el caso de las Escuelas de Tiempo Completo, la Expansión de Oferta en Educación Media Superior, el programa de Fortalecimiento a la excelencia educativa y las Escuelas Normales que fueron las más golpeadas con un recorte del 95.3 % del presupuesto en comparación con el periodo anterior.
Esto se suma al decreto presidencial que en abril fue declarado como producto de la política de austeridad republicana, mediante el cual todos los órganos desconcentrados del gobierno vieron sus presupuestos reducidos en un 75 %, órganos que incluyen al conjunto de instituciones de educación media superior.
Cualquier proyecto de ley para la educación superior que no contemple un aumento presupuestal de emergencia de por lo menos el 10% para la educación en general, será completamente impotente para resolver de fondo la enorme crisis por la que está atravesando el sector y que recae no sobre los hombros de los altos funcionarios que votan en las cámaras a puerta cerrada ni de los rectores que han protagonizado millonarios desvíos de fondos.
Somos los trabajadores y docentes que pasan meses sin percibir ingresos, los profesores que tienen que arreglárselas para llevar a cabo sus clases frente a los desafíos que implica la imposición de clases en línea siendo que muchos de ellos no cuentan con recursos, y los millones de estudiantes que se han visto obligados a abandonar sus estudios por las mismas clases en línea o por los incrementos de cobro de cuotas; los que resienten los recortes presupuestales y las políticas que pretenden avanzar con la elitización de la educación superior.
Se requiere un enorme cinismo para afirmar que una ley como esta garantizará el derecho a la educación, apelando a los apoyos económicos y becas mientras se avanza en desmantelar el sector educativo por la vía de dejarlo con un presupuesto raquítico frente a la crisis económica que está vaciando los bolsillos de la clase trabajadora.
Una verdadera educación pública y gratuita, a la que pueda acceder el conjunto del pueblo pobre y trabajador y que esté puesta al servicio del mismo, sólo vendrá de la organización de estudiantes, profesores y trabajadores, que exijan a las centrales sindicales democráticas un plan de lucha nacional para enfrentar los ataques a la educación.
La Asamblea Nacional de la Juventud Anticapitalista y la Asamblea Nacional de docentes y Trabajadores de la Educación, ambos espacios que forman parte del Movimiento Nacional Contra la Precarización y los Despidos, son un primer paso que apunta en este sentido, e invitamos a los sectores que le dan vida a las instituciones educativas a sumarse a estos espacios. | 
