El viernes pasado los sindicatos CCOO, UGT y CSIF hicieron públicos tres comunicados en los cuales expresaban sus desacuerdos con las propuestas del Ministerio de Universidades. Tras una reunión para tratar el anteproyecto de Ley para modificar la ley orgánica de Universidades, una reforma que según el gobierno del PSOE y Unidas Podemos busca “acabar con la precariedad en el profesorado universitario”, estas organizaciones mostraban su rechazo al borrador presentado. Los sindicatos denuncian que las medidas no atajarían este problema y que tan solo aumentan la inseguridad laboral del profesorado. Presentan diferentes quejas y análisis del anteproyecto, aunque mantienen una serie de críticas comunes como que no resuelve la precariedad ni ayuda a los colectivos en peores circunstancias como el de los profesores asociados.
Aunque en cada comunicado las distintas organizaciones difieren en parte entre sí, es patente su rechazo a las medidas de Castells. Denuncian que, de aplicarse las propuestas del ministro, la temporalidad se mantendría en al menos el 40% del personal PDI. CCOO calcula que incluso sería más, ya que del cálculo se estaría excluyendo a un 16,5% de profesores contratados que constituyen los Profesores asociados de Ciencias de la Salud. Se observa que el borrador parece más centrado en colocar a la Universidad al servicio del capital y las necesidades del mercado que en corregir los problemas del profesorado universitario. Esto se debería a que, según UGT, el Ministerio afirma que primero debe transformarse la Ley de Universidades antes de abordar el Estatuto de PDI, la medida estrella prometida por Castells para acabar con la precariedad en los docentes y eliminar la nefasta situación de la carrera académica.
Una de las ideas centrales que preocupa a los sindicatos es la propuesta de crear la figura de profesores Titulares y Catedráticos no funcionarios, sino personal laboral. Una idea que CISF rechaza abiertamente, aludiendo a que en otros sistemas universitarios de prestigio estas figuras mantienen un estatus de funcionario, dándole mayor estabilidad a su posición. En general, los sindicatos ven con preocupación la disminución de personal y su envejecimiento (una media de 50 años que sube a 55 si contamos tan solo a profesores funcionarios) a la vez que no se soluciona la entrada de jóvenes investigadores a los puestos de trabajo.
Otro de los puntos críticos es que el Ministerio no ha lanzado medidas de apoyo al profesorado asociado (el 34,1% del profesorado) y el colectivo más precario de los docentes universitarios. Una figura que desde hace años es utilizada de forma fraudulenta por las universidades para mantener trabajadores en peores condiciones laborales y cubrir huecos en los departamentos.
Por último, podemos sumar la falta de financiación a los problemas de la universidad, así como actualmente de recursos para afrontar la crisis del Covid-19 y la enseñanza online. Temas a los que el ministro no ha aportado, prefiriendo jugar al escondite durante meses.
Poco ruido y pocas nueces
A pesar de su rechazo al plan de Castells y la denuncia de la situación de inseguridad y precarización que viven los docentes e investigadores universitarios, expresado con la publicación formal de tres comunicados, los sindicatos no plantean ningún plan de lucha ni medida alguna para enfrentarla.
En los comunicados tan solo se menciona el deseo de seguir manteniendo reuniones e incluso en el de UGT se habla en un tono amistoso de diversas modificaciones que habrían logrado introducir, sin que supongan mucha diferencia con el proyecto original del Ministerio. UGT transmite en su texto la idea de que se podría concertar tranquilamente con el señor Castells una salida favorable a ambas partes. CCOO, aunque más brusca en su denuncia de la mercantilización de la Universidad, tampoco plantea otra postura que la de colocar un pliego de reivindicaciones en su comunicado sin indicar qué acción pretenden tomar para que el ministro los escuche. Parecen conformarse con indicarle al señor Castells que debe realizar un nuevo plan más moderno que incluya sus puntos.
Implícita o explícitamente (en el caso de UGT), los sindicatos parecen admitir que la concertación social sigue siendo la única estratégica para afrontar los futuros recortes por parte del gobierno PSOE-UP. Un plan que no ha dado ninguna alegría a las trabajadoras en todos los conflictos en los que se ha aplicado pero que sí ha beneficiado a las burocracias sindicales que conforman las cúpulas de estas organizaciones en la actualidad.
Se avecina una batalla en la que, en caso de confiar en estas direcciones burocráticas, los docentes más precarios combatirán con una no-dirección. Hay que exigir a los sindicatos un plan de lucha para impedir que prospere la propuesta elitizadora y precarizadora del ministro Castells. Y al mismo tiempo, es necesario impulsar desde ahora la autoorganización desde abajo, buscando la unidad con la mayoría de los estudiantes y trabajadores no docentes para enfrentar las contrarreformas que buscan agravar sus condiciones presentes y futuras.
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