La Contraloría General de la República de Chile anunció la semana pasada que formulará cargos contra siete generales de Carabineros, por la responsabilidad administrativa en los procedimientos llevados a cabo por la institución desde el inicio de la rebelión popular el 18 de octubre del año pasado.
Tras el anuncio el Director General de Carabineros, Mario Rozas, llamó a una reunión, la cual se realizó durante la mañana del viernes, en donde participaron 40 Carabineros pertenecientes a los Altos Mandos, de la institución. El objetivo era alinear a las fuerzas represivas y que el Gobierno salga abiertamente en su defensa en contra de los cargos de la Contraloría.
La respuesta oficial no tardó en llegar. Este martes e ministro del Interior, Víctor Pérez, insistió en la protección del Gobierno al terrorismo y los crímenes de la policía, expresando su confianza en que los cargos presentados por la Contraloría serán “desvirtuados”. Mientras que Rozas agradeció el apoyo incondicional del Gobierno, pese a la extensa lista de delitos cometidos por la institución de Carabineros.
La defensa de los generales, cuestionados por la brutalidad policial durante la revuelta, calificó de "ilegal" la presentación de cargos por parte de la Contraloría y pidió suspender el proceso, según consignó este martes el diario El Mercurio.
El titular de Interior indicó que "estamos seguros que los cargos que hagan llegar la Contraloría van a ser desvirtuados. No vamos a entrar a opinar sobre las defensas de cada uno de los señores generales, sino que respaldarlos en ello, porque cada uno de sus abogados tendrá una determinada estrategia, una determinada manera de abordar eso, otros podrán tener otra".
"Aquí lo importante, a nuestro juicio por parte del Gobierno, es que no se puede debilitar la acción de Carabineros en momentos tan sensibles como los que estamos viviendo en pandemia o saliendo de un estallido social, algunos dicen que se podría entrar a otro", acotó el ministro, dejando en claro el objetivo de la defensa cerrada a la institución represiva.
Así, el Gobierno vuelve a blindar a Carabineros, mientras cientos de mutilados oculares exigen justicia, y más de 2000 presos políticos de la rebelión han sido privados de libertad sólo por ejercer su derecho legítimo a manifestarse, recibiendo perdigones y gases lacrimógenos.
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