El cuestionado proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Prohíbe que puedan acceder a beneficios sociales y planes del Instituto provincial de la vivienda, también solicita penas.
El proyecto fue presentado hace poco más de diez días y hoy obtuvo media sanción en la cámara baja. El autor es el diputado Jorge Difonso, del bloque Frente Renovador- Unidad Popular(interbloque Cambia Mendoza), ex intendente de San Carlos. Legisladores de la oposición denuncian que es un intento de criminalizar un problema social.
En su artículo primero, el proyecto establece que a las familias que ocupen tierras para vivir debe aplicárseles “ las penalidades que establece el Código Penal para este tipo de delito, no podrán ser beneficiarios de Planes sociales otorgados por el Gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto”, y en su artículo segundo “tampoco podrán ser beneficiarios de otorgamiento de beneficios sociales emanados del Instituto Provincial de la Vivienda de nuestra provincia, bajo todo concepto”.
Según el diputado Mauricio Torres del Frente Renovador- Unidad Popular, el proyecto surge “a raíz de la ola de usurpaciones en provincia de Buenos Aires y en sur del país”, aunque en Mendoza “también han habido intentos que no se han llegado a completar”.
Curiosamente, Difonso autor de la iniciativa, contradijo a su compañero de bancada al plantear que quien manifiesta esto “no está viendo lo que ocurre” y que “últimamente hay una nueva ola coordinada por sectores políticos e inmobiliarios”. Se sumaron a la defensa del proyecto los diputados de la UCR, el PRO y el Frente Renovador.
Entre las principales voces opositoras estuvo Mailé Rodríguez, diputada del Frente de Izquierda, para quien “una ley como esta en esta situación merece el más extenso rechazo porque en lugar de proponer soluciones habitacionales, que resuelvan la dura situación que viven miles y miles de familias, lo que proponen son medidas penales, atacando los beneficios sociales” y recriminó al Frente Renovador, “no hay ningún proyecto por parte del bloque que diga que el 10% de la superficie de nuestra provincia ha sido vendida a extranjeros. Llegando al 5% en el Valle de Uco, donde el 80% de esas tierras han sido vendidas para la especulación inmobiliaria ¿De qué lado está la política cuando se trata de resolver los problemas de las grandes mayorías populares?".
#Mendoza el oficialismo quiere sacar una ley para sancionar a quienes "usurpen" terrenos atento a lo que ocurre en pcia de Bs As. Parece que el concepto Massa y la doctrina Berni se están colando en nuestra provincia. La vivienda digna es un derecho elemental (HILO)
El déficit habitacional es un problema grave en Mendoza: se estima que son 70.000 las casas que faltan. Pero ese número podría alcanzar los 130.000 si se cuentan las casas que necesitan mejoras habitacionales ante el hacinamiento, según declaró el año pasado Miguel Astorga, ex titular de la Cámara de Corredores Inmobiliarios.
Sin embargo, desde el Estado provincial se han construido 36.227 casas en los últimos 19 años. Es decir, un promedio de menos de 2.000 casas por año, lo que hace imposible dar respuesta al déficit que viven miles de familias en la provincia.
En Mendoza hay 247 barrios populares en los que se estima viven más de 50.000 personas. Según datos del ReNaBaP, el promedio de habitantes por casa supera a las tres personas y el 91,09 % de los habitantes de esos barrios no tienen acceso formal al agua potable; mientras que el 99,11 % no tiene cloacas.
